La jueza federal María Servini avanzará con el peritaje sobre los teléfonos del ex presidente Mauricio Macri y varios de sus ex funcionarios, acusados por el empresario Fabián de Sousa de haber conformado una asociación ilícita para sacarle el Grupo Indalo. La jueza apunta a los registros de comunicaciones de Macri y un grupo de ex funcionarios y quiere conocer dónde se encontraban esos abonados cuando realizaban las llamadas (activación de celdas). El período de ese peritaje es de tres años y medio: se trata de las comunicaciones que se concretaron entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019. No hay posibilidad de conocer el contenido de los diálogos pero se busca identificar “interlocutores comunes y frecuentes” entre esos abonados, saber si se contactaron con personas investigadas y realizar un entrecruzamiento de llamadas.
La jueza María Servini había ordenado esa medida el 8 de julio pasado. Y ahora rechazó un planteo de la defensa del asesor Fabián Rodríguez Simón, al que acompañaron los abogados de Macri, José Torello y Mario Quintana, para evitarlo. “El planteo de nulidad interpuesto por la defensa de Fabián Rodríguez Simón, al que se adhirieran las defensas de Mauricio Macri, José María Torello y Mario Eugenio Quintana, no es más que un recurso para pretender cuestionar una medida de prueba que, por regla general, es irrecurrible”, sostuvo la jueza, en la resolución firmada este martes y a la que accedió Infobae.
De esta manera, los investigadores de la DAJUDECO analizarán el cruce de llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner. También quiere saber desde dónde se activaron esos teléfonos.
En su presentación, a la que adhirieron Macri, Quintana y Torello, Rodríguez Simón decía que “la medida dispuesta era innecesaria, inadecuada y desproporcionada, lo que violentaba el derecho a la intimidad y privacidad”, pero ”no se encontraba debidamente fundamentada, lo que a su vez afectaba el derecho de defensa y debido proceso”.
También advirtió que “el período de información abarcaba casi la totalidad del anterior período presidencial, lo que sumado a los funcionarios involucrados en el estudio, más la orden de determinar quiénes fueron sus interlocutores comunes, derivaría por la propia dinámica de actuación de la administración que muchos otros funcionarios del anterior gobierno aparecieran en los listados, deviniendo así lo ordenado en una suerte de ‘mapa’ de las comunicaciones y ubicación de altos funcionarios del anterior Gobierno Nacional durante el período de tiempo antes indicado”.
El asesor de Macri afirmó además que esa investigación “importaría información sensible, que estaría relacionada con cuestiones políticas propias de la gestión del Poder Ejecutivo, alcanzada en su caso por la debida confidencialidad, que en ningún caso se relacionarían con los hechos denunciados”.
Tanto el fiscal Marijuán como la querella de De Sousa rechazaron el planteo. El abogado Carlos Beraldi, representante del empresario, enfatizó que “los jueces cuentan con amplias facultades para dirigir la instrucción y por ello podían ordenar todas las medidas probatorias que considerasen necesarias para poder avanzar con sus investigaciones”.
Estudiadas las posiciones, Servini rechazó hacer lugar al pedido de Macri, Rodríguez Simón y Torello. Defendió la diligencia ordenada y aseguró que “el conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos individualizados”. También aclaró que “en caso de que se obtuviere información que no tuviere que ver con lo que aquí se investiga, tales datos serán excluidos del bagaje probatorio”.
Más allá de la decisión de Servini, la Cámara Federal tiene bajo estudio las presentaciones de Macri, Rodríguez Simón y Torello para anular las medidas solicitadas por Servini y puntulamente el análisis de la comunicaciones, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.
“No se estaba en presencia de una banda de narcotraficantes, que debía reconstruirse lo que hicieron durante tres años, sino ante personas que iban desde el ex Presidente de la Nación hasta asesores del más alto prestigio”, afirman las defensas. “Buscar sobre las llamadas realizadas durante tres años y ocho meses por parte de personas que en su gran mayoría llevan adelante las riendas de la República era un desatino, máxime que no tenía vinculación alguna con el evento denunciado”, dijeron. Los planteos están bajo el análisis de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.
