Con advertencias sobre nombramientos y presiones a los jueces, arrancaron en el Senado las audiencias para debatir la reforma judicial

Los primeros expositores convocados por la comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Legislación Penal para exponer sobre el proyecto de ley de reforma de la Justicia coincidieron en la necesidad de mejorar uno de los tres poderes de la República. Se diferenciaron en cambio respecto a la oportunidad en que se impulsa al consenso requerido más allá de diferencias políticas y a cuestiones técnicas como por ejemplo el traspaso de competencias de la Justicia Federal a la Ciudad y al número de juzgados que resultará de la fusión de fueros y creación de nuevos juzgados que en la Capital pasarían de los 12 de Comodoro Py a 46.

Los quince expositores que propuso Juntos por el Cambio fueron aceptados por el Frente de Todos y se alternarán con los propuestos por el oficialismo en las sucesivas reuniones, cada martes y jueves, durante las próximas semanas. La mecánica del trabajo fue acordada por la presidenta de la comisión, María de los Angeles Sacnun, y la vice, la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado que al inicio de la reunión, puntual, explicó la mecánica de trabajo: cada especialista hablará durante 7 minutos, tendrá 5 minutos de preguntas para cada bloque político y las respuestas deberán darse en otros cinco minutos por lo que la participación de cada uno será de entre 20 y 25 minutos aproximadamente.

Abrió el debate Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social (AJUS), de La Plata, autor del libro “Justicia a la carta” que tiene prólogo del penalista Eugenio Zaffaroni. En el libro recogió el planteo de AJUS ante el Relator de la ONU por ataques a la independencia del Poder Judicial durante el 2015 y el 2019, es decir durante la presidencia de Mauricio Macri. De eso mismo habló en su tiempo disponible, mencionó “el deterioro” del Poder Judicial que en los últimos años estuvo, dijo, “al servicio de las necesidades del Poder Ejecutivo”. Apuntó que hubo “intimidación” y “un plan sistemático de cooptación del Poder Judicial”. En ese marco elogió la reforma propuesta por el Gobierno porque “va a mejorar la calidad institucional” porque “es fácil someter a unos pocos jueces pero es difícil cuando se trata de 46 jueces”, en referencia a la fusión y duplicación de juzgados en la ciudad de Buenos Aires.

Oscar Parrilli, senador kirchenerista que preside la comisión de Justicia, lo consultó sobre la presentación ante la ONU. “Veíamos como los jueces eran presionados, dictaban sentencia en contra de lo que ellos mismos habían escrito”, arrancó Desojo para satisfacción del legislador que en cada discurso denuncia haber sido víctima de lawfare junto con Cristina Fernández de Kirchner. “Las pruebas eran suficientemente contundentes para probar las cosas que habíamos manifestados”, cerró cuando se le terminaba el tiempo. Rodríguez Machado tomó la palabra y pidió incorporar como material de consulta la respuesta que la Cancillería argentina dio a la ONU durante la gestión anterior.

Cuando parecía no haber interés en seguir con las consultas Luis Naidenoff le preguntó al abogado si pertenece a alguna agrupación del kirchnerismo y si visitó en el penal de Ezeiza a Carlos Zannini durante su detención. Sólo respondió que milita en AJUS.

En segundo lugar disertó, como todos vía teleconferencia, el abogado magister de la Universidad de Columbia, Alberto Garay, profesor de la Universidad de San Andrés y de la Universidad de Buenos Aires. Coincidió con su antecesor en la preocupación sobre “la independencia del Poder Judicial y del Poder Judicial Federal”. Pidió que la reforma sea “muy meditada” y enumeró “inconsistencias y deficiencias técnicas” como el aumento “sideral” de jueces en la ciudad de Buenos Aires. “Quizás hagan falta muchos más en la provincia de Buenos Aires o en el resto de las provincias”, consideró.

