Tres fiscales federales acusaron al intendente de la localidad salteña de Aguaray, Jorge Prado; a su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, y a cuatro empresarios, por el millonario robo de 35 kilómetros de caños correspondientes a un tramo del gasoducto del NEA, la obra de infraestructura proyectada en 2003 para llevar gas importado desde Bolivia, a través de Salta, a cuatro provincias que aún dependen de garrafas y que nunca llegó a cumplirse en su totalidad.
En una audiencia virtual, que se realizó la semana pasada, el fiscal general de Salta, Eduardo Villalba, y sus pares de las sedes descentralizadas de Orán, José Luis Bruno; y Tartagal, Marcos Romero, se formalizaron y ampliaron las imputaciones en el marco de una investigación iniciada en febrero, en una causa que está a cargo del juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya.
De acuerdo reveló el periodista del diario El Tribuno Antonio Oieni en un informe presentado ayer por Jorge Lanata, en Canal 13, los caños están valuados en 5 mil dólares cada uno y el intendente Prado “regaló” 35 kilómetros de gasoducto, una suma aproximada de de 13.500.000 dólares.
Según explicó el fiscal Villalba en la audiencia, Prado, intendente de Aguaray, localidad ubicada a 400 kilómetros de la capital de Salta, fue quien posibilitó la desafectación de los caños, a partir de una resolución municipal que sirvió para el saqueo del material por parte de distintos implicados. Por ello solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal y que se le prohíba salir del país.
Para el fiscal, en esa intervención, el jefe comunal avaló la extracción de los caños y su entrega a la empresa OSYP SA, bajo la excusa de que causaban un grave daño al ambiente, condición que aseguró a partir de su profesión como ingeniero ambiental, empresa que a su vez revendía el material. La Justicia también imputó al empresario Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil SA, con asiento en el partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires.
Villalba le endilgó a Rossi los delitos de “robo agravado y fraude a la administración pública” por su presunta participación en la sustracción de, al menos, 52 caños del gasoducto, que fueron secuestrados de instalaciones de su empresa, a la que habrían llegado mediante maniobras y la utilización de documentación ilícita.
Por su parte, el fiscal Bruno siguió con la acusación e imputó el delito de robo calificado a cuatro nuevos implicados. Se trata de Cristhian Marcelo Buczeck, encargado de la empresa Vera SA; Andrés Ayala, gerente de la firma Peterser SRL; y Milton Rene Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de la firma MyP, ex WeatherFor.
En su exposición, Bruno sostuvo que los acusados participaron de las maniobras realizadas el 14 de abril último, que llevaron a la sustracción de 170 caños del gasoducto en el paraje El Desemboque, a 140 kilómetros de la localidad General Mosconi, del norte salteño. El fiscal apuntó que las maniobras se llevaron adelante a partir de documentación que conducía al intendente Prado y su resolución, que es el común denominador en todos los hechos.
La construcción del gasoducto del noreste se anunció a fines del año 2003. El entonces ministro de Planificación y Obras Públicas del kirchnerismo, Julio De Vido, prometió una inversión de 1.380 millones de dólares para una obra que iba a beneficiar con gas natural a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Salta.
Según un informe del diario El Tribuno, el tramo salteño desmantelado por los robos era la pieza clave del proyecto, ya que debía canalizar el gas importado desde Bolivia hacia el oeste salteño, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe. Ese tramo fue adjudicada por Enarsa a la empresa Servicios Vertúa, que finalmente se retiró en diciembre de 2015, dejando las obras con un avance del 53,92%, tras haber cobrado un adelanto de obras por trabajos que nunca realizó de $733 millones, según otra denuncia de Lanata, en 2016.
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