Este martes el dirigente social Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), afirmó que “hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar” porque “la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”.
El gobierno nacional lo cruzó rápidamente. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, aseguró que “lo que está sucediendo respecto de las tomas, en muchos casos, tiene que ver con situaciones más delictivas”.
La ministra sostuvo que “no cabe ninguna duda de que existe necesidad” en mucha gente que no tiene lugar donde vivir o vive en lugares muy pequeños, y reconoció que en el último tiempo “ha habido tomas”.
“Cada vez que esto sucede en alguna provincia aconsejamos que busquen una salida consensuada”, indicó Bielsa, al tiempo que reconoció que las tomas de tierras también se han producido en Santa Fe, su provincia natal, donde hubo “ocupaciones que fueron como consecuencia del hacinamiento” y no estuvieron “vinculadas a situaciones delictivas”.
La funcionaria del gobierno nacional dijo que desde la Casa Rosada apoyan “el financiamiento de programas que vengan a resolver el crecimiento vegetativo de la población”. En tanto, sostuvo que “los episodios del conurbano bonaerense tienen otra matriz”.
En diálogo con Infobae, Bielsa advirtió que el cuestionamiento no fue para Grabois a quien considera “una persona valiosa” y que “no conocía sus declaraciones” en el momento en que se expresó sobre la toma de tierras.
Más temprano Grabois había aclarado que la ocupación ilegal de terrenos no solo se produce en el conurbano bonaerense sino también en el interior del país. “Hay tomas de tierra en todos lados. En la provincia de Buenos Aires hay cualquier cantidad. También en Chaco y Corrientes, y se va a profundizar”, admitió.
En ese sentido, convocó al Estado a ocuparse de esta situación y hasta sugirió una solución al respecto: “Es más inteligente lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y darle a la gente para que se haga su casa”.
La propuesta de Grabois, a la que definió como el “Plan Marshall criollo, para poblar y dar trabajo”, va en sintonía con los dichos del titular del Sindicato de Mecánicos y Afines de la Industria Automotriz (SMATA), Ricardo Pignanelli.
“Ricardo Pignanelli dice que hay muchas industrias que buscan relocalizarse a nuevos emplazamientos porque el COVID les muestra que estar todas metidas en los cinturones urbanos tiene sus problemas”, dijo Grabois.
En esa línea, agregó: “Hay que crear nuevos parques industriales para crear nuevos pueblos y nuevas ciudades. Eso es un proyecto de país. Nuestros objetivos son: levantar el nivel de debate y plantear el trabajo mínimo garantizado”.
Por otra parte, diputados de Juntos por el Cambio presentaron en el Congreso un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas para las personas que usurpen propiedades y terrenos privados y públicos.
Se trata de una iniciativa de la legisladora Adriana Cáceres. El proyecto propone que la pena de prisión para el delito de usurpación pasaría de la actual escala punitiva, que va de seis meses a tres años, a una que contemple un mínimo de un año de cárcel y un máximo de seis.
La pena aplicable sería de entre dos y ocho años de prisión si la usurpación “tiene por objeto inmuebles cuya posesión, tenencia o derecho real, sea ejercido por el Estado nacional”, según se desprende del proyecto.
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