Jueces y fiscales en la mira del Gobierno observan con preocupación su futuro

Van a resistir. Esa es la opinión unánime de los jueces y fiscales que parecen estar en la mira del Poder Ejecutivo Nacional por diversos motivos, pero sobre todo por sus investigaciones en las causas de corrupción durante los gobiernos kirchneristas y por haber declarado públicamente que Alberto Nisman, el titular de la UFI AMIA, fue asesinado. También coinciden en opinar que la reforma judicial que presentó el presidente Alberto Fernández es “horrorosa”. Tienen, además, un ojo puesto al Consejo de la Magistratura para que los protejan ante una hipotética posibilidad de que se intente algún tipo de “traslado”, algo que interpretan que no ocurrirá porque “sería un escándalo” y “una intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial”. De todos modos dejan una puerta abierta porque “como se ve, todo puede pasar”. “Quieren jueces amigos. Aspiran a una Corte Suprema ‘adicta a sus intereses’ como en los años ‘90”, entienden.

La lista de magistrados e integrantes del Ministerio Público Fiscal que podrían verse sometidos a presiones por los expedientes que instruyen es larga, pero se puede resumir con los siguientes nombres: los fiscales Carlos Stornelli, José María Campagnoli, Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuan, Raul Plee, Eduardo Taiano, y los jueces Julián Ercolini, Martín Irurzun, Carlos Mahiques, María Eugenia Capuchetti, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertucci, Gustavo Hornos y Daniel Antonio Petrone.

Con más y con menos, es una sumatoria de “indeseables” -sobre todo para el ala K del gobierno, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza- porque tuvieron fallos adversos sobre la propia ex mandataria, porque tramitan en sus despachos expedientes donde está involucrada, o debido a las investigaciones que realizaron sobre ex funcionarios o allegados a las tres administraciones kirchneristas, como por ejemplo “Los cuadernos de Centeno”, “Vialidad”, “Obra pública”, “enriquecimiento ilícito”, “operaciones con dólar futuro”, “lavado de dinero”, “firma del Memorándum de Entendimiento con Irán”, “direccionamiento de obras viales”, “Los Sauces” y “Hotesur”, entre otras.

Entre otros, en esas causas, fueron procesados y/o detenidos, Cristina Fernández, y su compañero de fórmula Amado Boudou, Lázaro Báez, Carlos Kirchner, Julio de Vido, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Luis D’Elía, Roberto Baratta, Víctor Manzanares, Antonio Pérez Gadín, Ricardo Jaime y Milagro Sala.

Carlos Stornelli: “Así actúa la mafia”

“Tengo cuarenta años en el Poder Judicial. Voy a seguir trabajando como siempre. Sé que molesto. Señal que hago bien mi trabajo. No busco felicitaciones, ni la amistad de los gobernantes de turno. Lo que hace este gobierno no se condice con lo que dice. El Presidente habla de justicia independiente y, como ya pasó en los años ’90, quieren colonizar la Corte Suprema ¿Miedo, temor? No. Desde la Causa Armas para acá, en todos los gobiernos me amenazaron, me intimidaron, y siempre seguí trabajando, investigando. Actúan como las mafias. Matando, haciendo desaparecer, armando causas, denunciando ante el Consejo de la Magistratura falsamente. Entiendo que molesto porque los investigué y aún tengo una causa en la que está involucrada la Vicepresidenta de la Nación. Por eso no puedo opinar si detrás de esta reforma está ella buscando impunidad como me pregunta. Solo puedo decir que la sensación es que la política está detrás de esta reforma. Una reforma que va a ser impracticable. Esta reforma está hecha para manipular a los jueces que van a poner. Además, hay otra trampa. El régimen de subrogancia, que son los jueces que por un año y medio van a poner ellos y van a recibir las nuevas denuncias. Estamos en un circulo vicioso del que no salimos nunca”, dice con su voz baja y calma característica el fiscal federal Carlos Stornelli.

-¿La embestida contra el Poder Judicial empezó ahora o viene de antes?

-Los operadores del Gobierno hace rato que están dando vuelta por los pasillos de tribunales y entran a los despachos. Qué hablan no lo sé. Esas son cosas que ha sucedido toda la vida. La independencia se ejerce, no se declama. Quizás haya gente que vendió su alma al diablo, o trabaja de esa manera. No me consta, no voy a señalar a ninguno, pero no voy a negar que por acá andan los operadores, y no solo dan vuelta en el fuero federal, también en el ordinario. No es una realidad que escape a un fuero o a otro. El este proyecto, no se soluciona nada, solo agrava el problema. El Gobierno busca que no se investigue.

