Otra audiencia en el Senado con críticas a la reforma judicial: los expositores sembraron dudas respecto del sistema acusatorio

La mayoría de los expositores que participaron del tercer plenario de senadores que debate la reforma judicial plantearon diferencias y modificaciones al proyecto del presidente Alberto Fernández, incluso los que fueron propuestos por el oficialismo como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; la abogada del CELS, Paula Litvachky y la Defensora Pública Stella Maris Martínez. Pero también hubo alguna coincidencia de expositores propuestos por los senadores de Juntos por el Cambio que participaron de la audiencia convocada por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Legislación Penal, a pesar de que la mesa de esa alianza definió el lunes no participar del debate en el Congreso.

De las diez intervenciones (siete de invitados por el oficialismo) hubo varias que apuntaron que la reforma se contradice con el sistema acusatorio que impulsó como presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que por decreto suspendió su sucesor, Mauricio Macri. Les respondió la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos y de la Bicameral de aplicación del Código Procesal Penal, Anabel Fernández Sagasti: “Esta reforma va de la mano de la aplicación del Código”, aseguró e invitó a quien tuviera dudas a participar de las reuniones.

Abrió la audiencia la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien sostuvo que “la reforma al sistema federal debe hacerse, es muy necesaria y muy urgente” pero describió “algunos problemas” de la ley. “Se crea una cantidad muy grande de juzgados (46) y fiscalías y nada más que 14 defensoría”. Y apuntó como “bueno y positivo” los concursos porque “quizás se resuelva la paridad de género”.

Respecto a las provincias, la expositora propuesta por el bloque del Frente de Todos enumeró que en la Justicia Federal del Interior se crearán 94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías. “Esta desproporción el sistema acusatorio no la va a tolerar”. Y pidió “volver a mirar el mapa para no dividir en los lugares donde no es necesario; reforzar más lo penal en juzgados como el de Orán; y reforzar más las fiscalías”. Como ejemplo citó que Bariloche tiene la misma carga de causas que Rosario pero el proyecto crea un juzgado en Viedma, a 825 kilómetros de distancia. También subrayó que en Buenos Aires sólo se crea un cargo de defensor en La Plata.

Tras las preguntas de senadores de la oposición, como Silvia Elías de Pérez y Luis Naidenoff, y del oficialista Mario Pais, Martínez evaluó que “la Justicia no funciona, no se tratan todos los casos”. Y sobre el presupuesto que requerirá la reforma habló de necesidades edilicias y mejora e incremento en infraestructura informática. Prometió además enviar los costos calculados para instrumentar la reforma para el área de la Defensoría pero aclaró: “Si va a mejorar la Justicia es una inversión que debe ser hecha”.

Coincidió con ella sobre el sistema acusatorio el fiscal federal Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación, uno de los tres invitados por la oposición. “Este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal que los fiscales impulsamos, la instauración definitiva del sistema acusatorio, porque la esencia de este sistema es la división de roles entre jueces y fiscales”, comentó. Como dijeron otros expositores en la audiencia anterior, advirtió que “no se desprende un análisis cualitativo y cuantitativo que permita determinar si la cantidad de fiscalías asignadas son correctas conforme a la densidad demográfica o el flujo de casos”.

La senadora jujeña Silvia Giacoppo (Juntos por el Cambio) le pidió su opinión sobre la cláusula según la cual no podrán ser inscriptos los magistrados que hayan expresado de forma expresa su consentimiento para ser transferidos al Poder Judicial de la CABA. “Es completamente discriminatoria”, respondió y solicitó a los senadores revisarla.

En ese momento se generó el primer roce. La vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado (PRO), preguntó al fiscal Rívolo si cambiar los dos tercios requeridos para designar al Procurador General influiría en su independencia. Antes de darle la palabra al fiscal Sacnun pidió consultar a los especialistas sobre el texto del proyecto de reforma judicial que no incluye esa cuestión. De todos modos avisó: “Voy a aceptar la pregunta”. “Gracias, lo tengo en cuenta”, casi se disculpó la senadora cordobesa mientras pedía la palabra Martín Doñate, presidente de la Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público Fiscal. El rionegrino reprochó que el planteo estaba fuera de temario y metía una cuña en la oposición: “Tendrían que verlo internamente porque hace dos años presentaron proyectos en ese sentido”, remarcó sobre iniciativa de Federico Pinedo y Miguel Angel Pichetto. Al retomar la palabra Rívolo respondió: “Esa cláusula no se tiene que modificar bajo ningún punto de vista”.

