El difícil camino de la reforma judicial en el Congreso: un pacto vencido en Diputados y los esfuerzos oficialistas por demostrar apertura al diálogo

“¿Qué proyectos urgentes necesita el Gobierno?”, preguntó el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, a Sergio Massa. Aunque hablan a diario, y también con Máximo Kirchner, la charla en la que ambos se sinceraron y armaron la agenda parlamentaria ocurrió hace algunas semanas. El presidente de la Cámara respondió que había apremio por la ampliación presupuestaria, el apoyo a la reestructuración de la deuda bajo legislación local y la ampliación de la moratoria. También apuntaron en la lista proyectos que interesaban a los opositores como la ley de quiebras y dos iniciativas que aún no pasaron el tamiz del Congreso como la emergencia turística y los alquileres comerciales. La oposición votó los tres primeros temas aunque reclamó algunos cambios como una mínima corrección para deuda (lo pidió Martín Lousteau en el Senado), el artículo “Lázaro Baez” (que no se bajó de la Moratoria y tiene media sanción pero con rechazo opositor en particular) y un aporte de $5000 millones para municipios bonaerenses entre otros agregados a la letra chica de la redistribución de partidas que aún no inició su tratamiento en la Cámara alta.

En Diputados el pacto político se cumplió y se cerró. También venció el protocolo de funcionamiento remoto que se reactivaría, aseguran en Juntos por el Cambio, sólo y específicamente para alguna urgencia. Excluyen expresamente el proyecto de ley de reforma del Poder Judicial presentado por el Poder Ejecutivo. “Si querían consensuarlo deberían habernos convocados antes de escribirlo y antes de mandarlo al Senado”, se escudó una alta fuente en diálogo con Infobae que insistió en que sólo sesionarán para tratar cuestiones en las que haya coincidencia. “La reforma judicial no sabemos para quién es, a quién le sirve ni en qué soluciona los problemas de la gente”, aseguró otro vocero opositor que jura que está clausurada cualquier chance para el tema judicial hasta que no vuelvan las sesiones presenciales.

En el Senado, en cambio, el Frente de Todos tiene mayoría y quórum propio. El debate por la reforma que prometió Alberto Fernández en campaña ya arrancó en un plenario de comisión. Sobre los hechos consumados, la principal oposición no condicionó la discusión aunque se oponen y presentaron sus argumentos en contra y una lista de especialistas que comenzaron a exponer sus críticas en la segunda audiencia. El freno, saben, sólo lo podrían poner del otro lado del Palacio, aún cuando el kirchnerismo asegura tener el mínimo de votos para garantizar la aprobación. Lo ajustado de los resultados de los debates más calientes lo ponen en duda.

El Presidente y Cristina Fernández de Kirchner están tan pendientes de la pandemia como de la reforma judicial. Ella sigue llamando alternada y permanentemente a los intendentes del Conurbano bonaerense mientras en el Senado sigue de cerca el inicio de un debate que ya genera polémica y que conducen María de los Ángeles Sacnun y Oscar Parrilli, dos de los senadores que tienen línea directa con la Vicepresidenta y cuya línea política bien conoce Anabel Fernández Sagasti, la vice del bloque oficialista. En el consejo consultivo está el abogado de CFK, Carlos Beraldi, a pesar de que hubo algunas voces que desaconsejaron internamente que integrara el comité de once especialistas, más allá de sus cualidades técnicas. Máximo Kirchner estuvo estos últimos días más ocupado en las cuestiones parlamentarias que en el coronavirus (se nota, cuentan, en su baja intensidad en los llamados a intentedentes). El jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos está atento a las posibles negociaciones de la reforma judicial junto con el secretario de Justicia, Juan Martín Mena. Sergio Massa se mantiene en silencio al respecto y prefirió concentrarse en un tema que le va más cómodo como apuntalar proyectos de seguridad: hasta compartió una actividad con la ministra Sabina Frederic. Fiel a su estilo, cerca de Massa evitan los roces y aseguran que no se está ocupando aún de los votos que necesitará sumar el Frente de Todos para la reforma judicial en la Cámara baja porque sólo lo hará cuando el Senado gire la media sanción. También cuando se requiera una sesión buscará convencer al principal bloque opositor. La otra defensora oficial del proyecto es Vilma Ibarra, una de las redactoras y además vocera de la iniciativa que apuesta a “convencer” sobre los beneficios de la reforma antes que a imponerlo.

Ningún oficialismo puede arriesgarse a someter un proyecto de ley a una derrota parlamentaria. Pero a veces sucede. Audaces pero experimentados en estas lides, ni el Presidente ni Massa pueden (ni quieren) perder una votación. Fue la razón por la que el Gobierno frenó iniciativas que no contaban con el consenso necesario como la intervención y expropiación de Vicentin o la reiterada postergación del llamado impuesto a la riqueza.