-¿Como es eso?

-Solo hay que mirar a los que persiguen. O a quien persigue. Al que no hace nada no lo persiguen, no le dicen nada. Esa es la respuesta. Si hay un hecho de corrupción grave, como varios de los que yo investigué, el Gobierno se tendría que poner al frente, dándonos los elementos necesarios y buscar la protección de los investigadores. Fijate lo que pasó con Alberto Nisman. Lo mataron. Acá a una persona que investiga, que va para adelante, que puedo ser yo o Campagnoli: se lo persigue, juicio político, operación mediática, desgaste en donde se pueda, injurias. Y vos no podés contestar. Tenés que guardar la mesura porque buscan recusarte. El gran problema no es la cantidad de juzgados. El problema de los jueces malos, se soluciona con un Consejo de la Magistratura que funcione. El que tenemos hoy agrava el problema. El problema más grande que tiene la Justicia hoy es la militancia política en la Justicia. El problema es que haya magistrados que militan políticamente, que no pueden, pero además la llevan a su trabajo y a sus decisiones. El Gobierno busca soldaditos. Ahora, además de amenazar a los que le molestamos, van a llenar los juzgados de militantes por un año y medio. Con eso se aseguran que las denuncias que se hagan durante estas gestión caigan en manos controladas. No se va a buscar gente proba e independiente. Los que tratamos de ejercer con independencia la función somos hostigados, injuriados, denostados, amenazan a nuestras familias. Realmente hay una matriz mafiosa en el Estado que no es patrimonio de este gobierno. Hay una matriz mafiosa del Estado que hace que todo esto suceda. El venal no va a tener ningún problema. El ‘chupa medias’ no va a tener ningún problema. El temeroso, de carácter menos firme se alinea inmediatamente. El que ve a todas las infamias a las que me sometieron porque inicié una investigación grande, lo piensa tres veces antes de hacerlo. El presidente Carlos Menem pidió mi cabeza públicamente por la Causa Armas. El gobierno de Kirchner me acosó y me persiguió y me denostó cuando comencé a investigar el caso Skanska. Cada vez que tocas algún nervio que no les gusta, el fiscal debe desaparecer. Desde el primer día tengo una firme convicción de que al fiscal Nisman lo mataron.

-Solo espero que ni a usted ni a ningún juez y fiscal que investigue al poder le pase absolutamente nada.

-Lo que pasa es que cada vez vamos peor en la Argentina. El juez (Norberto) Oyarbide era la espada de esa gente, y se jubiló sin ningún problema. Otros jueces que se jubilaron también. Y los tipos que queremos trabajar tenemos problema. Nos aprietan, nos amenazan... Matan.

Carlos Stornelli fue el fiscal federal que estuvo a cargo de investigar la megacausa conocida como los “cuadernos de la corrupción”, sobre supuestos sobornos por más de 160 millones de dólares que se habrían pagado durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, esto es entre los años 2003 y 2015. En el marco de ese escandaloso expediente, se procesó a lo más granado del empresariado argentino, y a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández, e incluso el juez Claudio Bonadio solicitó la detención de la entonces senadora.

Como derivación de esa causa, Stornelli fue denunciado por una presunta extorsión a un empresario. El fiscal federal, que dialogó con Infobae, negó la imputación y sostuvo que todo se trató de “una operación para embarrar la cancha”.

El 18 de diciembre de 2019, cuando Alberto Fernández ya se había impuesto en las elecciones presidenciales al entonces mandatario, Mauricio Macri, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a Stornelli como presunto responsable de una asociación ilícita donde se investigan presuntas maniobras de espionaje y extorsión, y le impuso un embargo de 10 millones de pesos.

“Este es el tipo de armados de causas que utiliza y seguirá utilizando el kirchnerismo para desprestigiarme, para que no siga adelante con mis investigaciones. Pero voy a seguir trabajando, hacia adelante como hice siempre”, dice.

“Desplazarnos sería una injerencia sobre otro poder del Estado”

Infobae dialogó con varios de los jueces y fiscales que “molestan” al poder político actual. Así como algunos lo hicieron a grabador abierto, otros prefirieron opinar sin que aparezca su nombre escrito. Temen represalias.

Un juez federal de reconocida trayectoria, y que supo investigar varias de las causas más sensibles contra el kirchnerismo, no dudó en calificar de “horroroso” y el texto de la reforma judicial que el primer mandatario presentó en en Casa Rosada, sin la presencia de los principales espacios de la oposición y del Poder Judicial. De hecho, de los cinco jueces que integran la Corte Suprema de Justicia, solo estuvo presente Elena Highton de Nolasco.

