La crítica de uno de los principales expertos en derecho penal a la reforma de Comodoro Py: “Nació vieja, atrasa, es antigua”

Marcos Salt tiene 57 años, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se doctoró en la Universidad Nacional de Córdoba. Lo suyo es el derecho penal. Conocido en la academia y en los tribunales. En la Argentina y en el exterior. Es una palabra autorizada para opinar en tiempos de la reforma judicial del gobierno de Alberto Fernández cuyo objetivo principal es diluir el poder de los jueces federales de Comodoro Py.

La propuesta del Gobierno es fusionar los 12 juzgados federales con los 11 juzgados en lo Penal Económico. Y esos 23 juzgados duplicarlos. Los juzgados actuales seguirán con las juezas y jueces que los ocupan. Y los 23 nuevos se llenarán con jueces sobrogantes provenientes del fuero de Instrucción de la Capital. Esas subrogancias durarán hasta un año y medio.

Salt fue socio en el estudio jurídico de Julio Maier, el penalista recientemente fallecido considerado uno de los maestros del derecho penal en la Argentina. E integró la cátedra Maier en la Facultad de Derecho de la UBA. Acompañó a Maier en la comisión de reforma integral del sistema procesal penal a partir de 1986.

Fue uno de los fundadores en 1989 junto a David “Tute” Baigún del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), una de las ONGs más prestigiosas en el área del derecho penal en Argentina y en América Latina.

También fue consultado por el actual secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz. Aquel asesoramiento de Salt fue en 2004 cuando Beliz era ministro de Justicia y propuso licuar el poder de los jueces de Comodoro Py al fusionarlos con los de Instrucción. Falló en su intento. Néstor Kirchner eligió la no reforma que le propuso Antonio “Jaime” Stiuso, encargado de la inteligencia entre 2003 y 2014. Y también a cargo del control de daño de las causas de corrupción que se iniciaban en Comodoro Py. Luego de aquel fracaso, Beliz tuvo que irse del país y afrontar un juicio que le hizo Stiuso.

Salt también formó parte del grupo de penalistas que reunió Alejandro Slokar mientras era subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Nestor kirchner Aquello no se cristalizó como una propuesta de reforma normativa procesal. Hoy Slokar, otro reconocido académico de derecho penal, es juez de la Cámara Federal de Casación y no fue consultado por la actual reforma.

Salt también acompañó a Alberto Beraldi en el proyecto de reforma de 2007 que nunca se concretó. El abogado de Cristina Fernández de Kirchner e integrante del Consejo Asesor creado por el presidente Alberto Fernández para lo que resta de la reforma había convocado a gente de todos los sectores para implementar el sistema acusatorio.

Colaboró en proyectos de reforma durante el efímero gobierno de Fernando de la Rúa. Y fue asesor de Germán Garavano, ministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri, en el área de ciberdelitos.

Es decir que Salt fue parte de todos y cada uno de los intentos fallidos de reformar la justicia desde 1989 para acá. Como abogado litiga en Comodoro Py y en Inmigrantes donde están los tribunales Penal Económico. Es decir que a sus conocimientos académicos le suma el patear por los pasillos de los dos edificios judiciales de Retiro, entre otros.

Fue uno de los expertos invitados a exponer por la Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales del Senado que analiza el proyecto de reforma destinado a disminuir el poder de las dos juezas y siete jueces que están a cargo de los 12 juzgados de Comodoro Py donde se investigan entre otros los casos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración pública nacional.

Su exposición duró unos pocos minutos. E inclusive se escuchó a un senador hablar por teléfono mientras Salt disertaba. Tuvieron que reconvenirlo y pedirle que mutee su micrófono en Zoom. Cuando se recobró el silencio Salt explicó: “No tengo dudas de que hay que reformar la justicia federal de la Capital porque no funciona bien. No de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Estoy de acuerdo con que se reforme”.

Una vez que Salt se mostró a favor de la necesidad de reformar la justicia federal comenzó con las observaciones. Con una frase muy simple fundó su crítica: “El proyecto nació viejo, atrasa, es antiguo. Si el proyecto se aprueba tal y como se envió al Senado va a ser viejo y caduco”. Salt es un defensor a ultranza del sistema acusatorio que cambia la lógica de las investigaciones. En ese sistema son los fiscales los que conducen las investigaciones y los jueces pasan a ser garantes del proceso.