La causa comenzó con una denuncia de De Sousa, cuando aún estaba preso. Allí acusó a Macri y funcionarios de su gobierno por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado. En esa causa declaró como testigo Cristóbal López que el día de las elecciones generales de 2015 fue a una reunión con Macri en donde el hoy presidente le preguntó “qué vínculo tenía con Cristina Kirchner” y, según declaró, “me hizo saber que había que meterla presa”. También relató en detalle cómo fueron, según su versión, los mensajes para cambiar la línea editorial de C5N, las advertencias de que iría preso y las negociaciones para intentar vender el canal.
Al responder los planteos sobre los cruces teléfonicos, Servini recordó que en la causa el fiscal Guillermo Marijuán describió, en base a la denuncia de De Sousa, que se investigan “diferentes sucesos que habrían tenido lugar a partir del año 2015 y que habrían implicado el ejercicio de presiones a partir de actos públicos, mediante notas periodísticas, y en la esfera privada, a través de reuniones en las que habrían participado quienes entonces eran funcionarios del Poder Ejecutivo (incluso el ex Presidente de la Nación)”.
Esas acciones, se añadió en la denuncia, tuvieron como fin que “los medios de comunicación que integran el Grupo Indalo adquirieran una línea editorial afín al gobierno encabezado por Mauricio Macri, limitando de ese modo la libertad de prensa, como así también generar el derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional”.
“De tal manera, a partir del año 2015 las autoridades del Grupo Indalo habrían comenzado a recibir advertencias con exigencia para que los medios de comunicación del grupo fueran puestos a disposición de la alianza política encabezada por el Ingeniero Mauricio Macri, pues en caso contrario el conglomerado económico iba a tener que afrontar gravísimas consecuencias. En tal contexto se habrían mantenido reuniones con Macri sobre la línea editorial del canal de noticias C5N, con anterioridad y posterioridad a la asunción de aquel como máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, con requerimientos de acompañamiento de la totalidad de las medidas del gobierno y restricción de la opinión de los periodistas que eran adversos y para que no se diera cobertura a cuestiones negativas para el presidente y sus funcionarios, como también relativas a Fabián Rodríguez Simón”, precisó.
La jueza repasó así cómo “ante la negativa de poner a disposición los medios del Grupo Indalo en consonancia con la línea editorial pretendida por el gobierno, se habría iniciado una campaña en el ámbito judicial, administrativo y en medios de comunicación, con el objeto de perjudicar a las empresas del grupo empresario”. Y mencionó las acusaciones de la AFIP sobre Oil Combustibles, caso por el cual hoy De Sousa, Cristóbal Lopez y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray enfrentan un juicio oral.
Dijo Servini: “Las presiones denunciadas se habrían sucedido en el tiempo, y recayeron también sobre distintas personas, algunas socias de Cristóbal López en las empresas de juego de azar, quienes fueron permanentemente cuestionados por funcionarios del gobierno acerca de la línea editorial de los medios periodísticos de Indalo”. Y añadió: “Debo recalcar que entre esas presiones se encuentran los seguimientos que habría sufrido la familia del querellante, que se habrían extendido hasta agosto de 2019″, algo que también está siendo investigado en la causa del espionaje en Lomas de Zamora.
“En base a lo desarrollado quedan suficientemente demostrados la gravedad de los sucesos que se investigan en este expediente, en el cual están bajo pesquisa diferentes actos de distintos funcionarios de alto rango del gobierno encabezado por Mauricio Macri, incluido el mismo ex Presidente, que se sucedieron desde antes de su elección formal como presidente - el día de las elecciones generales del mes de octubre de 2015 - hasta finales de agosto de 2019, destinados a afectar personal y patrimonialmente a un grupo económico; por ello el período de tiempo sobre el cual se requirieron los informes respectivos”, añadió Servini.