“A la reforma que había propuesto Gustavo Beliz, y que era muy similar a la que intentó en 2004, le ganó la reforma de Beraldi, el abogado de Cristina. No sabemos qué sentido tiene la presentación de esta reforma de la justicia en el peor momento de la pandemia del coronavirus, cuando golpea y con fuerza la crisis económica, y cuando aún ni siquiera esta funcionando en todo el país el nuevo sistema acusatorio”, afirma y destaca que la pretendida ampliación de la Corte Suprema de cinco a nueve, a doce, a quince o a diecinueve miembros, como se hizo trascender, “es un intento para buscar impunidad posiblemente para cuando las causas que tiene en trámite la vicepresidente de la Nación lleguen al alto tribunal”. “Todas las modificaciones que se hicieron en la Corte, ampliando o achicando la cantidad de sus miembros, respondieron a necesidades políticas. En los años ’90 se amplió a nueve la cantidad de integrantes y el resultado fue nefasto. Solo fue para tener una Corte adicta e intentar condicionar con ese ejemplo, al resto de los jueces, sobre todo, a los del Fuero Federal”, precisa el magistrado, que entiende que tanto él como varios de sus pares están en la mira de las nuevas autoridades. “Porque nos desempeñamos con independencia al poder de turno”, explica.

-¿Teme que lo trasladen, que lo muevan de juzgado?

-No creo que se atrevan a eso. Eso sería una clara injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Sería atentar contra el juez natural. Eso no va a prosperar. El Consejo de la Magistratura es muy posible que reintegre a los jueces que fueron movidos por el gobierno anterior.

-¿Y usted está tranquilo sabiendo que no es uno de los jueces “amigos” del Gobierno y menos del kirchnerismo?

-Yo sigo trabajando como todos los días. Pero entiendo que los gobiernos embisten contra los jueces y fiscales que investigan y molestan.

“Vamos a limpiar a tu familia”

Otros dos jueces y un fiscal, que no hicieron más que obligar a transitar los pasillos del edificio de Comodoro Py a la dos veces ex mandataria mencionaron la “falta de escrúpulos” del kirchnerismo para “apretar” a quienes habían avanzado en las denuncias penales en su contra.

Recordaron el secuestro exprés que sufrió el hijo del fiscal Eduardo Taiano en 2005, justo cuando debía dictaminar si apelaba o no ante la Cámara la decisión tomada por el juez Julián Ercolini de sobreseer en la primer causa que se le abrió al ex presidente Néstor Kirchner por presunto Enriquecimiento ilícito y que abarcaba el período 1995 y 2004, siendo gobernador de Santa Cruz y luego presidente. Finalmente no apeló. El día que mantuvieron a su hijo dando vueltas en una camioneta durante dos horas sin robarle nada, vencía el plazo para hacerlo y nunca llegó a tribunales. Estaba desesperado por otra cuestión.

Taiano claramente es uno de los fiscales que incomodan al poder. Por ejemplo, fue el fiscal que pidió que se eleve a juicio oral la causa en la que la ex presidenta se encontraba procesada por el supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

Ercolini, a pesar de esa primera medida que pareció beneficiar a la familia Kirchner, se trasformó en otro de los magistrados que podrían estar en la mira de un sector de la coalición gobernante. Se mostró independiente cuando le tocó actuar en causas de causas de corrupción que involucraban a funcionarios de los dos últimos gobiernos kirchneristas.

Por ejemplo procesó y ordenó la detención del empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, propietarios del ex Grupo Indalo, al considerarlos “partícipes necesarios” del delito de administración fraudulenta por la presunta deuda a la AFIP de $8 mil millones por no haber pagado el impuesto a la transferencia de los combustibles durante cuatro años.

Pero así como Taiano habría sido intimidado con el secuestro de su hijo, otro de los movedizos fiscales que hurgaron en la corrupción kirchnerista también recibió fuertes amenazas. Se trata de Guillermo Marijuan. Entre otras pesquisas estaba a cargo de la investigación por lavado de dinero que incluía al empresario kirchnerista Lázaro Báez -aún preso en el penal federal de Ezeiza-. El domingo 5 de mayo de 2013, a las 15.30, cuando el funcionario judicial estaba en un bar del barrio porteño de Belgrano, un hombre se le acercó y le entregó sobre. Dentro, un papel rezaba: “Te vamos a limpiar a vos y tu familia”.

El fiscal federal fue quien tuvo una importante exposición mediática al investigar la denominada “Ruta del dinero K”, investigación que llevó a ordenar el allanamiento simultáneo unas 40 propiedades del dueño de Austral Construcciones en El Calafate, una de las cuales la comparte con la ex presidenta ubicada en la localidad de Punta Soberana. Se trata de un terreno de 87.000 metros cuadrados.

