Reforma judicial: el kirchnerismo negociará con la oposición en el Senado para evitar que el proyecto se frene en Diputados

El proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal ingresó al Senado menos de 24 horas después del acto de presentación de Alberto Fernández. De inmediato se giró a comisión y María de los Ángeles Sacnun y Oscar Parrilli, presidentes de Asuntos Constitucionales y Justicia y Legislación Penal, dos ultrakirchneristas, convocaron a un plenario para el próximo martes a las 16 con la presencia de la ministra de Justicia Marcela Losardo.

Será el debut de Losardo en el Congreso: junto con el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y el de Economía, Martín Guzmán, son los únicos tres que no expusieron aún frente a ninguna comisión cuando tienen contacto con el Parlamento y sus representantes. En principio, y a pesar de las declaraciones de los últimos días, el escenario que la espera parece más prudente y pesimista que hostil, aunque seguramente la posibilidad de la ampliación de la Corte (que no forma parte del paquete en análisis aún sino que está en manos del anunciado Consejo Asesor) y el futuro de los jueces que actúan en las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner sean motivo de reclamo y consulta.

Desde el miércoles, día del acto, hasta el llamado a los 17 integrantes de una comisión y los 19 de la otra (algunos repetidos pero que emiten su voto en cada una de ellas), el panorama cambió sólo un poco para el oficialismo en el Congreso. En el Salón Blanco, en forma presencial y remota, hubo un puñado de opositores (de Consenso Federal, el Frente Renovador de la Concordia, Juntos Somos Río Negro y otras fuerzas provinciales), pero ningún senador ni diputado de Juntos por el Cambio, fuerza política que emitió un duro comunicado tras una reunión en la que participaron Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro y los jefes de los bloques parlamentarios. El jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, habló por teléfono con Luis Naidenoff, su par de la coalición opositora, e intentó hacerlo cambiar de opinión. Aunque en el cierre de la sesión del jueves confrontaron con fuertes discursos, mantienen el diálogo permanente.

A partir del próximo martes la reforma judicial comenzará a ser analizada por dos comisiones en las que ambas alianzas políticas están representadas por muchas de las figuras más fuertes y activas, como los radicales Luis Naidenoff, Oscar Castillo, Pamela Verasay, Silvia Elías de Pérez y Silvia Giacoppo y los peronistas Anabel Fernández Sagasti, Martín Doñate, Adolfo Rordíguez Saá y Mariano Recalde, entre otros.

A Sacnun la secunda la cordobesa del PRO Laura Rodríguez Machado que a pesar del faltazo al acto del Presidente y de algunos tuits con alusiones en contra de la reforma, guardará prudente silencio por unos días. No es una postura individual: el interbloque decidió estudiar punto por punto la iniciativa de 60 páginas, escuchar a la ministra Losardo y auscultar la actitud de los senadores oficialistas en la primera reunión antes de emitir otra opinión. El lunes además habrá una reunión de mesa en Juntos por el Cambio para unificar posturas.

Si bien no todos los opositores creen que el proyecto de reforma sea reprochable, subrayan que las urgencias de los argentinos pasan por la situación económica; miran con desconfianza a la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner, y al oficialismo que no cuenta con los dos tercios de los votos para designar jueces de la Corte o al Procurador General pero sí la mayoría simple que requiere la designación de los futuros jueces. Se preguntan también cómo se pagará la inversión que requiere la apertura de juzgados en todo el país mientras preparan una lista de posibles expositores para sumar a los que proponga el Frente de Todos tras la participación de la ministra Losardo. Cuán amplia sea la participación de especialistas y cuán extenso sea ese debate será para la oposición la medida que marcará el rumbo y el futuro de la reforma. Por ahora, son precavidos y, en general, pesimistas.

Sin embargo, la propia ministra Losardo buscó despejar temores tras el acto del miércoles. Amiga personal y socia en el estudio que compartieron por años con el Presidente, la funcionaria aseguró que el proyecto “está lejos de querer lograr impunidad” y además sugirió que antes de criticarlo se lea.

Cerca de Oscar Parrilli, uno de los más leales a la Vicepresidenta, aseguran que el bloque oficialista inició conversaciones con la oposición y que “no está cerrado ni el diálogo ni la recepción de propuestas”, por lo que el debate podría ser extenso. El tratamiento será “sin apuro”, aseguran, tal vez porque sea una iniciativa del Presidente y no de puño y letra de su Vice o porque intentarán, según prometen, avanzar en una ley que tenga ”el mayor consenso posible”.

El proyecto de ley ingresó al Congreso bajo la sombra de la resolución que tomó el Consejo de la Magistratura respecto a una docena de jueces cuyos traslados, dispuestos por el ex presidente Mauricio Macri, se cuestionan. La remisión de ese listado a Presidencia para su posterior giro al Senado puede ser otro punto que influya en la definición del apoyo o no de la oposición, parcial o general, a los cambios en el Poder Judicial. El bloque radical tiene bajo la lupa varias designaciones de esos jueces.

De hecho en su discurso en el recinto, mientras argumentaba el apoyo opositor al proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda bajo legislación local, el radical Martín Lousteau propuso trabajar “juntos” y si bien cuestionó la reforma judicial consideró que sería una oportunidad para avanzar sobre privilegios de los jueces como la exención del pago del impuesto a las Ganancias.

A diferencia de otras iniciativas polémicas, en las que los más prudentes tomaban distancia del kirchnerismo, en un sondeo de Infobae puertas adentro del Frente de Todos se percibe consenso respecto de la reforma que incluye un capítulo que interesa a las provincias como la duplicación de los juzgados federales en el interior. En el medio, el rionegrino Weretilneck participó del acto vía teleconferencia y en principio acuerda con algunos puntos aunque no garantizó su apoyo; antes Juntos Río Negro analizará a fondo la propuesta.

En ese contexto hay cautela en el oficialismo: un senador de peso admitió a este medio la necesidad de analizar puntillosamente el proyecto redactado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para evitar cualquier futuro planteo de inconstitucionalidad como ocurrió en el pasado con intentos de reformas K. Dijo también que el pliego de cada juez deberá estudiarse en detalle sobretodo en el marco de las sesiones remotas en las que las discusiones son álgidas y condicionadas. Aún cuando en la Cámara Alta se votaron varias iniciativas sin apoyo opositor, como el rechazo a un DNU firmado por Mauricio Macri, el oficialismo reconoce que la reforma judicial tendría mayor legitimidad si saliera por consenso, además de que imponer la mayoría del Frente de Todos en el Senado no garantiza el trámite posterior en la Cámara de Diputados. Y ese error, sostienen, ya se cometió con medias sanciones que del otro lado del Palacio se guardaron en un cajón.

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