Ocupación de tierras por parte de los mapuches, huelgas de hambre, incendios de viviendas, intimidaciones a turistas, ataques armados contra las fuerzas de seguridad y desalojos de estas comunidades fueron los ingredientes del cóctel que generó una escalada de violencia en el sur del país (la cual también recrudeció en Chile), que tiene como protagonistas a los integrantes de pueblos originarios, los gobiernos de Río Negro y Neuquén y el Estado nacional.
El principal foco de conflicto está latente en Villa Mascardi, donde la lof Lafken Winkul Mapu tiene ocupadas desde 2017 unas 30 hectáreas al costado del lago (a unos 35 kilómetros de Bariloche) y la situación recrudeció en noviembre de ese año con la muerte de Rafael Nahuel.
En tanto, el 10 de septiembre de 2019 la comunidad Buenuleo anunció oficialmente el proceso de recuperación de lo que ellos consideran su territorio ancestral. Son 40 hectáreas ubicadas en la zona del Cerro Ventana, las cuales fueron “arrebatadas de manera fraudulenta en el año 2014”, sostienen.
Referentes de esa comunidad indicaron que el conflicto se originó en agosto de 2014 tras la muerte de su ancestro Antonio Buenuleo y ante la aparición de un hombre que adujo haberle comprado las tierras. Según la comunidad, el supuesto propietario cuenta con un boleto de compra venta que ellos consideran ilegal.
En Neuquén, son varias las comunidades que resisten el desarrollo de la industria petrolera pero Campo Maripe, que es una de las más activas en el reclamo por la posesión ancestral de tierras, se encuentra en la zona de Añelo muy cerca de Vaca Muerta. El centro de la capital neuquina, en tanto, también tiene focos activos. Allí, las familias que integran las lof Newen Mapu y Puel Pvjv mantienen ocupadas unas 50 hectáreas.
Seis de los integrantes de Campo Maripe fueron juzgados en 2019 por usurpación y luego resultaron absueltos, pero el Tribunal de Impugnación anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio. El principal argumento de la defensa es que estos conflictos no deberían judicializarse ya que aún está pendiente el relevamiento territorial, después del cual se definiría el mecanismo de titularización de las tierras.
Por su parte, los mapuches de Newen Mapu y Puel Pvjv exigen que se respete la concesión de tierra que les hizo en 2011 el ex intendente radical Martín Farizano pero que nunca llegó a ser votada en el Concejo Deliberante de la ciudad.
Las históricas tensiones en la Patagonia están en el radar del Poder Ejecutivo, que puso en marcha efectiva en Río Negro el protocolo para la resolución “pacífica” de conflictos territoriales con los pueblos originarios y fue presentado en febrero pasado en el Consejo Federal de Seguridad Interior ante las provincias.
A ese mecanismo suscribieron el Ministerio de Ambiente, de Juan Cabandié, y su par de Justicia, Marcela Losardo, de quienes dependen las áreas de Parques Nacionales y el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI). Las carteras tienen la llave con las tres claves de una problemática estructural: el reclamo de tierras ancestrales, la cuestión ambiental y la seguridad.
“Desde el primer día de gestión decidimos que el tema mapuche y de los pueblos originarios iba ser radicalmente distinto al enfoque del anterior gobierno, que militarizó la Patagonia y fracasó con sus teorías insurreccionalistas. Por esa intervención hubo muertes y situaciones de tensión social que todavía estamos sufriendo”, indicó a Infobae el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks.
La gestión de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, está alineada con el reclamo de los vecinos y propietarios de la zona, quienes denuncian recurrentes hechos de vandalismo, agresiones y robos en la región. Este domingo, un nuevo hecho de violencia extrema contra la propiedad privada generó un enérgico repudio de la mandataria provincial. Ocurrió en el predio “La Cristalina”, donde grupos anónimos y encapuchados intentaron prender fuego varios inmuebles.
En el Ministerio de Seguridad reconocen la preocupación por las denuncias y que el problema de vandalismo “existe”, donde también están siendo afectados los guardaparques. De hecho, no descartan que alguna acción haya sido encabezada por mapuches.
Mientras tanto, las denuncias no logran demasiados avances en los tribunales: fiscales, jueces y denunciantes pocas veces logran identificar a los autores materiales. Solo en Bariloche, con la última denuncia que hizo el encargado de La Cristalina por los daños perpetrados en esa emblemática cabaña, son 17 las causas penales que se acumulan en el Ministerio Público Fiscal.
Las ocupaciones mapuches se producen en zonas muy demandadas turísticamente, como ocurre en Río Negro, y en sectores de alto valor productivo, como ocurre en Vaca Muerta. El valor aproximado de estas hectáreas es de 100 mil dólares pero los pueblos originarios insisten en que no se pueden vender y que son intransferibles.
Con el cambio de gobierno, también también se produjo un cambio en el abordaje de la situación. “No queremos que pase como en otras épocas, que la respuesta de los jueces sea la movilización de fuerzas federales con un resultado claramente negativo. Por eso estamos los funcionarios respondiendo ante este problema”, señaló Fuks.
En sus cuatro años de gestión, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich resistió las críticas de los organismos de derechos humanos y de la entonces oposición por priorizar el uso de la fuerza en los desalojos.
El conflicto mapuche recrudeció en Chile la última semana
En Chile, la situación recrudeció la semana pasada en la región de La Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago, por la reivindicación indígena de ese territorio. Con el telón de fondo de las huelgas de hambre de más de 90 días de los presos mapuche, varias comunidades decidieron ocupar las municipalidades de Ercilla, Curacautín, Victoria, Angol, Collipulli y Galvarino para protestar contra las autoridades. Por los disturbios, hubo 48 detenidos.
Los mapuches exigen la liberación de sus presos, entre ellos el machi (chamán) Celestino Córdova, condenado por el asesinato de una pareja de adultos mayores en 2013.
El conflicto mapuche ya provocó la muerte violenta de varios comuneros –el último, el del joven Camilo Catrillanca–, policías y agricultores, además de incendios de propiedades y maquinarias, con decenas de mapuches condenados bajo la ley antiterrorista.
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