Salt manifestó su oposición a que la reforma del fuero Penal Federal requiera de un aumento de la cantidad de juzgados: ”Si Comodoro Py no nos da respuesta sobre lo que creemos que debe ser la justicia federal, ¿por qué creemos que sumándole Penal Económico nos va a dar esa respuesta? Si a la justicia Penal Económica la evaluáramos, ¿también concluiríamos que tampoco da la respuestas que espera la sociedad? Si pensamos que tener 12 jueces federales no dio respuestas, ¿por qué poner 46 sin cambiar las estructuras y sin cambiar el sistema sí nos va a dar respuesta a eso?”, dijo ante los senadores.

“La experiencia-agregó Salt- nos dice que todos los proyectos de reforma llevados adelante por el Inecip en Argentina y en toda Latinoamérica, los que desarrolló el Centro Jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) demostraron que ir al sistema acusatorio no es poner un texto normativo o un código procesal, sino que es un movimiento cultural que requiere un enfoque multidisciplinario y requiere de cambios en la organización de los tribunales. Este proyecto ha hecho caso omiso de todos esos aprendizajes. En el proyecto no hay números que justifiquen las decisiones, no hay costos, no hay análisis multidisciplinarios, esto no es un asunto solo de abogados, se requiere del aporte de especialistas de otras áreas”.

El abogado dijo en su intervención que “este proyecto pone el carro delante del caballo”. Salt contó una anécdota de la experiencia que tuvieron cuando trabajaron con el grupo que encabezaban Julio Maier y Alberto Binder: “Hace muchos años fuimos a trabajar a Centroamérica. En aquellos años discutíamos con gente que venía de universidades estadounidenses que sostenía que si no cambiábamos la gente (o sea los operadores judiciales) no se podía cambiar la Justicia. Nosotros, por el contrario, sosteníamos que el cambio de ‘sistema procesal’ iba a cambiar la gente. Ninguno de los dos teníamos razón. Si no cambiábamos el sistema y la gente no íbamos a modificar nada”.

Sus críticas siguieron: “Este proyecto mantiene los sistemas de organización actual, fiscalías, juzgados como compartimentos estancos, no habla de Colegio de Jueces, de oficinas de administración judicial, no genera introducción de la tecnología en la administración de los tribunales. No regula nuevos medios de investigación, no genera equipos por asignación de casos. Mantiene la idea de que una persona investiga y otra lleva la causa a juicio. Todas esas ideas atrasan. Atrasan mucho. Tenemos experiencias en provincias como Río Negro, Neuquén y Chubut y en algunos países de América Latina donde asesoró el Inecip que demuestran que el cambio real viene de la mano de un buen código pero también de un buen sistema de organización. Y la propuesta es mala. El sistema propuesto es malo. Julio Maier en 1989 cuando redactó la ley de organización judicial lo habría desechado porque ya en esa época, se preveían estas cosas modernas”.

A Salt le parece correcto que se transfieran competencias de justicia de Instrucción a la justicia de la CABA. “Estoy de acuerdo con la Transferencia a la Ciudad. Pero no de cualquier forma. Hay que saber cómo. Hay que analizar qué es competencia federal, si no resulta conveniente adecuar los criterios de asignación de competencia federal. Hay cuestiones que hoy se analizan en la justicia de instrucción que probablemente habría que federalizar para una respuesta más eficiente. Por ejemplo, un ataque tecnológico en varias provincias debería ser analizado por la justicia federal y no por la justicia ordinaria de diferentes provincias”, dijo.

Cerca del final de su exposición virtual ante los senadores, Salt señaló: “Esperaba que se hiciera un proceso participativo como el que se hizo en la reforma fallida de 2007 cuando se convocó a gente de todos los sectores y se trabajó con números de presupuestos y con análisis no solo de abogados sino de otras áreas necesarias para un reforma judicial integral”.

Pesimista sobre el futuro de esta reforma si el Congreso no modifica el proyecto del Poder Ejecutivo, Salt cerró su exposición ante los senadores con la siguiente frase: “Las consecuencias de un nuevo proyecto fallido sería grave para la democracia”.