Fiscal Ricado Saenz: “El kirchnerismo me señaló como un fiscal golpista”

La foto de su perfil en la red social de Twitter habla por sí sola. Allí se la ve a Cristina Fernández de Kirchner durante la apertura de la sesiones ordinarias en el parlamento nacional el 1 de marzo de 2015 mostrando el rostro del fiscal de la cámara criminal de Capital Federal por ser uno de los organizadores de la marcha por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el titular de la UFI AMIA que fue hallado en baño de su departamento horas antes de presentarse en una comisión de la Cámara de Diputados para exponer los fundamentos de su denuncia en la que acusaba a Cristina Fernández de encubrir a los terroristas que volaron la mutual judía el 18 de julio de 1994.

“El gobierno kirchnerista, a través de sus voceros, me señalaba como a un fiscal golpista por haber sido uno de los organizadores de la marcha denominada 18F. Con posterioridad a eso, cuando dictaminé que la muerte de Nisman no era un suicidio, sino un homicidio, Cristina Kirchner me escrachó por cadena nacional. Eso fue diez días de la multitudinaria marcha debajo de la lluvia. Pero mostró mi foto escrachádome”, recuerda Saenz en diálogo con Infobae.

“La sociedad está preocupada por la salud, la economía y la falta de un horizonte. La gente no piensa en una reforma judicial. Eso no está entre sus prioridades. El otro problema es que la reforma judicial es una cuestión de Estado que requiere un consenso”, sostiene el fiscal que dispara: “El proyecto hace hincapié en el sistema acusatorio, y a lo único que le dan prioridad es a la creación de juzgados”.

Sáenz, al igual que otros de sus pares, no cree que él, u otros funcionarios judiciales vayan a ser corridos de sus fiscalías y juzgados por más que el Poder Ejecutivo Nacional, los quisiese ver en una base antártica.

-¿Con esta reforma se busca la impunidad de los ex funcionarios y de la vicepresidenta?

-No quiero ser prejuicioso pero no puedo ser ingenuo. Todo parece ir para ese lado. La propia Cristina hace 15 años dijo que se amplían las cortes para hacer maniobras políticas. Y el Presidente también dijo los integrantes de la Corte Suprema no debía ser mayor a cinco.

-¿Por qué cree que usted es un fiscal con el cual el Gobierno no quisiera convivir?

-Yo no se si no quieren convivir conmigo. Pero evidentemente en aquel momento no les gustó mi actuación en la causa del homicidio de Nisman.

“Que el abogado de Cristina Kirchner trabaje en la reforma judicial es un mensaje a los jueces que la juzgan”, le dice a Infobae el fiscal de distrito de Saavedra, José María Campagnoli, otro de los integrantes del ministerio Público Fiscal que fue perseguido durante el último gobierno de la actual Vicepresidenta. De hecho, fue suspendido de su cargo por haberse excedido en una investigación que terminó revelando actos de corrupción durante la administración de Cristina Fernández. Por entonces, año 2014, miles de personas salían a las calles de la Ciudad de Buenos Aires para que sea repuesto en su cargo.

“TodosConCampagnoli” era la consigna convocante. El fiscal enfrentaba un proceso impulsado por entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien consideró que el funcionario se extralimitó en sus facultades al investigar una causa competente al fuero federal. No obstante, la oposición denunció que en realidad se trató de un proceso para amedrentarlo ya que la información a la que había accedido el investigador ligaba al empresario patagonico Lázaro Báez, con la denominada “ruta del dinero K” en la que se pesquisaba el presunto delito de lavado de dinero.

En el marco de ese jury de enjuiciamiento Campagnoli fue suspendido. El 18 de julio de ese año, el tribunal de enjuiciamiento resolvió anular la suspensión que pesaba sobre él y habilitarlo para volver a la fiscalía de Saavedra.

Ricardo Gil Lavedra, el abogado defensor del fiscal opinó al conocerse el fallo que “Campagnoli ha sido víctima de una brutal persecución de la Procuración”

“Estamos asistiendo a la colonización total del fuero federal. Esto es peor que la época del menemismo o que la llamada autoamnistía, porque ahora le van a dar al Poder Ejecutivo la posibilidad de nombrar 23 jueces afines y que seguro son para toda la vida”, le dijo Campagnoli a este medio al ser consultado sobre la reforma judicial que impulsa el presidente Fernández y agregó: “Algunos pueden leer esto como una amnistía para las causas de corrupción que se están tramitando”.