Más tarde el senador Estaban Bullrich solicitó que no se restrinjan las preguntas. Sacnun coincidió, pidió que los senadores “nos autolimitemos a preguntar sobre el proyecto de ley” en función de la cantidad de expositores y el tiempo abreviado con que cuenta cada uno: siete minutos para exponer y diez entre preguntas de los senadores y sus respuestas. “No voy a obturarle la palabra a ningún senador”, prometió de todos modos Sacnun desde Santa Fe.

En tercer lugar expuso Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside Horacio Verbitsky, muy cercano a Cristina y a Máximo Kirchner. Aún propuesta por el oficialismo, fue crítica: “Hay que trabajar sobre una modificación de la lógica del funcionamiento del fuero penal del país y nos parece que este proyecto se queda en una lógica de creación de juzgados y fiscalías que implica una mirada contraria a la base del sistema acusatorio”.

En nombre del CELS Litvachky aclaró que “las objeciones a este proyecto no tienen que ver con la idea de que se sostenga todo como está, la Justicia federal funciona muy mal. Sí nos parece necesaria una mirada distinta a la reforma, para ver cómo hacer llegar lo antes posible el sistema acusatorio”. Enumeró “detenciones arbitrarias”, “expedientes que no se conocen”, “acuerdos entre jueces y fiscales”, “el uso del arrepentido y “testigos de identidad reservada de manera corriente” como aspectos sobre los que no avanza el proyecto de reforma. “Seguimos atados al viejo régimen”, se quejó y también mostró su preocupación sobre qué ocurrirá con las causas de Lesa Humanidad cuando se quitan especializaciones. Sin nombrarla, hizo referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los planteos opositores: “No entendemos que se esté planteando la impunidad de nadie”.

El cuarto expositor fue Alejandro Fargosi, ex integrante del Consejo de la Magistratura por el Colegio de Abogados. Elogió las preguntas de la oposición y cuestionó la unificación de fueros. “El problema no es la cantidad de jueces, el problema es la calidad de jueces” manifestó. “Si el fundamento de la reforma es el letargo y la politización de la justicia federal, lo que hay que hacer no es nombrar más jueces, sino juzgar y remover a los responsables según lo que dicta la ley”, cerró.

Fargosi, uno de los más críticos que llevó Juntos por el Cambio, apuntó a las subrogancias propuestas por el Ejecutivo para los nuevos juzgados a crear, hasta que los nuevos sean designados por concurso. “No puede haber jueces subrogantes donde no hubo un juez titular, va a hacer cuestionable la legalidad de todo el proceso”, planteó y mencionó que hay 291 vacantes de los 968 jueces federales y que 153 ternas están “hace siete meses para se tratados por el Poder Ejecutivo”.

El senador Oscar Parrilli (FdT), presidente de la comisión de Justicia, pidió la palabra y habló de un plan sistemático para “amedrentar” al Poder Judicial durante la gestión macrista y preguntó a Fargosi si leyó la denuncia del relator de la ONU al respecto e inició otro roce.

-Senadora, ley pareja para todos, reprochó Rodríguez Machado desde Córdoba.

Sacnun terció y dijo que así como aceptó su pregunta sobre los dos tercios debía aceptar la de Parrilli.

-Lo leí, me llamó la atención la fecha de corte porque yo mismo fui blanco de amenazas entre el año 2010 y 2014, no entendí por qué el corte, retrucó Fargosi sobre sus tiempos como consejero durante el gobierno de CFK.

-¿Hizo la denuncia?, inquirió Parrilli

-No tenían ningún sentido, fueron situaciones en las que carecia de pruebas, continuó el abogado.

Ante el rumor de voces, Sacnun intervino: “Senador no estamos permitiendo preguntas”.

La interrumpió Naidenoff: “Quizás alguna preguntar no se refiera al articulado y sea subjetiva pero pido no limitar y tener tolerancia, no me parece mal ni la pregunta de Parrilli ni la de Rodríguez Machado”, se mostró contemplativo el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio. “Coincido, no voy a obturar la palabra a ningún senador, sólo pedí que nos autolimitemos”, repitió Sacnun que fue bastante estricta con el horario antes de volver a darle la palabra al neuquino a quién unos minutos después le respondía Bullrich recordándole el descargo del Gobierno de Cambiemos ante la ONU. A diferencia de otras reuniones, primaron los buenos modales.