Luego cuestionó el método propuesto para cubrir los nuevos juzgados hasta que se realicen los concursos y citó la acordada de la Corte que para casos de traslados estableció una mecánica distinta a la propuesta en la ley. Por Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez le solicitó ampliar el concepto y se generó un intercambio de opiniones con el senador peronista chubutense Mario Pais quien insistió en que el proyecto de reforma no vulnera la Constitución ni la ley ya que se designarían jueces que hayan pasado por un proceso, examen, y análisis del Consejo de la Magistratura y el Senado aunque para otros juzgados desde los que subrogarían.

Garay subrayó que en las provincias hacen falta más fiscales, que “se ha hecho todo muy apurado en un momento en que el Poder Ejecutivo está enfrentando la peor crisis que se ha visto, no es quizás la mejor oportunidad de estar discutiendo esto”. “Tiene olor a ser contrario a la Constitución”, repitió Garay ante un planteo del rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

Marcos Salt, abogado especializado en asuntos penales, doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba) y profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires también cuestionó las subrogancias. Propuesto por Juntos por el Cambio dijo que “creo que hay que hacer esta reforma y saludo que se haya comenzado este proceso”. Sin embargo aseguró que “atrasa” y es “antiguo” el planteo de la ley e hizo cuestionamientos técnicos para mejorar la iniciativa. Consideró que “el costo económico es enorme y desfasado con lo que se necesita para el sistema acusatorio” pero en cambio elogió como “interesante la idea de concursos orales y una metodología diferente” para los exámenes de nuevos jueces.

En cuarto lugar habló Alberto Seijas, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, uno de los camaristas que integran las salas que revisan los fallos de los jueces de Instrucción que serán convocados para ocupar las 23 vacantes que se propone abrir el Gobierno en el nuevo Fuero Penal Federal que fusionará el fuero Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico. Lo primero que dijo fue que no piensa que sea inconstitucional como se interpretó del texto firmado por los integrantes de la Cámara del Crimen que criticaron la iniciativa.

Seijas advirtió fundamentalmente sobre “los riesgos que podrían afectar el funcionamiento y el servicio de justicia” porque la fusión del fuero Criminal y Correccional Federal con el Nacional Penal Económico provocará “la disolución de la justicia criminal y correccional”. “El servicio de justicia quedaría en manos de menos del 50% de los jueces que conforman su dotación”, planteó y enumeró investigaciones que se verían afectadas como las de homicidios, femicidios, abusos sexuales, violencia familiar, fraudes, extorsiones y hurtos. Mostró preocupación respecto al futuro laboral de jueces y personal de los juzgados ya que “las competencias son transferibles, pero los magistrados no. El Estado Nacional no puede privar de competencias a sus jueces. La ley tiene que prever o mantener su competencia actual, o darles otra competencia, porque si no estaría dejando a jueces a sin materia a tratar”. Finalmente también expresó dudas sobre el tiempo que llevarán los acuerdos y convenios que se sucribirán para la transferencia.

En el intercambio más largo (excepcionalmente se le concedieron diez minutos extra) Pais manifestó su “disenso respetuoso” y Seijas explicó que no discute la transferencia de competencias sino que alerta “acerca de los problemas que se pudieran presentar en el funcionamiento de la Justicia”. “La ley solamente señala que se firmarán convenios en tres años, en este interregno hay que prestar el servicio de Justicia, quita los jueces y no cubre las vacantes y este servicio de Justicia sigue a cargo nuestro”, repitió.

Parrilli, que buscó todo el tiempo mostrar presiones del poder político del gobierno de Macri sobre la Justicia y falta de independencia en los juzgados federales, consultó sobre la acordada firmada en la víspera: “¿No es prejuzgamiento decir que es anticonstitucional el proyecto de ley? ¿Esto no lo obligaría a excusarse a futuro?”.

