El Consejo de la Magistratura proyecta gastar $850 millones en el sueldo de los nuevos jueces previstos en la reforma judicial

En el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el Senado esta semana, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, no dio precisiones sobre el costo que implicará la reforma judicial, en caso de que el proyecto se convierta en ley. Fue uno de los aspectos sobre el que más insistieron los senadores de Juntos por el Cambio en la reunión de martes pasado, que se extendió durante más de cuatro horas. La funcionaria buscó minimizar el monto que implicaría y prefirió hablar de “inversión en la mejora del servicio de Justicia” en lugar de “costo”. Explicó que, en una primera etapa, hasta que se cubran por concurso los 23 juzgados a crearse en el nuevo fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires, esos cargos serán cubiertos por jueces nacionales que los subrogarán, cobrando un plus del 30% de sus actuales sueldos.

Pese a que Losardo no precisó la cifra, estimando un salario promedio de $450.000 mensuales para un juez nacional, ese plus por subrogancia para 23 magistrados implicaría un adicional de unos $45 millones al año en salarios, sin contar otras demandas presupuestarias. Respecto de la erogación salarial para el resto de los cargos de jueces que deberán cubrirse -los 5 nuevos Tribunales Orales Federales de 3 miembros cada uno y los 94 jueces federales del interior-, tampoco brindó datos precisos. Solo dijo que se cubrirían progresivamente, ya que no está contemplado que sean ocupados por jueces subrogantes. En cuanto a la fusión de fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, destacó que “no tendrá costo porque se unifican los juzgados existentes”.

No obstante, ante la insistencia de los senadores de Juntos por el Cambio, Losardo se comprometió a enviar los números del presupuesto estimado en los próximos días. Hasta el viernes a la tarde no habían llegado al Senado. Este medio solicitó la información al área de prensa de su cartera, sin éxito.

Sin embargo, pese a la dificultad para obtener datos oficiales sobre ese aspecto, Infobae pudo saber que en el anteproyecto del Presupuesto 2021 para el Poder Judicial elaborado por el nuevo administrador general del Consejo de la Magistratura de la Nación, Claudio Cholakian, están previstos $850 millones para los sueldos de los 137 nuevos jueces contemplados en el texto enviado al Senado hace diez días.

El documento de 90 páginas -al que accedió este medio- será discutido este martes en la reunión virtual de la Comisión de Administración del organismo, presidida por el abogado radical Juan Pablo Mas Vélez.

Uno de los ejes de debate

La inclusión de la estimación para esos nuevos cargos generó posiciones contrapuestas y será uno de los ejes de debate, ya que el proyecto recién comienza su tratamiento en el Congreso, y Juntos por el Cambio ya adelantó su rechazo, por lo que no se sabe cuál será su suerte final, ni las modificaciones que pueda sufrir.

“No podemos incluir en el presupuesto para el Poder Judicial cargos que no están creados. La ley ni siquiera tiene una media sanción. Es una previsión prematura. Nada impide que después si el proyecto es sancionado, se amplíe el presupuesto”, le dijo a Infobae el diputado y consejo del PRO Pablo Tonelli.

El Consejo es el responsable de administrar los recursos y pagar los sueldos de la Justicia nacional y federal del todo el país, excepto los de la Corte Suprema, que maneja sus propios fondos. Para eso, debe confeccionar una estimación de sus necesidades cada año, antes del 15 de agosto, y elevarlas a la Corte para que esta se las haga llegar al Poder Ejecutivo, que es el que debe girarle los recursos.

El anteproyecto del Presupuesto 2021 estima que las necesidades del Poder Judicial serán del orden de los $71.682 millones, unos $6.800 millones más que los $65.000 millones previstos hasta el cierre de este año.

Del total de los recursos estimados para 2021, el 95% ($ 67.856 millones) está destinado al pago de los sueldos de 24.502 cargos - entre magistrados, funcionarios judiciales, técnicos, peritos, auditores y empleados-, tanto actuales y como a crearse.

La cifra incluye los 137 cargos contemplados en el proyecto de la reforma judicial que impulsa el Gobierno. Se trata de 15 jueces para integrar los cinco TOFs con un sueldo de camaristas de $667.000 mensuales brutos; otros cinco secretarios de cámara con un ingreso presupuestado de $370.000; y 23 jueces de primera instancia para los nuevos juzgados penales federales a crearse en la Ciudad y 94 magistrados federales en el interior, con sueldos estimados mensuales brutos de $457.000.

