Las 16 vacantes en Comodoro Py: los lugares claves en la Justicia que está mirando la política

Rodolfo Canicoba Corral abandonará este miércoles, para siempre, el despacho en el tercer piso del edificio de Retiro que ocupó durante 27 años. Dejará de ser juez federal. Su salida renueva la lista de cargos vacantes en Comodoro Py, los tribunales por donde pasan las causas que sigue el poder. Es que, con la partida de Canicoba Corral, existen 16 lugares libres para ser ocupados por magistrados y fiscales de todas las instancias del proceso penal: desde los primeros pasos de una investigación de los casos, pasando por la revisión de los fallos y hasta los juicios orales, donde se definen las sentencias. Es un tablero al que aspiraría cualquier Gobierno.

Por eso, todos los ojos de la política y la justicia se posan sobre esos lugares. Más en un contexto en el que el gobierno nacional oficializará su anunciada reforma al fuero federal para diluir el poder de Comodoro Py, y mientras el Consejo de la Magistratura discute la revisión de traslados que se hicieron en los últimos años. Dos de esos jueces observados ocupan cargos claves en la Cámara Federal porteña. De ser corridos, quedarían cuatro lugares de seis.

Este es el listado de cargos vacantes al día de hoy, según los datos que recolectó Infobae.

En la primera instancia hay vacantes tres de los 12 juzgados. Allí es donde se inician las investigaciones penales y donde se les da su impronta de cómo se llevan adelante. Del rumbo que tomen esas indagaciones, depende de la suerte de una causa penal. El tiempo que se tomen también es crucial.

Los lugares libres son el juzgado 12 que dejó en abril de 2019 Sergio Torres cuando asumió como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires; la del juzgado 11 que comandó Claudio Bonadio hasta que falleció en febrero último; y la del juzgado 6, de Canicoba Corral que renunció por llegar a los 75 años -edad máxima que fija la Constitución Nacional- y que no tuvo del Gobierno el aval para continuar, con el envío de su pliego al Senado.

Son todas vacantes recientes. Por eso, pasará un tiempo largo hasta que sean ocupadas por un juez titular. El primer paso le corresponde al Consejo de la Magistratura de la Nación que hace los concursos públicos. Un concurso dura un promedio de dos años. Pero basta ver los antecedentes: los de Comodoro Py siempre han durado más. El último lugar en ser ocupado fue en la Cámara Federal y el proceso demandó diez años.

Por la vacante de Torres ya se abrió el concurso y los postulantes rindieron el examen. Pero hubo una irregularidad en uno de ellos: una de las pruebas no tenía la clave numérica impresa. Esa clave sirve para luego develar la identidad del concursante que hasta que el examen no se corrige es secreta. Un grupo de auditores trabaja para saber si fue un error de impresión o si el concursante modificó la plantilla . Dependiendo del resultado, el concurso podría anularse.

La vacante de Bonadio también ya tiene su concurso: está en la etapa de convocatoria de los jurados que analizarán los exámenes. Aún no hay ni siquiera postulantes anotados. La de Canicoba Corral se abrirá cuando deje el juzgado. Pero podría sumarse al concurso del tribunal de Bonadio.

A las tres vacantes de esos juzgados se podría sumar una más. Es la de Daniel Rafecas. A cargo del juzgado federal 3, Rafecas fue propuesto por el Gobierno Nacional para ser procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales nacionales y federales. El pliego fue enviado el 10 de marzo y se encuentra en la comisión de Asuntos del Senado. El oficialismo necesita contar con la aprobación de los dos tercios de los votos presentes en la cámara alta. Si en el Senado se lograse aprobar el pliego, Rafecas dejará el juzgado y habrá un lugar libre en los tribunales de Comodoro Py.

Los jueces investigan las causas junto a los fiscales. Muchas veces, las delegan en los responsables del Ministerio Público, algo que será obligatorio cuando se termine de implementar en todo el país el sistema acusatorio. Ya entró en vigencia en algunas provincias del país, pero a Comodoro Py será el último lugar en llegar, según el cronograma. Con esa reforma, los fiscales estarán a cargo de recolectar y producir la prueba y los jueces sólo decidirán sobre los que los acusadores lleven a su escritorio.

