Alberto Fernández presentó su proyecto de reforma judicial –incluido el mensaje de presión a la Corte Suprema- ante una platea que dijo mucho por presencias y ausencias. Estuvieron los principales representantes del oficialismo y sus aliados junto a los integrantes de la flamante comisión consultiva, donde sobresale el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, y a una sola integrante del máximo tribunal, Elena Highton. No hubo una representación judicial consistente y faltó la principal oposición. Síntoma en conjunto de una movida que privilegió el frente interno, y en particular a la ex presidente. El emergente resulta mayor si se lo mira en perspectiva: alimenta la fisura política y juega en contra de un necesario acuerdo frente a la crisis económica y social agudizada por la cuarentena. Nada de estrategia seria para la post pandemia.
El discurso presidencial apenas incluyó una breve y casi imperceptible referencia a la posibilidad de acuerdos amplios. “No es hora de imponer decisiones”, dijo Alberto Fernández. Pero se encargó después también en las palabras de exponer una inquietante y cerrada concepción de poder. “Sometí mi parecer al veredicto popular y el pueblo con su voto me acompañó”, agregó para sugerir consenso social frente a un auditorio parcial.
Podría profundizarse en la discusión sobre qué conjunto social expresó el voto logrado por el Frente de Todos en octubre último, en base a especulaciones sobre cuánto habría aportado CFK y qué habría sumado Alberto Fernández. De todos modos, en este caso importa el cierre de filas y hasta el giro presidencial. Pero el concepto de apoyo del “pueblo” como unidad y pronunciado en un único sentido expone una peligrosa confusión: la fórmula Fernández-Fernández reunió el 48 por ciento del electorado. El resto votó otra cosa. Considerarse avalado por “el pueblo” agrega un riesgo al modo de entender esta ofensiva en particular y la gestión en general. Una pincelada con pretensión hegemónica.
No es lo único que podría mencionarse como falta de garantía plural en el nacimiento de este proyecto de reforma del fuero federal y en la creación del consejo que estudiará una recomposición de la Corte y cambios en otros rubros sensibles: el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal.
El Presidente enviará en breve el proyecto de reforma al Congreso y el camino elegido pone de relieve la intención de imponer sin vueltas sus objetivos, con las sombras que supone más allá del discurso: la escalada para aliviar el complicado frente judicial de la ex presidente. La iniciativa entrará por el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría propia y comanda CFK. Irá a dos comisiones legislativas cuyo manejo se aseguró de entrada el kirchnerismo. Y si todo va como está previsto, en velocidad, generará un fuerte impacto en Diputados. El oficialismo trabajará sin descanso para coronar en esa cámara la ley, ya con escaso margen para negociar cambios y menos aún para arriesgar un contratiempo.
Algo parecido asoma en el plano práctico para cubrir el amplio número de subrogancias que necesitaría el nuevo fuero federal penal. El Presidente dijo que para asegurar transparencia, en ese proceso intervendrán la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura y el Senado. Es sabido que en la Magistratura y en el Senado, el oficialismo cuenta con mayoría a su favor.
La cuestión de fondo sigue estando atada a la falta de acuerdos políticos previos para darle sustento equilibrado a una reforma judicial, en sentido amplio. Tales acuerdos –lo exhiben todos los pactos exitosos, desde los destinados a construir gobernabilidad a los encarados para enfrentar la corrupción sistémica- se basan en la posibilidad de un logro compartido, algo que a la vez demanda ceder posiciones y admitir responsabilidades propias en las crisis a superar.
No es lo que se vio en el discurso presidencial. El abordaje del complicado cuadro judicial, y un rápido sobrevuelo histórico, alcanzaron para mostrar los límites o el sentido de las críticas. Cuestionó la “mayoría automática” de la Corte en la era menemista y apuntó con dureza al gobierno macrista, por degradar el lugar de la Justicia y por las relaciones con servicios de inteligencia. Elogió a Néstor Kirchner por el cambio y oxigenación de la Corte, y también agregó una pincelada positiva sobre las gestiones presidenciales de CFK. No reparó ni en la salida forzada de Esteban Righi ni en la expulsión de Gustavo Beliz, por ejemplo.
Lo más destacado, con todo, no es sólo la ausencia de búsqueda de algún grado de entendimiento amplio para afirmar una reforma de la Justicia, sino además el momento elegido para desplegar su movida –en medio de la extensa cuarentena- y el efecto de tensión política que agregaría, en lugar de generar distensión y alguna certidumbre. La idea del esfuerzo que demandaría salir de la crisis contrasta con la postal que dejó el acto en la Casa Rosada. Y proyecta una pintura de nueva fisura.
Hubo además otra señal al menos llamativa en el discurso presidencial. Alberto Fernández habló de la necesidad de “una Justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos y los poderes políticos”. En ese orden. Curioso, colocó en tercer lugar al poder político, desenganchado de otras articulaciones. Pero la frase insinúa algo más que simplificación. Anota en primer lugar los “poderes mediáticos”, como una categoría en sí misma –fuera incluso de la calificación ya tradicional y lineal de poderes fácticos-, una señal que cada tanto anticipa otras tormentas.
No es una novedad el cuestionamiento a la Justicia que suelen registrar encuestas cualitativas, sin demasiada diferenciación de motivos ni de alcances, pero con eje en la impunidad. Y por eso mismo no podría suponerse el aval a cualquier reforma judicial, sobre todo si llega con polémica y sospechas sobre su real objetivo. Anoche, hubo alguna protesta con ruido de cacerolas. Habrá que ver si es sólo un espasmo de algunas franjas sociales o insinúa una luz amarilla más allá del circuito político.