La fiscal general de la Cámara Comercial Gabriela Boquín, que interviene en el caso del Correo Argentino, declaró este miércoles ante la Bicameral del Ministerio Público y apuntaló con sus dichos la avanzada del Gobierno contra el procurador interno Eduardo Casal, quien le inició un sumario por denuncias de maltrato y acoso laboral en base a un dictamen de un Consejo Evaluador. La fiscal denunció una campaña de “persecución” en su contra con testigos “guionados y coaccionados”. “Es todo una farsa”, lanzó.
El proceso contra Boquín arrancó en 2018 con la denuncia de una empleada de su Fiscalía. Luego se sumó otra denunciante y declararon seis empleados en contra de la fiscal. El caso pasó por el Consejo Evaluador de la Procuración, el mismo que estudió el caso del fiscal Carlos Stornelli. En mayo pasado, ese Consejo recomendó la apertura del sumario.
En su extensa exposición ante la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, la fiscal afirmó que una de las denunciantes “le entregaba documentación de la causa Correo al diputado Pablo Tonelli” y dijo que “tenían comunicación asidua porque estaba concursando para ser camarista”. Boquín declaró que pidió el traslado de esa empleada “por pérdida de confianza”, pero nunca hizo la denuncia penal. Más tarde, ante un comentario de la diputada Vanesa Silley, la fiscal aclaró que no tenía pruebas sobre esa acusación: “Me lo comentó una persona cercana a ellos, yo no lo vi”.
“Resulta llamativo que para la fiscal Boquín la pérdida de confianza con una empleada no sea delito en el marco de una acusación grave, olvidándose denunciarlo, y solo lo califique como una figura del derecho laboral”, dijo la diputada Graciela Ocaña.
El tema volvió a aparecer ante la intervención de la senadora Silvia Elías de Pérez. En ese momento, Boquín intentó aclarar sus dichos y generó mayor confusión: “Puede ser que me haya equivocado y en ese caso me retracto, (la empleada) no me entregaba la documentación referida a Pablo Tonelli, no me la entregaba”. Minutos antes, había dicho que se la entregaba al diputado.
La denuncia pública de Boquín motivó un duro intercambio con el diputado Cristian Ritondo, que le enrostró no haber llevado el tema ante la Justicia. “Denuncié los hechos ante el Procurador, ahora por supuesto voy a presentarme porque hay una denuncia penal”, arrancó explicando la fiscal. Pero ante la insistencia del diputado, le preguntó: “¿Qué quiere sacar de mi diputado?”. En ese clima, Ritondo le contestó: “Usted no es perseguida, es persecutoria de la familia Macri”.
Boquín pidió rechazar por abusivo el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado alcanzado durante el gobierno de Macri, al sostener que la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos al 2033, todo en perjuicio del Estado nacional. La intervención de Boquín dio origen a la investigación penal que lleva adelante el juez Ariel Lijo.
Ante otra pregunta puntual de Ritondo, Boquín admitió que fue asesora de Ricardo Nissen, actual titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), en su primera gestión, entre 2003 y 2005, y contó que compartía una Fundación con el funcionario. Según pudo saber Infobae, la fiscal dijo en 2017, cuando se excusó en una causa judicial, que tenía “un vínculo de amistad” con Nissen.
Boquín se refirió a las dos denunciantes y a varios de los testigos que declararon en el expediente administrativo, donde se la acusa de maltrato laboral, castigos, corte de la comunicación vertical, gritos, reprimendas absurdas, gritos y amenazas, entre otras cosas. En ese marco, habló de una campaña en su contra. “Los testigos que llamaron fueron caprichosamente elegidos, otros empleados se fueron de la Fiscalía y no los llamaron, ningún testigo juró decir verdad. Hace 23 años que soy docente, nunca tuve una denuncia por maltrato, tengo el tono de voz que tengo, tengo la voz de pito, pero no maltrato”, lanzó.
Es más, la fiscal denunció que uno de los testigos “fue coaccionado y guionado para dar testimonio”. “Me dijo que para darle un traslado le pidieron (en la Procuración) que me denuncie”, agregó.
En medio de los cruces con los diputados de la oposición, la fiscal hizo gala de su bajo perfil pese a investigar una causa de alto impacto político. “No fui a ningún canal de televisión, es la primera vez que hablo públicamente, no es para hacerme la víctima”, expresó.
Boquín fue citada a exponer en la Bicameral en el marco de la investigación sobre la gestión del procurador interino, al que acusó de perseguirla. La fiscal contó que Casal la llamó el miércoles pasado a su casa para adelantarle la decisión de iniciarle el sumario, que luego se notificó vía mail. “Me llamó el procurador a las 21:13, nunca en la vida me llamaron por trabajo a esa hora, no soy una fiscal penal que trabaja con emergencias”, se quejó.
Fuentes de la Procuración consultadas por este medio aclararon que la fiscal ya se expresó en el expediente administrativo. Sin embargo, el Consejo Evaluador sugirió la apertura del sumario por unanimidad. “¿Los cinco miembros del Consejo Evaluador fueron presionados?, le preguntó Ritondo. “No, para mí hubo mal desempeño”, respondió la fiscal. Y agregó: “Mi defensa no fue tenida en cuenta, no se citó a nadie que yo propuse, no se tuvo en cuenta la prueba documental escrita, voy a recusar al Consejo Evaluador”.
En su extensa exposición y ante las preguntas de los diputados y senadores, Boquín también reveló que sufrió un episodio de intimidación. “Entran a mi auto, tengo la filmación, sacaron papeles, una persona se llevó un maletín con papeles, se ve en la filmación que se puso guantes”, dijo. Luego, ante una pregunta del diputado Emiliano Yacobitti explicó que el hecho fue en 2016, durante la gestión de Alejandra Gils Carbó. También denunció “episodios muy raros” con su teléfono celular. “Una persona se hizo pasar por mi marido”, contó.
Los representantes del oficialismo solo intervinieron para “apoyar” a la fiscal, incluso con expresiones puramente políticas. “Yo le creo, creo que hay una persecución. Casal no está a la altura de las circunstancias, es una creencia política”, apuntó el senador cordobés Carlos Caserio.
En el tramo final de la reunión, que duró más de cinco horas, expusieron representantes de ONGs que presentaron pedidos de juicio político contra Casal. El senador Martín Doñate (Frente de Todos), que preside la Bicameral, adelantó que la comisión se reunirá todas la semanas porque “hay varios pedidos” de asociaciones y ONG.