“Pero además de los cargos, hay que calcular los gastos que se requieren de infraestructura, desde edificios hasta sillas. Hay actualmente una cantidad de cargos ya creados por ley que tenemos que cubrir, requerimientos de jurisdicciones que superan holgadamente lo que nos va a financiar el ejecutivo. No veo razón para que contemplemos cargos que no tienen todavía una ley que los haya creado. La actual administración del Consejo hizo una presentación preliminar y la vamos a debatir el martes. Tenemos que discutir cómo reasignar los recursos y si se atiende una demanda nueva o una anterior”, advirtió Mas Vélez, presidente de la Comisión de Administración.

En la misma línea, ante la consulta de Infobae, el propio presidente del Consejo e integrante de esa Comisión, Alberto Lugones, anticipó sus reservas. “Es adelantarse a lo que puede pasar con la ley. No veo razonable considerar la existencia de tribunales que aún no existen. No intervine en la inclusión de esos cargos y vamos a discutirlo en la reunión. Llegado el caso, cuando la ley se apruebe, se debería considerar una partida aparte”, señaló.

Cargos ya creados sin recursos

En el anteproyecto también está prevista una partida de $358 millones para otros 1.098 cargos ya creados por leyes anteriores -incluso hace ya mucho tiempo-, que van desde camaristas y jueces de primera instancia hasta secretarios y escribientes-, pero cuyos juzgados o tribunales aún no fueron habilitados por la Corte. ¿El motivo? Porque no hay aún un juez designado por concurso, o aún teniendo magistrado asignado, no hay recursos para disponer de un edificio propio o nombrar al personal correspondiente.

Es el caso, por ejemplo, de los Juzgados Federales de Victoria y Concordia (Entre Ríos), Libertador General San Martin (Jujuy), General Pico (La Pampa), Puerto Iguazú (Misiones), Pehuajó (Buenos Aires), Nº4 de Mendoza, Nº3 de Tucumán, o el TOF Nº3 de Córdoba y el de La Plata. Un ejemplo de la demora que puede llevar este trámite es el de la Cámara de Defensa de la Competencia, creada en 2014. “Todos los años se piden los cargos y se presupuestan. Y no tiene un edificio alquilado y el concurso está en etapa embrionaria”, admitió un consejero del oficialismo.

Para el resto de las necesidades de funcionamiento de la Justicia nacional y federal del todo el país, el anteproyecto estima para 2021 unos $3.800 millones. Este monto está destinado a cubrir desde la compra de papel, insumos informáticos y alquiler y mantenimientos de edificios, hasta la reparación de ascensores, personal de limpieza y adicionales de policías, por mencionar algunos de los ítems.

Las necesidades siempre son más que los recursos disponibles, y ahí es el Consejo el que debe decidir cómo administra los fondos y qué necesidades prioriza.

Usualmente, el Ejecutivo no envía toda la partida solicitada ya que fija un “techo” presupuestario en función del 3,5% que le corresponde al Poder Judicial de la recaudación. De ese porcentaje, el 2,93% es para Consejo y el 0,57% para la Corte. El Consejo debe luego “negociar” con el Ejecutivo para achicar la diferencia entre lo presupuestado y lo que el Ejecutivo le gira, y ver cómo administra el dinero que le llega. Para el 2021, el “techo” previsto es de $67.800 millones, por lo que la diferencia estimada con lo presupuestado es de casi $4.000 millones.

El déficit presupuestario este año, en el que se prorrogó el Presupuesto nacional del 2019, hizo que el Ejecutivo le tuviera que girar ya una partida adicional de $7.500 millones y está prevista otra similar para completar unos $15.000 millones extra a los $50.000 millones asignados inicialmente en el presupuesto de este año, para alcanzar los $65.000 que serán necesarios hasta fin de año.

“Gradual y a largo plazo”

Uno de los funcionarios del Gobierno que más conoce los temas judiciales relativizó el cálculo presupuestario, al considerar que se trata de una “proyección” y “una práctica de estilo presupuestario”.

