Las asociaciones empresariales de la provincia de Buenos Aires vienen alertando reiteradamente, a través de su Federación, acerca de “la situación crítica” que viven los comercios y pequeñas y medianas empresas desde que el Gobierno decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio ante la pandemia del coronavirus.
“Todos los indicadores demuestran que es la peor realidad que les tocó vivir en la historia”, había dicho Alberto Kahale hace unos días.
Ahora, a esa difícil situación, se suma una ola de robos a pymes en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) que, en palabras del presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), “es el golpe de gracia para terminar de matar a una pyme”.
Desde que reabrieron los comercios tras la cuarentena ya hubo más de 1.600 robos. “A la enorme preocupación por la falta de ventas ahora le sumamos la inseguridad”, denunció Kahale.
La imposibilidad de generar ingresos durante tres meses ha colocado a los pequeños comercios y empresas al borde de la quiebra. Y es por ello que FEBA venía pidiendo medidas para poder retomar la actividad y preservar los puestos de trabajo.
“Las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus han sido exitosas. Pero las pymes atraviesan una situación crítica”, decían en un comunicado.
A esta realidad ya dramática se suma ahora el flagelo de la inseguridad.
El gobierno, o algunos funcionarios, lo habían anticipado. Por ejemplo, el 13 de junio pasado, cuando fue designada interventora del Servicio Penitenciario Federal, la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, fundadora de la agrupación Justicia Legítima, había dicho que, al concluir la cuarentena, se iba a producir “un pico de delitos contra la propiedad”.
En contraste con eso, el Secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, acaba de asegurar que “no estamos ante una ola desmedida de inseguridad”.
Sin embargo, tanto los intendentes como las autoridades provinciales reclamaron el envío de fuerzas federales para reforzar la seguridad, y la ministra del área, Sabina Frederic, dispuso el envío de 3000 efectivos, lo que se efectivizó desde el viernes 24.
Villalba no cree que haya habido un crecimiento desmedido de los delitos sino que se lo vive así por el contraste con los meses de cuarentena más estricta durante los cuales se había restringido mucho la circulación a la vez que estaban reforzados los controles en las calles.
Las cifras se conocerán y evaluarán más adelante, pero para una pequeña o mediana empresa que durante largas semanas no pudo generar ingresos y tuvo que seguir solventando costos, un asalto en los primeros días de la reapertura, cuando a duras penas se están intentando levantar de una caída histórica, puede representar “el golpe de gracia” al que aludió Kahale.
Las pequeñas y medianas empresas representan el 70% del empleo a nivel del país. Una pyme que cierra difícilmente se recupere.
“Estamos pasando por la peor crisis de la historia, necesitamos ayuda y ahora también un protocolo de seguridad esencial”, reclamó el presidente de la Federación
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