En el actual escenario y aunque el kirchnerismo tiene votos en el Senado y asegura tenerlos en Diputados (donde el bloque del Frente de Todos es muy heterogéneo), hubo un evidente esfuerzo por aliviar tensiones en las dos audiencias del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. Varios senadores, entre ellos Sacnun y Parrilli, además de la ministra de Justicia Marcela Losardo, repitieron que en el oficialismo hay disposición a abrir el proyecto a posibles cambios. Lo que por ahora no dicen es qué estarían dispuestos a consensuar y qué es inamovible del texto original. En una charla con Infobae, Sacnun dijo que analizarán las propuestas en los próximos días y que aceptarán las que no cambien los ejes centrales. Parrilli hasta pidió por escrito las propuestas a los expositores críticos y él mismo aconsejó un cambio que sorprendió a algunos como que los futuros jueces puedan plantear al Consejo de la Magistratura que sufren presiones de parte de medios de comunicación. Para despejar dudas respecto a si se buscará beneficiar a Cristina Kirchner, tanto Sacnun como Parrilli negaron ante este medio que se impulse ahora una reforma de la Corte Suprema a la que podría acudir en caso de sufrir alguna condena. Es más, Sacnun subrayó los dichos de Losardo en referencia a la creación de nuevos juzgados en la ciudad de Buenos Aires: “Las causas continuarán con sus jueces naturales a cargo”.

Otra alta fuente del bloque del Frente de Todos, muy cercana a la Vicepresidenta y habilitada para negociar con la oposición, repitió el mismo argumentó: “Recién estamos iniciando las audiencias y esperando las propuestas para evaluar y ver si las incorporamos. Pero todavía estamos recibiendo propuestas de muchos lugares, no solo de la oposición, sino de trabajadores de la justicia, fiscales, defensores y jueces que están aportando, y luego evaluaremos qué es lo que mejorará el proyecto”.

Hasta ahora por el Senado pasaron la ministra Losardo y siete especialistas, varios de ellos jueces. Aunque hubo coincidencias respecto a la necesidad de una reforma, no la hubo sobre la oportunidad, ni sobre el costo (o “inversión” en palabras de la funcionaria nacional) ni sobre las subrogancias o las intenciones políticas de los cambios planteados. Claro que de los siete expositores, cinco habían sido propuestos por la oposición y sólo dos por el oficialismo.

Según adelantó Sacnun a Infobae, el plan es que en las audiencias del próximo martes y jueves se agote la lista de disertantes a razón de unos 20 minutos cada uno, entre exposiciones, preguntas y respuestas. Parece difícil un debate exprés cuando en las nóminas aprobadas restan quince por Juntos por el Cambio y diecinueve del Frente de Todos. El oficialismo bajó a algunos de su lista, aquellos que coincidían con la lista opositora. Para probar que el bloque que responde a Cristina Kirchner planeaban invitar al juez de la Cámara del Crimen Alberto Seijas que firmó con otros camaristas una declaración en contra aunque aclaró que no cree que el proyecto sea inconstitucional. En busca de legitimidad y consenso fue al único que le otorgaron diez minutos extra para explayarse.

En la oposición hay distintas miradas, más o menos críticas, aunque ninguna a favor respecto del momento. Desde quienes desconfían de todo lo que promete el Frente de Todos y creen que el proyecto sólo busca garantizar impunidad a la Vicepresidenta hasta quienes creen que hay que esperar al después de la pandemia para, por ejemplo, mejorar un cuestionado Poder y discutir el pago del impuesto a las Ganancias. La mesa chica de Juntos por el Cambio en el Senado insistirá sobre la posibilidad de que el kirchnerismo busque una Justicia a su favor, como lo viene haciendo el jefe del bloque Luis Naidenoff, e insistirá con cuánto costará el proceso, línea en la que se concentran desde Martín Lousteau a Esteban Bullrich y la tucumana Silvia Elías de Pérez, la más combativa de las senadoras de la oposición. El viernes desde Juntos por el Cambio se difundió un documento advirtiendo que la puesta en práctica de la reforma demandará unos $3000 millones. “Está muy lejos de eso y será gradual”, repiten desde el oficialismo.

En ese contexto Sacnun tiende puentes con Naidenoff y con la vice de la comisión, la cordobesa Laura Rodríguez Machado mientras que Parrilli hace lo mismo con su vice en Justicia, el también senador del PRO y también cordobés Ernesto Martínez.

El martes a las 14 será la segunda audiencia de “expertos” en la que estarán el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, por el kirchnerismo más duro, y por la oposición el abogado Alejandro Fargosi, que calificó de “mamarracho” al proyecto. Juntos por el Cambio también podría convocar a los fiscales Carlos Rívolo y José María Campagnoli y al histórico dirigente de los Judiciales, Julio Piumato. En el equipo de los 19 que restan al Frente de Todos estarán María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciaro Federal, ex jueza y fundadora de la agrupación Justicia Legítima; la defensora general, Stella Maris Martínez; y Andrés Gil Domínguez, constitucionalista e integrante del Consejo Asesor presidencial. Como si fuera un juicio y los expositores fueran testigos, sus nombres y perfiles anticipan los argumentos que se lanzarán desde cada margen de la grieta.

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