La quietud del aislamiento obligatorio quedó como una foto vieja en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En los últimos meses, la agenda de la seguridad se ubicó en el primer plano de la preocupación de los intendentes y del gobierno bonaerense, que registraron un aumento de los reclamos vecinales ante los delitos violentos. Las dificultades estructurales se agravaron con la pandemia: la falta de coordinación y escasez de recursos, junto a la distracción de las fuerzas policiales para el control de la cuarentena.
Después de meses de tensión política entre los ministros de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y su par bonaerense Sergio Berni, representantes de seis municipios del conurbano sur se reunieron para atender la problemática. Los intendentes tienen encargado un pedido explícito de Berni: presentar hasta el próximo 15 de agosto sus planes de seguridad a fin de ajustar la coordinación con el gobierno de Axel Kicillof. Es uno de los temas que se trataron en el cónclave, que involucró a funcionarios de Lanús, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Quilmes, Berisso y Brandsen.
“El delito no distingue barrios. La problemática de la inseguridad es similar en toda la región, la mayoría de los casos de robo de autos comienzan en un municipio y terminan en el otro, lo mismo que las acciones y procedimientos policiales, por eso es fundamental avanzar en un agenda de trabajo común”, señaló el jefe de Gabinete y secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz.
Los municipios siguen de cerca la implementación del giro que llevan adelante las carteras de seguridad de Axel Kicillof y Alberto Fernández, quienes tomaron nota del repunte de la criminalidad. Sabina Frederic revisó el despliegue de la fuerzas federales en el conurbano, que hasta hace semanas estaban abocadas en los controles de accesos y el cumplimiento de la cuarentena. Ayer, presentó la Fuerza de Respuesta Inmediata (FRI) que depende de la Policía Federal, un cuerpo especial para asistir a los gobernadores de las provincias soliciten su apoyo y trabajo complementario en la prevención del delito. La brigada se sumará a los uniformados nacionales que desde el viernes 26 de julio operan en distintos partidos bonaerenses más populosos.
Berni, a su turno, tomó nota de los reclamos de algunos jefes comunales y pidió a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires a que presenten el plan integral de seguridad local, ahora, con fecha al 15 de agosto. A través de la resolución 341/20, fijó “los lineamientos básicos para el fortalecimiento de las capacidades de la Policía de la Provincia y la jerarquización del rol de las municipalidades en la gestión de la seguridad ciudadana”. En esa misma decisión, publicada en mayo pasado, se definió modificar la estructura de la Policía bonaerense y crear la figura del Superintendente de Seguridad Regional, una suerte de jefe policial por distrito.
“Es un cambio de paradigma. Ahora la Policía bonaerense va a tener incidencia también sobre las policías comunales”, señaló Kravetz a Infobae, quien puso expresó su inquietud sobre los alcances de la reforma. Pero agregó: “Nosotros acordamos 100% en un plan de seguridad por distrito. Hace cuatro años venimos desarrollando el nuestro y nos permitió bajar el delito de manera impresionante. Ahora lo estamos ajustando a los nuevos requerimientos”.
Además de Kravetz, los funcionarios de las áreas de Seguridad Marcelo Sieczka (Berazategui), Roberto Mongelos (Florencio Varela), Gaspar de Stefano (Quilmes), Néstor Epeloa (Berisso), Marcelo Castillo (Brandsen) y Cristian Ávila (Lomas de Zamora) analizaron de manera virutal la nueva etapa de articulación con Nación y el gobierno bonaerense. Allí se concluyó en crear más acciones conjuntas de trabajo, facilitar información en caso de delitos cometidos en un radio que comprenda a más de un distrito - a través de sistemas de videovigilancia-, encabezar operativos y delinear estrategias integrales para la región.
Los datos oficiales dan cuenta de un repunte del delito en todo el país. Los homicidios dolosos durante el primer semestre de este año tuvieron una baja del 2% en comparación con el mismo período de 2019, mientras que los robos decrecieron un 26 por ciento. Entre mayo y junio se registró una recuperación de los niveles de criminalidad. En junio, se produjo un incremento con respecto a mayo “del aproximadamente 30 por ciento”, indicó ayer la ministra Frederic.
Los jefes comunales tienen su cuota de responsabilidad en la seguridad, pero no suelen contar con los recursos suficientes. Es habitual la queja de los intendentes de que son la “primera ventanilla” de los reclamos vecinales, cuando en muchos casos no cuentan con fuerza de seguridad propia. Y más aún cuando, según coinciden los funcionarios municipales, los delitos “no distinguen” ni entienden de límites jurisdiccionales, por lo que las estrategias deben ser delineadas de manera conjunta.
“Con la disolución de la Policía Local perdimos 240 efectivos que se fueron a distintos lugares. Ahora pedí un listado para rastrear a donde están y si hay forma de repatriarlos para Berisso”, ilustró Néstor Epeloa, el funcionario a cargo del área de Berisso. “Esto va a mejorar, hay situaciones que son intolerables pero nosotros no estamos aflojando. Sé que es difícil pero pedimos paciencia a los vecinos, vamos a estar para contenerlos”, apuntó ante una radio local hace unas semanas.
A raíz de la tensión entre Frederic y Berni, la “coordinación” entre distritos y jurisdicciones en materia de seguridad fue puesta de relieve como pocas veces en los últimos años. Los intendentes no le escapan a esa polémica. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, tuvo un cruce con su colega de Vicente López, Jorge Macri, por sus afirmaciones sobre la supuesta “falta de coordinación” entre la área de seguridad nacional y bonaerense. “Me llama la atención. Puede haber diferencia de ideas, pero nunca vas a ver a la Policía Federal tiroteándose con la Bonaerense y disputándose territorios de la droga como pasó en la gestión anterior”, replicó el jefe municipal de Escobar al ejemplificar con un fatal episodio ocurrido en el gobierno de María Eugenia Vidal.
Lo cierto es que el trabajo conjunto en curso no solo tendrá que atender y ajustar cuestiones jurisdiccionales, sino que impacta en temas de índole operativo que se vieron perjudicados por el coronavirus. En el gobierno bonaerense admitieron a Infobae que los contagios en las fuerzas de seguridad pueden afectar al patrullaje y las tareas preventivas en algunas localidades. En Lanús, Kravetz advirtió que los contagios llegaron a alcanzar el 30% de los efectivos en zonas del municipio. “En un solo día, tuvimos 27 personas aisladas y guardadas por un contagio”, describió.
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