La vicepresidenta Cristina Kirchner tiene hoy una causa menos en su contra. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el sobreseimiento de la ex jefa de Estado en la causa por los documentos históricos que se habían encontrado en su casa de El Calafate, durante los allanamientos en el marco del caso cuadernos. La fiscal Alejandra Mángano promovió el cierre de la pesquisa por entender que no estaba claro que hubiera existido un delito pero que, de haber existido, ya no podía juzgarse por el paso del tiempo.
Aunque la noticia se conoció recién ahora, el fallo fue firmado el 18 de junio y ya quedó firme. Bonadio había acusado a la entonces senadora por encubrimiento, pero la Cámara Federal entendió que no estaba claro que esos documentos hubieran sido robados para achacarle esa figura penal. Sin embargo, la procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juez, que falleció en febrero, había entendido en mayo de 2019 que el caso debía ir a juicio, pero se pidieron más medidas de prueba. Y desde hacía más de un año en los tribunales de Comodoro Py esperaban que desde Chile se contestaran unos oficios. El tema no avanzaba. Es más: ni siquiera pudieron dar con el funcionario de ese país que debía responder las consultas.
Todo gira en torno a la causa que se abrió contra Cristina Kirchner por tener en su residencia de El Calafate documentos históricos: un prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen y una carta que José de San Martín le escribió desde Francia al patriota chileno Bernardo O’Higgins en 1835.
Esos documentos habían sido encontrados en agosto de 2018 en la casa de la hoy vicepresidenta, cuando el juez Claudio Bonadio había motorizado los allanamientos que fueron avalados por el Senado. Justamente, Cristina Kirchner recordó hace unos días, en su pelea con el senador Martín Lousteau, que ella había “soportado cualquier cosa” de la oposición, incluidos los allanamientos.
La policía llegó hasta el 26 de agosto de 2018 a la residencia de El Calafate, en las calles Padre de Agostini y Los Tehuelches y comenzó a buscar. En aquel momento, la senadora difundió en sus redes sociales cómo habían roto su hogar. Dentro de un pequeño ambiente, cerca de la escalera que unía la escalera con la cocina, los uniformados encontraron una carpeta de plástico con el prontuario policial del ex presidente Hipólito Yrigoyen con 122 fojas de actuaciones y una reseña de sus actividades entre los años 1906 a 1910; y una caja de madera que, entre acrílicos protectores, tenía una carta escrita por el general José de San Martín, fechada el 26 de diciembre de 1835, y dirigida a Bernardo O’Higgins.
En la casa también se encontró un bastón presidencial que no había sido de los Kirchner y documentos de inteligencia. Por esos dos hallazgos, más los documentos históricos, se abrió una causa diferente.
A Bonadio le tocó la causa de los documentos históricos. La llamó a declarar el 14 de febrero de 2019. Ese mismo día, la ex jefa de Estado protagonizó ocho indagatorias: una por esta causa, otra por trasladar diarios y muebles al sur y otras seis ligadas a la causa de los cuadernos. En un mismo escrito, la entonces senado rechazó las imputaciones y habló de lawfare.
A la hora de resolver, el juez afirmó que Cristina Kirchner conocía de la procedencia de estos documentos históricos y no lo denunció. “No es factible concebir que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, abogada, ex diputada, senadora nacional y ex presidenta del país por dos períodos, desconociera que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendental relevancia histórica que, como tales, constituyen patrimonio cultural de la Argentina o de la República de Chile”, sostuvo Bonadio. “Alguien no identificado sustrajo dichos elementos y la encausada los receptó, manteniéndolos en su poder hasta ser habidos por la policía”.
La defensa apeló y planteó una serie de cuestiones novedosas que Cristina Kirchner reveló en su libro, Sinceramente: aseguró que la carta de San Martín se la había regalado el presidente de Rusia Vladimir Putin.
En mayo de 2019, la Cámara Federal resolvió confirmar el fallo, pero por otro delito: sostuvo que no hay certezas de que los documentos hubieran sido robados, tal como lo demuestran las consultas realizadas, porque no hay forma de comparar que sean las mismas. Por lo tanto, entendió, no podía ser procesada por encubrimiento.
El fallo, sin embargo, sostuvo: “No caben dudas en cuanto a que los documentos históricos [eran parte del] “patrimonio cultural de la sociedad y no deben ser atesorados en secreto para el usufructo personal”. ”De allí que, tras su recepción, era no sólo esperable sino también ineludible que Fernández de Kirchner informara al Archivo General de la Nación su tenencia, pues ello era una obligación expresa de la ley cuyo desconocimiento no puede alegar con éxito ni ampararse en una interpretación forzada de sus previsiones”, afirmó.
Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia dijeron: “Aún cuando -tal como afirma la defensa- Fernández de Kirchner no sospechó ni podía sospechar que los documentos que le fueron obsequiados por el presidente de la Federación de Rusia y por un allegado al fallecido sacerdote tuvieren una procedencia ilegal, se encuentra suficientemente acreditado que tanto la importancia como el valor histórico de las piezas bajo examen eran circunstancias ciertamente conocidas por la imputada: basta para ello con reparar en la trascendencia que le asignó a los obsequios recibido”.
Devueltas las actuaciones al juzgado, Bonadio entendió que la causa había que darla por clausurada con vistas a la elevación a juicio. Antes de eso, la fiscal Mangano pidió una serie de medidas de prueba, a raíz del cambio de calificación.
Todavía se aguardaba una respuesta desde Chile en donde se le pedía a sus autoridades “un estudio interdisciplinario con el objeto de establecer si la carta del General Don José de San Martín, resultaba parte de un lote desaparecido del conocido Archivo chileno ‘Vicuña Mackena’”. Sin embargo, no hubo respuesta del país vecino. Las autoridades argentinas ni siquiera lograron dar con el nombre del funcionario que podía llevar adelante esa tarea. Pasó más de un año.
En ese marco, la fiscal Mángano entendió que, ante el nuevo delito investigado, la causa ya estaba prescripta, “aún con anterioridad al hallazgo de esos documentos”. ¿Por qué? Porque el delito por ley de Ética prescribe a los dos años de cometido. Y si CFK recibió esos documentos mientras fue presidenta, entre el 9 de diciembre de 2015 que dejó la Casa Rosada y el 10 de diciembre de 2017 que asumió como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, pasaron los dos años que hicieron caer el delito. La prescripción se interrumpe cuando el acusado es funcionario, pero en este caso ella estuvo esos dos años alejada de los cargos públicos.
Pero además la fiscal afirmó que tampoco estaba claro que la hoy vicepresidenta hubiera cometido delito. En el caso de la carta de San Martín, dijo: “Encuentro suficientemente acreditado que recibió el objeto de buena fe, lo que incluso expresó públicamente en un libro de su autoría”. Sobre el prontuario de Yrigoyen, añadió: “La explicación de Cristina Fernández al señalar que recibió dichos papeles por parte de un allegado a un cura del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, como un obsequio personal, tampoco ha logrado ser controvertida”. Así las cosas, sin acusación, el juez Martínez De Giogi dictó el sobreseimiento de la ex jefa de Estado. Una causa menos para Cristina.
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