También hubo planteos sobre la cuestión de género. Expuso en defensa del proyecto la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. “Los procesos de selección de las autoridades están fuertemente sesgados en cuestión de género, no permiten el igual acceso a los cargos y esto se ve reflejado en las sentencias que desconocen derechos fundamentales de las mujeres y de las diversidades”, inició su alocución. Además citó el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA, de mayo de 2019 según el cual nueve de cada diez ciudadanas y ciudadanos afirman que la mayoría de los jueces no son imparciales. “Hay una credibilidad muy escasa que llega al 7% de la población argentina”, justificó la necesidad de la reforma.

Al presentarse Andrés Gil Domínguez, constitucionalista que integra el consejo asesor que conformó el presidente Alberto Fernández, elogió y cuestionó algún aspecto del proyecto. “La unificación de los fueros criminal y correccional en lo penal y económico con asiento en CABA y la creación de fiscalías y defensorías es positivo porque es una alternativa constitucional racional a una demanda de la sociedad” remarcó y también apoyó la autonomía plena del poder judicial de la Ciudad. De todos modos mostró como un punto negativo “el eximio plazo de 30 días de implementación de la coordinación efectiva en la unificación de ambos fueros. Habría que buscar un plazo que sea razonable para esta unificación”.

Gil Domínguez criticó una propuesta que Parrilli hizo la semana pasada durante la exposición de la ministra de Justicia Marcela Losardo. “Considero potencialmente negativo el intento de incluir la facultad de los jueces de denunciar a los poderes mediáticos porque esto es contrario a la libertad de expresión en nuestra Constitución”, planteó. Y Parrilli, que reiteró varias veces el uso político de la Justicia y de los medios, lo cruzó de manera insistente: “¿Avala o esta en contra de que haya periodistas denostando e incitando a la ciudadanía a escraches?”. Gil Domínguez citó la Convención sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica y recordó que el honor y las responsabilidades civiles están resguardados por la ley pero opinó en contra de “la censura posterior o previa”.

El abogado Jorge Rizzo por su parte, que también se describió como víctima de presiones en la anterior gestión, apoyó gran parte del proyecto de reforma pero alertó que “por buena que sea la reforma si quien es su ejecutor tiene falta de criterio, valor y cualquier otra característica la reforma va a fracasar”. En su caso tuvo un cruce con Rodríguez Machado quien le pidió precisiones sobre su opinión respecto al fallo de la Corte que limita las subrogancias. “El fallo es para personas que no eran jueces”, explicó Rizzo y respondió que “si se cumplen los tres pasos que determina la Constitución se puede subrogar, siempre y cuando medie el acuerdo del Senado” en referencia a que los subrogantes de los juzgados a crear que se elegirían entre jueces aprobados y por un año.

Muy enfáticas se oyó a dos mujeres fiscales. Una de ellas fue Gabriela Baigún, fiscal federal de Comodoro Py que un año atrás planteó que “la libertad bajo el proceso no es igual a impunidad” y dictaminó a favor de la excarcelación de Carlos Zannini y Luis D’Elía. “Sería bueno que debatan por qué esta Justicia federal tiene más poder que todos los poderes políticos que hace años pretenden reformarla”, propuso. Mónica Curraño, fiscal de la Fiscalía Criminal y Correccional, avaló: “La propuesta del Presidente de la Nación es imprescindible”.

Después de presentar sus argumentos Baigún alzó la voz para pedir que se designe un Procurador Nacional. “No puede ser que no haya un procurador que les de confianza a todos”, recriminó la falta de acuerdo en el Senado en esta y en la anterior gestión para designar al jefe de los fiscales. Al despedirse, exclamó: “¡Por favor reformen la Justicia!”. Y Curraño se despidió también con un pedido: “Les deseo que tengan mucha fuerza para reformar la Justicia. Como ciudadana les pido que pasen a la historia como los senadores que fueron capaces de avanzar en una reforma, perfectible, pero por favor, avancen”. En cambio el abogado Fernando Díaz Cantón, presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), advirtió sobre un futuro “superComodoroPy”, descripción que agradó a los senadores de la oposición.