Reforma judicial: el Senado recibirá a un camarista que la tildó de inconstitucional y la semana que viene será el turno de Zaffaroni

Siete especialistas fueron convocados para participar del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia Penal en el inicio de un debate que promete ser álgido sobre el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias. Cinco de los primeros expositores fueron propuestos por Juntos por el Cambio y dos por el oficialismo. En la lista figuraba el ex juez de la Corte el penalista Raúl Eugenio Zaffaroni, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner y defensor no sólo de esta reforma sino de la reforma de la Constitución. Por motivos laborales, se explicó, su participación pasó para el próximo martes junto con la del integrante del Colegio de Abogados Alejandro Fargosi quien se expresó en duros términos sobre los cambios planeados por el Gobierno. Sí estará esta tarde uno de los camaristas que ayer firmó un documento en el que planteó la inconstitucionalidad el proyecto.

La confección de la primera lista de oradores, que se presentarán en forma alternativa y probablemente con otras proporciones los martes y jueves durante al menos dos semanas -o más- fue un gesto definido expresamente por el oficialismo en un intento por mostrar que hay intenciones de consensuar un proyecto que nació con el rechazo opositor. Los senadores en voz baja descreen de esas intenciones pero de todos modos presentaron una nómina de expertos en derecho y participarán de los debates.

En la primera reunión el martes pasado con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Losardo, varios senadores del Frente de Todos, entre ellos José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, presidente y vice del bloque, manifestaron la disposición a introducir cambios. Eso prácticamente no ha sucedido en esta gestión del Senado, salvo excepciones como fue por ejemplo el proyecto de ley de reestructuración de la deuda bajo legislación local con una mínima corrección en un artículo. En general el Senado votó en los últimos meses a libro cerrado y en los casos en que la cámara alta actúa como revisora y no de origen, durante la pandemia y el aislamiento, no hubo ninguna posibilidad de modificación. De eso se queja la oposición que sólo puede frenar iniciativas que requieran los dos tercios de los votos.

Esta vez, en el Frente de Todos prometen otra actitud, tal vez obligados por el freno que la iniciativa podría encontrar en Diputados donde el oficialismo no tiene mayoría propia y donde la oposición amenaza con no renovar la modalidad de sesiones remotas frente al “reiterado atropello” que denuncian sufrir, especialmente de parte de los senadores del kirchnerismo que sí tienen quórum y mayoría para avanzar sin necesidad de acordar.

Ante Losardo, uno de los senadores más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner fue uno de los que pidió un cambio a la iniciativa. Lo que propuso Oscar Parrilli, además presidente de la comisión de Justicia, no fue un cambio menor. El neuquino, que denunció ser víctima de lawfare y de escuchas ilegales, señaló: “Quiero manifestar que nosotros en la comisión estamos dispuestos a recibir propuestas, ya se han hecho algunas muy atinadas que merecen estudio”. Y presentó la suya: “Mis aportes, en este caso, están referidos a dos incisos del artículo 70, que habla de las reglas de actuación a las que deben someterse jueces y funcionarios. En el inciso E dice que los jueces deben someterse a comunicar de forma inmediata, si es que son sometidos a presiones o influencias del poder político o económico. Creo que es preciso incluir a los poderes mediáticos. Porque hemos sido testigos de cómo los medios de comunicación presionan para obtener resultados de la justicia. En el inciso “F”, se propone evitar el clamor público y el miedo a la crítica. Lo que yo temo es que el “clamor público” sea en realidad, el clamor de los medios de comunicación. Sucede y ha sucedido, muchas veces, que no son clamores sociales sino intereses económicos que a veces utilizan a los medios de comunicación para presionar a su favor”. Parrilli pidió que expresamente el texto mencione a los medios mientras que Fernández Sagasti apuntaba que la oposición emitió un comunicado en contra de la reforma con el mismo título que el fin de semana usó un diario en una editorial con el mismo tono.

