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El prestigioso abogado constitucionalista Daniel Sabsay planteó críticas técnicas y políticas al proyecto de reforma judicial presentado ayer por el presidente Alberto Fernández. Para sintetizar su idea, explicó: “Acá lo que se busca es garantizar la impunidad” de los ex funcionarios que enfrentan diversos procesos judiciales.
De acuerdo a su mirada, la iniciativa que será debatida en primera instancia en el Senado fue pensada para ampliar la Corte Suprema de Justicia. “El resto es bla, bla, bla”, graficó. Y esa intención -señaló- tiene un escollo imposible de sortear: es inconstitucional.
“El Poder Ejecutivo no puede interferir en la actividad judicial. El artículo 109 es categórico. El proyecto contempla la creación de una comisión que está integrada por dos grandes penalistas que defienden a la ex presidente Cristina Kirchner y al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que van a recomendar cómo debe ser la Corte y cuyas causas van a terminar seguramente en la Corte”, detalló.
Y se preguntó: “¿Si eso no es una presión, qué es? Imaginen si la Corte crea una comisión para reformar el Poder Ejecutivo. Sería un escándalo”.
Sabsay recordó que la vicepresidente Cristina Kirchner fue la autora de una “excelente ley” que promovió la reducción de 9 a 5 miembros de los integrantes de la Corte. Los argumentos de ese proyecto son una pieza jurídica que se estudia en las universidades. El presidente Alberto Fernández también se había expresado en público a favor de no alterar la actual composición del máximo tribunal. “Entonces ahora necesitan un consejo de sabios que digan: ‘No, miren, necesitan ampliarla””, evaluó Sabsay.
El especialista cuestionó que la comisión que elevará propuestas de reforma está integrada por juristas que tienen miradas ideológicas similares y el único fin de esa maniobra es beneficiar a la ex presidente Cristina Kirchner y a otros ex funcionarios cuando las causas en las que están imputados lleguen al máximo tribunal.
De avanzar esta idea, la Corte Suprema podría transformarse en una suerte de cuarta instancia en materia penal, una circunstancia que es “abundante y peligrosa”. “La Corte debería ser exclusivamente una instancia extraordinaria para revisar si se respetó el debido proceso, las garantías constitucionales y las libertades”, analizó.
Según trascendió, una de las ideas que evalúan los especialistas del nuevo consejo es dividir la nueva Corte en salas que se especialicen en diversos temas. Por ejemplo, habría un grupo de jueces que actuarían solamente en las causas penales, lo que para Sabsay sería inconstitucional.
“En la sala penal pongo a amigos que cuando lleguen las causas que tanto desvelan a la ex Presidente y a quienes la acompañaron ya está arreglada la cosa. Pero eso es inconstitucional. La Constitución es clara cuando habla de una sola Corte Suprema y aunque se divida en salas, los proyectos de sentencia deberían pasar por todas las vocalías y obtener mayoría absoluta de todos los miembros del tribunal”, analizó.
El jefe de Estado encabezó un acto en el Salón Blanco en donde puntualizó los aspectos fundamentales de un proyecto que no tiene consenso político y generó malestar en la conducción del Poder Judicial. La iniciativa representa una de las primeras medidas postpandemia del Ejecutivo. Esta nueva agenda continuará en los próximos días con un paquete de medidas económicas y sociales que buscarán desactivar la dura crisis que atraviesa el país.
La intención de las autoridades de instalar en la discusión pública una nueva lista de temas afronta una dificultad: la cantidad de contagios y muertes por coronavirus continúa en aumento y no hay consenso entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires para avanzar hacia una apertura total.
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