“Ya lo dije. La Cámara no consideró inconstitucional la ley, es un título periodístico, el texto de la acordada no dice esto. Hay ciertos aspectos de la ley que no tengo ningún tipo de autoridad a cuestionar, ampliar la Justicia Federal y el número habrá que ver si tiene mérito y cuántos son los juzgados y de qué modo. La ley, al mismo tiempo que prevé y tiene un esquema para esta estructuración de la Justicia Federal carece de una estructuración sobre qué hacer con el delito que afecta al ciudadano, se deja sin recursos para las cuestiones de orden constitucional y son discutibles varios aspectos pero no dije que la ley no es constitucional”.

Entre los cinco primeros disertantes propuestos por la oposición, Alfredo Vitolo, integrante del Foro de Estudios para la Administración de Justica (FORES) que también fue convocado a los debates por la interrupción voluntaria del embarazo pidió un diálogo fluído y abierto, apoyó la idea de un cambio en la Justicia para que sea más eficiente pero remarcó que “estamos diluyendo un fuero” y “estamos perdiendo la especialización”. “La reconversión hacia el sistema acusatorio requiere un refuerzo de las fiscalías y no de los juzgados que es lo que propone el proyecto. Esto no es una reforma judicial, es una ley que busca generar vacantes en el Poder Judicial”, agregó. “Cada vez que se conformen nuevas mayorías en el Congreso estas se verán tentadas a volver reformar la Justicia”, cuestionó.

El rionegrino Weretilneck le recordó que el sistema acusatorio iba a entrar en vigencia cuando se derogó vía DNU. Se refería a la suspensión de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que estaba previsto para el 1º de marzo de 2016 en el ámbito de la Justicia Nacional y que se congeló a fines del 2015 con el cambio de gobierno. Vitolo le dio la razón.

También Marcelo Gallo Tagle, juez civil y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) alertó sobre el posible “desguace” de un fuero y elogió el planteo de la ministra Marcela Losardo respecto a que la Justicia no es un gasto sino una inversión. “Nos preocupa el proceso de selección. Es necesario resaltar que el sistema de concursos no puede dejar de lado la valoración de antecedentes y oposición de los y las postulantes”, dijo entre otras críticas.

El kirchnerista Parrilli le pidió que les haga llegar las propuestas y prometió que “van a ser tenidas en cuenta y escuchadas” aunque luego le preguntó a Gallo Tagle si la Asociación de Magistrados había denunciado “los excesos y una intromisión grave del Poder Ejecutivo para extorsionar al Poder Judicial”. Mencionó las denuncias políticas contra jueces como Alejo Ramos Padilla, Luis Rodríguez y Rodolfo Canicoba Corral, jueces cuyos fallos o resoluciones beneficiaban a dirigentes K. “Nos hemos pronunciado en todos los intentos por domesticar” agradeció la consulta el juez que también manifestó que esto ha ocurrido con todos los Poderes Ejecutivos “más allá del signo político.

La pregunta llevó a Elías de Pérez a pedir que no se hagan esos planteos a los expositores a lo que Parrilli respondió que tampoco debía preguntarse la simpatía política como hizo Naidenoff con el abogado Desojo. El radical consideró que su consulta era respetuosa y entonces intercedió Sacnun que laudó y evitó que haya riña.

El último orador, segundo por el kirchnerismo, fue José Raúl Heredia, doctor en Derecho y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut y ex convencional constituyente provincial que fue invitado por el Frente de Todos. Para el chubutense, que participó de la reforma en su provincia, “la mayor reforma que el Congreso tiene como asignatura pendiente es alcanzar el juicio por jurado, porque es la única forma de que lleguemos a alcanzar el mandato constitucional”. En su parecer “las reformas se resisten más que nada por los operadores”. Y concluyó que la reforma “no está adelantada en el tiempo, venimos con retraso”.

Luego de tres horas de exposiciones y preguntas, Sacnun anunció un cuarto intermedio hasta el próximo martes 11 cuando entre los oradores estarán dos pesos pesados de uno y otro lado: el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni y el abogado Alejandro Fargosi.