De los cambios, sin embargo, todavía no se habla más que genéricamente. Los senadores consultados dijeron que primero escucharán a los expositores sin modificar su estrategia, incluso luego de que la Cámara Nacional de de Apelaciones en lo Criminal y Correccional manifestara que considera inconstitucional un proyecto que define la unificación de fueros en Capital y la duplicación de juzgados en la Ciudad y en las provincias. Los senadores oficialistas minimizaron el efecto de esa posición por considerar que se trata de “un comunicado” y no de un fallo. La oposición asegura que detrás de la iniciativa hay un proyecto de “impunidad” en las causas que involucran a la ex presidenta.

El nombre del Gobierno quien ayer defendió el proyecto fue la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, una de las responsables de su redacción. “Tenemos que reformar una justicia que termina siendo muy pendular y muy poco útil para construir democracia” respondió este miércoles a Dady Brieva por radio. “Estás en terreno amigo”, le lanzó el humorista y conductor mientras ella insistía en que “tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer y lo que dijimos que íbamos a hacer por lo cual eligieron al presidente y a la vicepresidenta”. Además, Ibarra reconoció que “estamos en camino” pero que “no es tan fácil, ni es de un año para otro, tenemos que persuadir para el rearmado de la justicia que de verdad tiene que ser una justicia independiente, que tiene que apegarse a la ley, a la Constitución, a los tratados de Derechos Humanos y a los tratados internacionales”. Losardo también había asegurado que la aplicación de la reforma, si es aprobada, sería en forma progresiva y gradual y había asegurado que no se nombrarán jueces a dedo.

En el arranque del debate en el Senado estaba prevista la presencia de Zaffaroni, ex juez de la Corte de la renovación que impulsó Néstor Kirchner como presidente. El abogado garantista es un férreo defensor de la reforma y también de una reforma constitucional. Además es hombre de consulta no sólo del kirchnerismo sino de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Pero junto con el abogado y ex integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi, nombre propuesto por Juntos por el Cambio que calificó a la reforma como una “monstruosidad”, pasaron para el plenario del martes 11. El round entre ambos genera mucha expectativa.

En la primera reunión de comisión, tras la defensa que del proyecto hizo la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, la senadora María de los Angeles Sacnun, había anunciado que el debate arrancaría este mediodía pero se pospuso para las 14 porque durante la mañana se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda que arranca con otro debate de peso, la media sanción que velozmente giró Diputados del proyecto de modificación y ampliación presupuestaria.

Los dos expositores que propuso el oficialismo para esta jornada serán Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social (AJUS), de La Plata, mientras que en reemplazo de Zaffaroni quien disertará es José Raúl Heredia, doctor en Derecho y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut y ex convencional constituyente provincial. Desojo es escudería K, escribió el libro “Justicia a la carta” con prólogo de Zaffaroni en el que recogió el planteo de AJUS ante el Relator de la ONU por ataques a la independencia del Poder Judicial durante el 2015 y el 2019, es decir durante la presidencia de Mauricio Macri.

Bajo la modalidad remota, cinco de los quince nombres propuestos por la oposición en una nota firmada por Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la comisión, son el abogado magister de la Universidad de Columbia, Alberto Garay, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y ex profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Southwestern, de Estados Unidos. Entre otros libros escribió “La doctrina del precedente en la Corte Suprema”.

También en esta primera exposición se sumará Marcelo Gallo Tagle, juez civil y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y Marcos Salt, abogado especializado en asuntos penales, doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba) y profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Otro expositor propuesto por la oposición es Alfredo Vitolo, abogado, graduado con Diploma de Honor en la Universidad de Buenos Aires y ex asesor del Consejo para la Consolidación de la Democracia, establecido por el presidente Raúl Alfonsín además de miembro integrante de las Comisiones Directivas de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y del Foro de Estudios para la Administración de Justica (FORES).

Finalmente el quinto participante presentado en la lista de Juntos por el Cambio es Alberto Seijas, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, es decir uno de los camaristas que integran las salas que revisan los fallos de los jueces de Instrucción que serán convocados para ocupar las 23 vacantes que se propone abrir el Gobierno en el nuevo Fuero Penal Federal que fusionará el fuero Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico. Serán 46 juzgados y la mitad se llenará con los jueces y juezas actuales y el resto con los magistrados de Instrucción que decidan anotarse para subrogar. Seijas rubricó ayer el documento en el que en acuerdo con sus pares manifestó el planteo de inconstitucionalidad,