Los jueces de la discordia

El camarista Martín Irurzun también es visto con recelo por algunos integrantes del Poder Ejecutivo. Desde el kirchnerismo lo señalaron como el juez que permitió que se filtraran escuchas telefónicas en las que se escuchaban diálogos carentes de relevancia judicial entre la ex mandataria y, por ejemplo, el actual senador nacional Oscar Parrilli, y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La sospecha se basaba en que el magistrado estaba a cargo de la oficina de escuchas de la Corte Suprema, un hecho que nunca fue corroborado. Es más, las autoridades de esa dependencia siempre se desligaron de aquellas situaciones irregulares y violatorias de la privacidad y aventaban sospechas sobre los funcionarios de la AFI, que durante la presidencia de Mauricio Macri estaba a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Irurzun, junto a Eduardo Farah, fueron los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal porteña que confirmó el procesamiento a la ex presidenta por administración fraudulenta, en la causa por la venta de dólar futuro al final de su Gobierno.

El magistrado también fue uno de los que confirmó los 15 procesamientos resueltos por el juez federal Claudio Bonadio, entre ellos los de Fernández de Kirchner, el ex ministro de Economía, y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli.

La lista de magistrados que podrían estar apuntados por el kirchnerismo y actuales funcionarios del gobierno nacional es larga. Sucede que las centenares de causas judiciales contra los tres últimos gobiernos kirchneristas tramitaron en buena parte de los tribunales federales de Comodoro Py.

María Eugenia Capuchetti fue la última jueza que integra la nómina de Comodoro Py. Juró el 7 de mayo del año pasado. Ocupó la vacante que había dejado Norberto Oyarbide en el juzgado federal número 5. En el kirchnerismo la observan con recelo. El 17 de junio pasado, en medio de la pandemia, solicitó le pidió al Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia un informe sobre controles hechos a los peritos que firmaron la pericia en una causa que investigó a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner por supuesto enriquecimiento ilícito.

Oyarbide ya la había sobreseído en el año 2009 después de recibir una pericia encomendada al cuerpo de peritos del máximo tribunal. También le solicitó al Consejo de la Magistratura para que informe si hubo denuncias contra su antecesor por presuntas irregularidades en esa investigación.

Leopoldo Bruglia es un experimentado juez de juicio. Por su tribunal pasaron resonantes causas como el megajuicio por la ESMA, la tragedia de LAPA y la condena de María Julia Alsogaray, la polifuncionaria del gobierno de Carlos Menen, por enriquecimiento ilícito. Pero quedó en el centro de la escena cuando pasó a formar parte de la Sala I de la Cámara de Apelaciones porteña y avaló a través de sus fallos las prisiones preventivas contra ex funcionarios de del último gobierno cristinista. Los camaristas Bruglia y Pablo Bertucci, ratificaron también, en diciembre de 2018, el procesamiento por presunta “asociación ilícita” de la entonces senadora Kirchner en la causa que investiga supuestos sobornos registrados en los “cuadernos de la corrupción”.

La ex Presidenta cuestionó la resolución y vinculó el fallo a un pedido “a de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el desastre de la economía”. También resaltó que la medida judicial estaba firmada por los dos magistrados “designados recientemente por el macrismo”.

Gustavo Hornos, como integrante de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal federal, resolvió que la causa que tiene como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner por presuntas irregularidades en contratos para obras viales otorgados a Lázaro Báez, y la que también lo tiene como acusado de maniobras de lavado de dinero por al menos 60 millones de dólares, tendrán juicios orales separados.

En el fallo se señaló que aunque pudiera existir alguna conexión entre ambos expedientes, hacer un megajuicio podría derivar en un retraso “colosal e innecesario”. La decisión corrió en la misma línea que lo dictaminado por el fiscal de cámara Raúl Plee -otro funcionario judicial atacado por el kirchnerismo- y con lo que había señalado también el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) cuando rechazó absorber la causa contra Cristina Fernández de Kirchner para juzgarla con la de lavado. El fallo de Casación, a su vez, hizo una especie de llamado a los jueces a actuar con celeridad en los casos de corrupción.

El juez de Cámara de Casación Penal Carlos Mahiques fue ministro de justicia de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, entre 2015 y 2017, después, y con acuerdo del Senado de la Nación, llegó a su actual cargo.

Dos años después, la propia Cámara Federal lo designó para representar al tribunal en la comisión de emergencia penitenciaria federal que creó el Ministerio de Justicia de la Nación, por entonces a cargo de Germán Garavano. El hecho generó polémica porque el área penitenciaria que debía auditar y controlar estaba a cargo de Juan Mahiques, uno de sus hijos.