Por qué el teletrabajo pasó velozmente y sin suficientes consensos por el Congreso

¿Por qué el apuro en sancionar la ley de regulación del teletrabajo? ¿Por qué tanta urgencia si no se aplicará ahora sino recién 90 días después de que se termine la cuarentena obligatoria? ¿Por qué fue redactada en como si el empresariado fuera un demonio obsesionado en explotar a los trabajadores? ¿Por qué con la excusa de defender derechos se afectará al único sector en condiciones de crear empleo genuino?

Podrían sumarse muchas más preguntas, pero todas son difíciles de responder. Porque no queda claro, más allá de la demagogia legislativa, qué intentó hacer el Frente de Todos con una iniciativa tan importante que no fue precedida por debates, análisis ni consultas lo suficientemente profundas sobre el trabajo remoto. ¿Se quiso dar una señal de que el oficialismo cuida a los trabajadores y acorrala al “perverso” sector empleador?

Si fuera así, el relato kirchnerista suele tener en la mira a las grandes empresas como las responsables de los grandes males nacionales, pero el problema es que las pymes también objetaron la ley. Ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) alertó a través de su coordinador de Asuntos Laborales, Esteban Mancuso, que el 90% de las empresas del país son pequeñas y medianas y que “les resultará cuesta arriba” afrontar los mayores costos para aplicar el teletrabajo.

No importó. Tampoco se incorporó lo que figuraba en proyectos de la oposición: incentivos fiscales para que las pymes pudieran sumarse sin perjuicios al trabajo remoto. El “consenso” con que avanzó la ley, y del que se jactó con insistencia el oficialismo, no lo fue tanto: como destacó Esteban Bullrich en el Senado, el consenso implica que todos cedan sus posiciones para acordar puntos en común. No fue el caso del teletrabajo.

Es cierto que la confusión sobre el teletrabajo se instaló en las filas opositoras, que en parte terminó siendo funcional a la estrategia del Frente de Todos. La iniciativa se aprobó en la Cámara baja gracias al voto de 214 diputados, pero el oficialismo tiene 119 bancas propias y el proyecto terminó siendo apoyado también por representantes de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal. Y entre las 29 abstenciones hubo 21 diputados del PRO y tres de la Coalición Cívica, con un solo voto en contra, de un macrista.

El veloz derrotero del proyecto por el Congreso también dejó algunos sugestivos matices en las opiniones sobre la regulación del teletrabajo. “Estábamos esperando otro momento, quizá post pandemia, para el tratamiento de este tema que viene desde hace mucho”, dijo Héctor Daer, cotitular de la CGT, cuandó opinó en una reunión informativa en Diputados. Cuando fue a hablar al Senado, en cambio, pidió con entusiasmo a los legisladores “tener cuidado” de que las eventuales modificaciones al texto “no nos deje sin ley”.

No es un secreto que la cúpula de la CGT no quería que el teletrabajo se regulara mediante una ley sino que aspiraba a que la modalidad se siguiera acordando entre las partes en los convenios colectivos. Predomina entre los sindicalistas el temor a que una norma oficialice un trabajo remoto que los alejaría aún más de los trabajadores y les dificulte la captación de afiliados, la comunicación, las asambleas y las medidas de fuerza.

Lo admitió el secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri, cuando le dijo a Infobae que “lo que hemos defendido permanentemente es que toda modificación que se quiera instrumentar, como el teletrabajo, se haga en el marco de los convenios colectivos, así cada actividad discutirá las innovaciones que quiera incorporar”. ¿En la CGT no son partidarios de que el teletrabajo se reglamente mediante una ley?, repreguntó este medio. “No. Tiene que ser por vía convencional”, fue la respuesta.

De la misma forma, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, contestó en los siguientes términos cuando Infobae le preguntó durante una entrevista si hacía falta regular el teletrabajo mediante una ley: “No fue una iniciativa de la CGT. Todas las actividades que tuvieron que adaptarse a esta nueva modalidad lo hicieron en el marco del diálogo bilateral en una discusión paritaria. Ni los trabajadores ni los empresarios estuvimos sentados antes por ese tema. Fuimos citados después a la Comisión, cuando ya estaba hecho. Llegada la situación de que fuera necesario institucionalizarlo con una ley, no era el momento para tratarla. El momento era después de que pase esta emergencia”.

Por eso se puede relativizar la teoría del “consenso absoluto” que pregonaron los legisladores del oficialismo para justificar la rapidez con que sancionaron una ley de semejante importancia. Si la CGT no estaba totalmente de acuerdo en regular el trabajo mediante una ley y no se sintió consultada con anticipación, ¿dónde estuvo exactamente el gran respaldo argumentado desde el Congreso para legislar en tiempo récord?

La desprolijidad en el tratamiento incluso fue tanta que los senadores del Frente de Todos insistieron en que cualquier problema que tenga la ley lo podrá arreglar el Poder Ejecutivo cuando la reglamente. Si se apostó a esa alternativa, ¿por qué no se intentó una norma impecable, que no tuviera que ser corregida por el Gobierno?

Además, el titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, justificó la existencia de una ley sobre el tema en el hecho de que “la pandemia aceleró” la necesidad de contar con una regulación del trabajo remoto “por el avasallamiento de los trabajadores”. Sin embargo, ¿qué denuncias concretas se presentaron por casos de abuso empresarial en la aplicación del teletrabajo hasta el momento?

Como aseguran los dirigentes de la CGT, la modalidad laboral se venía negociando en los convenios colectivos sin que se produjeran conflictos ni oleadas de denuncias por “avasallamientos”, como afirmó Lovera.

¿Será esta polémica ley otra oportunidad perdida para que la Argentina pueda generar empleo genuino? ¿Alentará o no efectivamente el teletrabajo? Con suerte, empezaremos a saberlo 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio (un misterio mayor al del Triángulo de las Bermudas) y empiece a regir el proyecto que acaba de convertir en ley el Senado. ¿Será entonces demasiado tarde para lágrimas?

Seguí leyendo: