El juicio oral y público por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez, y en el que está acusada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se reinició esta mañana después de cuatro meses de suspensión por la pandemia del coronavirus. La audiencia comenzó a las 9:30 mediante un sistema mixto: el Tribunal Oral y los testigos en una sala de audiencias y el resto de las partes mediante la plataforma digital de Zoom.
El uso de una plataforma digital se escogió ante las medidas sanitarias por el coronavirus que obligan a mantener una distancia social que las salas de audiencias de Comodoro Py no garantizan por la cantidad de personas que forman parte del juicio. Pero las defensas criticaron el sistema al inicio de la audiencia.
Objetaron que se pierde la inmediatez que todo juicio debe tener y que se violó la acordada 31 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que se estableció que las audiencias por videoconferecnia debían tener la conformidad de las partes. Inclusive Enrique Arce, defensor del ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal Carlos Kirchner, pidió la nulidad de la audiencia.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andés Basso, rechazaron el planteo y comenzaron a declarar los testigos citados para hoy.
La audiencia se desarrolló así: los jueces, los funcionarios y empleados del tribunal en la sala B de audiencias de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py. Allí también se presentaron los testigos Marcelo Ramírez y Enrique Romero, propuestos por la defensa del ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti. Por su parte, el fiscal Diego Luciani, los abogados de las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de las 13 defensas estarán en la plataforma Zoom.
De los 13 acusados estuvieron presentes vía remota cuatro de ellos: el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Raúl Daruich y Periotti. Cristina Kirchner no se conectó a la plataforma. Tampoco el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido ni Báez, preso en la cárcel federal de Ezeiza.
El juicio comenzó en mayo del año pasado y cuando se suspendió en marzo por la pandemia se encontraba en el inicio de la declaración de los testigos. El próximo debía ser Javier Iguacel, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad y quien presentó la denuncia penal en 2016 que derivó en el juicio.
Como el testimonio de Iguacel se prevé extenso y controvertido, algunas defensas pidieron que no declare bajo este sistema de videoconferencia. El tribunal lo aceptó y reprogramó las audiencias por Zoom para testigos que en principio no generarán testimonios largos.
A las 9 horas comenzaron a conectarse las partes. El secretario del tribunal, Tomás Cisneros, pidió que interactúen para probar el sonido. La conversación entre los abogados incluyó bromas. “¿Te casas hoy”?, le preguntó uno a otros porque estaba de traje. “Me muero si te levantas y estás en calzoncillos”, bromeó otro que recibió como respuesta: “Vamos a dejar la inquietud”.
El juez Gorini, que presidió la audiencia, la dio por iniciada y explicó que todas las partes iban a tener sus micrófonos cerrados y que si querían hablar iban a tener que hacerlo saber a través del chat de la plataforma. El juicio comenzó con objeciones de los abogados al sistema.
“Me fastidia la modalidad de silenciarnos a todos. Mandé un chat pero me dice el secretario que fue mal dirigido. Al procesamiento oral lo convirtieron en escrito y por chat. No sé si la próxima voy a tener que mandar un me gusta”, criticó el abogado Arce.
La defensa planteó la nulidad de la audiencia. Dijo que la videoconferencia no es el sistema que la ley prevé y que la Corte fijó en la acordada 31 que para hacerlo de esa manera se debe tener la conformidad de las partes. Las mismas críticas también fueron planteadas por otras defensas que pidieron expresamente estar en la sala de audiencias.
Tanto el fiscal Luciani como los abogados de la OA y la UIF pidieron rechazar la nulidad. “Yo también quisiera estar presente para interrogar de manera directa pero entiendo las circunstancias. No existe otra alternativa si queremos cuidar la salud y continuar el juicio”, respondió el fiscal. “No estoy de acuerdo con que nos silencien a todos. Hay interrupciones que tienen que ser inmediatas”, planteó Juan Carlos Duré, abogado de la OA.
El tribunal rechazó el pedido de nulidad y comenzaron a declarar los testigos. Primero declaró Romero, ex director del Instituto Cemento Portland Argentino, y después Ramirez, ingeniero de YPF que integra la Asociación Argentina de Carreteras. Los dos se sentaron en un escritorio frente a los jueces que fue sanitizado antes de cada declaración. “Se puede sacar el tapaboca, estamos a una distancia segura”, le dijo Gorini a los testigos.
Los dos testigos hicieron referencia al uso del cemento y de los procedimientos del asfalto en la obra pública y aclararon que no conocieron las licitaciones sobre las 52 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz y que son las que se están juzgando.
La audiencia terminó como se inició: con críticas a la plataforma. El abogado Mariano Fragueiro Frías, a cargo de la defensa del ex jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad Héctor Garro dijo que durante la declaración de los testigos se quiso oponer a algunas preguntas pero que usando el método del chat llegó tarde y que el testigo igual contestó. “Va a haber declaraciones claves contra las que este sistema va a atentar. Si especulamos con el delay vamos a desvirtuar el juicio”, planteó. Otras defensas y el fiscal apoyaron el planteo. El juez Gorini adelantó que intentarán modificar el sistema para la próxima audiencia.
El juicio se retomará el próximo lunes a las 9:30 y a partir de la semana siguiente habrá dos audiencias por semana, los lunes y los martes.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación, esas irregularidades fueron el pago de sobreprecios para obras que no se terminaron y la falta de antecedentes técnicos para acceder a los trabajos.
La defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, había pedido que el juicio sea transmitido por internet –por el Centro de Información Judicial o por Youtube- para que el público pueda seguirlo ya que por la pandemia no puede concurrir a tribunales. El tribunal rechazó el pedido y dispuso que quien quiera verlo se inscriba para seguirlo por la plataforma Zoom.
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