Consultado por Infobae, Salt amplió sus críticas al proyecto: “Si el gobierno lo que quiere es implementar el sistema acusatorio, hay que generar estructuras adecuadas para que se pueda implementar de manera eficiente. Mantener la estructura de juzgados y fiscalías como estructuras estancas es antiguo y no responde a las necesidades de un proceso penal moderno y mucho menos a las necesidades de una justicia que pueda hacer frente a las necesidades de procesar los casos federales complejos. El proyecto no solamente mantiene estas estructuras, encima crean 23 juzgados nuevos. Aumentar ahora la cantidad de jueces, con el personal a cargo, es contradictorio con la idea de ir a hacia el sistema acusatorio moderno. No se necesitan 46 juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires si se apunta a un sistema moderno. Hay que reforzar las fiscalías. No se sabe cómo llegaron a ese número ni hay cifras que lo avalen. Parece más una excusa para los nombramientos que algo decidido a partir de una base científica. Si querés instalar el sistema acusatorio no parece necesario crear juzgados y mucho menos nombrar jueces. Hay que ir rápido al cambio de sistema. El sistema acusatorio implementado en Comodoro Py, con la transparencia de las audiencias en todas las etapas procesales y los controles de plazos procesales estrictos serán un cambio positivo. En el proyecto han empezado al revés. Y han generado la necesidad de nombrar jueces”.

Para el experto de derecho penal el proyecto no habla de las necesidades modernas de organización y nuevas técnicas de investigación: “En los sistemas acusatorios de avanzada no existe más que las fiscalías trabajen como organismos independientes sin una base de política criminal común. En el resto del mundo se trabaja en equipo. Tiene que ser un mismo equipo el que investiga y el que va a un juicio. Hasta ahora no se trabaja en equipo en la justicia federal. Se quiere que la justicia federal sea buena para investigar delitos complejos. Un fiscal hace la instrucción y otro actúa en el juicio oral y público. Eso no se modifica en este proyecto”.

En su exposición ante los senadores se manifestó en contra de las subrogancias. “Si estamos pensando un sistema nuevo y todos estamos en contra del sistema de subrogancias-dijo a Infobae- no se comprende por qué el proyecto plantea que durante un año y medio que es un tiempo muy largo, las causas de la nueva justicia Penal Federal queden exclusivamente en manos de jueces subrogantes. La subrogancia debe ser una excepción y acá se constituye en regla nada menos que para todas las causas que ingresen al sistema federal por un año y medio”.

Salt, como dijo en su exposición ante los senadores, está de acuerdo con el traspaso-previsto por el proyecto- de las competencias de la justicia de Instrucción a la Ciudad de Buenos Aires. En su conversación con Infobae agregó :“Si la idea es transferir las competencias a Ciudad, lo que está bien, habría que trabajar en un proyecto que permita ir utilizando las estructuras de la justicia de Instrucción en la justicia federal. Habría que ir disolviendo esas estructuras progresivamente y utilizar los recursos materiales y humanos para la nueva justicia federal. No nombraría a nadie más en la justicia de Instrucción. Hay camaristas que integran la Cámara del Crimen por qué no los trasladan como camaristas federales?. Obviamente hay que dotar a la justicia de CABA de los recursos para asumir las nuevas competencias. Es posible que resulte conveniente federalizar algunos delitos que hoy son tramitados por la justicia ordinaria. Por ejemplo los fraudes o delitos económicos que pueden afectar varias jurisdicciones, o delitos tecnológicos con afectaciones interjurisdiccionales para mejorar la eficiencia y conflictos de competencia”.

Salt rescata un aspecto del proyecto de reforma penal federal: “Es buena la idea de la transparencia y la oralidad los concursos. Los plazos perentorios de los concursos también es algo bueno”.

A la hora de aportar una solución a los problemas que detectó, Salt propuso: “Yo implementaría el sistema acusatorio desde ahora. Y modificaría el sistema de selección del Consejo de la Magistratura. Porque está demostrado que no funciona. También incorporaría en la ley de implementación técnicas de administración modernas como es la asignación inteligente de causas y la figura del administrador judicial”.

En 1992 cuando se hizo la reforma judicial que introdujo la oralidad en el sistema penal federal y nacional, impulsada por Carlos Menem y su ministro de Justicia León Arslanian, el penalista Daniel Pastor dijo: “Esta reforma nació vieja y caduca”. La nueva reforma modificará aquel sistema que aún está vigente y Salt retoma la frase de Pastor: “Si la reforma sale así, habrá nacido vieja”.

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