“La puesta en marcha de la reforma judicial -de aprobarse tal como está- será gradual y a largo plazo. Es muy difícil de determinar hoy, cuántos recursos van a ser necesarios porque no se terminará de concretar en menos de cuatro años”, advirtió ante la consulta de Infobae.

Así explicó cómo sería el proceso: “Calculando que, con viento a favor, el proyecto de la reforma judicial se apruebe en dos meses, la designación de los jueces subrogantes debe pasar por los dos tercios del Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo y lograr el acuerdo del Senado, por lo que no estarán en funciones hasta el año que viene, como mínimo. Y los 94 juzgados del interior se irán cubriendo, cuando haya presupuesto -así lo dice el proyecto- y en función de la demanda. Esos cargos no se van a cubrir con subrogantes y deberán llevarse adelante los concursos, que no tardan menos de tres años desde el inicio del concurso, hasta que se completa el proceso de la designación. Se le irá dando prioridad a jurisdicciones donde, por ejemplo, necesitan refuerzo por el tema del narcotráfico, como Rosario, Salta o Jujuy. Lo mismo con los nuevos TOFs, que también deberán completarse con jueces por concurso”.

Por eso, según aseguró , “ni en el ejercicio que viene ni el otro, se van a autorizar fondos para juzgados nuevos del interior o los TOFs que recién podrían estar habilitados en tres o cuatro años”.

Los nuevos fiscales

En el caso de los fiscales, el proyecto impulsado por el Ejecutivo prevé nombrar 28 nuevos fiscales en la Ciudad de Buenos Aires y 85 en el interior. El número es inferior al de los cargos de magistrados a cubrir, pese a que está en marcha la instrumentación del sistema acusatorio establecido en el Código Procesal Penal reformado durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El proyecto autoriza al titular de Ministerio Público Fiscal a trasladarlos transitoriamente, aunque hay más de un 30% que subroga otra fiscalía actualmente. “Si bien los traslados de fiscales no están políticamente bien, tampoco están jurídicamente mal. La Constitución Nacional no establece un único mecanismo de designación como en el caso de los jueces, es más laxo”, observó el funcionario del oficialismo.

El procedimiento de designación de los fiscales es más sencillo, ya que si bien pasan por un concurso con una prueba de oposición y evaluación de sus antecedentes, no requieren lograr consensos políticos para obtener los dos tercios en el Consejo de la Magistratura donde hay un sistema de mayoría y minoría. Igualmente sus pliegos, al igual que los defensores oficiales, deben ser enviados por el ejecutivo al Senado para obtener acuerdo. Pero su aprobación suele ser menos “sensible” y, por ende, menos sujeta a negociaciones políticas que la de los candidatos a jueces.

La estimación de Juntos por el Cambio

Durante la presentación de la reforma judicial por Losardo en el plenario de Comisiones en el Senado, la estimación de los senadores de Juntos por el Cambio fue de “3.000 millones de pesos como base”.

Luis Naidenoff - el más crítico de la exposición de la ministra- consideró que era “una subestimación enorme de la inteligencia del Senado que envíen un proyecto con enorme costo y no puedan estimarlo con un análisis detallado”.

“La cifra es multimillonaria para muchos argentinos que no saben qué hacer en este estado de pandemia y usted no dice de dónde van a sacar los recursos. El Poder Judicial no puede llegar a agosto con los sueldos, hay emergencia edilicia en la Justicia, y estamos hablando de cientos de nuevos cargos. La prioridad de la sociedad argentina no pasa por esta reforma. Mire la realidad económica. Nunca está de más. Nos hace bien a todos”, le dijo vehemente el jefe del principal bloque opositor a Losardo, en la reunión virtual.

Y a continuación, Naidenoff deslizó que el Gobierno podría ir por el fondo anticíclico de la Corte para hacerse de recursos. Ante Infobae, el jefe del bloque de senadores de Juntos por el Cambio especuló: “Como el oficialismo no tiene los números para ampliar su integración, quizás buscan implementar esta reforma para reducir su margen de maniobra”.

La cifra que mencionaron los senadores de Juntos por el Cambio fue luego formalizada en un documento que esa fuerza política difundió el viernes, y en la que estimó que la creación de 323 cargos de jueces, fiscales, defensores y funcionarios demandaría un presupuesto anual de $3.037 millones en el primer año de funcionamiento.

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