En las fiscalías de primera instancia de Comodoro Py hay dos vacantes. Una es la número 12 que tenía como titular a Patricio Evers, quien falleció en abril de 2017, y que hoy subroga Alejandra Mangano.

La segunda fiscalía “vacía” es la 8. Allí también se presenta un problema. La ex procuradora Alejandra Gils Carbó había trasladado en agosto de 2015 al fiscal Juan Pedro Zoni para que ocupara ese lugar, porque había concursado una fiscalía en Santiago del Estero que no estaba habilitada. El fiscal llevaba adelante la investigación por la causa del Correo en la que imputó al ex presidente Mauricio Macri. En abril de 2018, el procurador interino Eduardo Casal anuló la decisión de Gils Carbó y derivó a Zoni a otra fiscalía. Pero Zoni la objetó e inició una causa en el fuero contencioso administrativo federal, que aún debe resolverse.

Por arriba de la primera instancia, está la Cámara Federal. Allí se revisan las investigaciones y sus decisiones. Es un tribunal determinante que confirma o revoca procesamientos, detenciones y el futuro de un expediente. La Cámara la integran seis jueces y hoy hay dos vacantes, en la Sala II donde el único titular es el juez Martín Irurzun. Irurzun es un juez histórico de Comodoro Py y sobre el que el kirchernismo y el propio Alberto Fernández puso la mira, sobre todo después de lo que se dio en llamar la “doctrina Irurzun” cuando impulsó con su voto el desafuero y la detención del entonces diputado Julio De Vido en la causa Río Turbio. Eso abrió la la puerta para que jueces firmaran arrestos de ex funcionarios y empresarios ligados al gobierno de Cristina Fernández.

Las dos vacantes de la Cámara Federal en la Sala II podrían llenarse rápidamente. Es porque el Consejo de la Magistratura está en la etapa final del concurso convocado para ocupar esas vacantes. Los que quedaron mejor posicionados fueron los jueces en lo Penal Económico Diego Amarante y Pablo Yadarola, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y el abogado Roberto Boico -defensor de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por la firma del Memorándum con Irán-.

El jueves pasado el Consejo sorteó la subcomisión que analizará las impugnaciones presentadas en ese concurso y elaborará el orden de mérito final que no siempre coincide con el listado anterior. Luego, el organismo quedará en condiciones de enviar la terna al Poder Ejecutivo que elige a los candidatos propuestos por el Consejo y los manda al Senado para su nombramiento.

Pero los lugares libres en la Cámara podrían ser más. Los jueces de la Sala I Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi fueron objetados por el Gobierno. Es porque fueron trasladados de un tribunal oral a la Cámara durante la gestión de Mauricio Macri y el Poder Ejecutivo sostiene que esos pases se hicieron sin cumplir todo el trámite. Bruglia y Bertuzzi, en cambio, sostienen que sus traslados fueron respaldados por la Corte Suprema, en el marco de la acordada 7/2018. Desde la Cámara Federal confirmaron procesamientos contra Cristina Kirchner. Bertuzzi, además, integró el tribunal que condenó y detuvo a Amado Boudou.

El tema de los traslados se está discutiendo en el Consejo, donde este jueves podría tener una primera definición. El asunto podría elevarse a la Corte en consulta, mandarse al Senado en busca de un respaldo de los dos tercios o quedar en la nada. Si se avanza, los afectados también podrían llevar el caso a la Justicia.

Pero de todos los cargos vacíos de Comodoro Py hay uno que es, literalmente, único: la Fiscalía de la Cámara Federal. Por allí pasan todas las apelaciones de los fiscales de primera instancia y como hay un solo fiscal general su cargo monopoliza todas las decisiones. Es la llave para decir si un pedido de detención se mantiene firme o no, o si acompaña la apelación de sobreseimiento o el reclamo por la ampliación de un procesamiento.

Ese lugar estuvo en poder durante 25 años de Germán Moldes, quien renunció en septiembre pasado. Es otra de las vacantes que hay y todavía no se llamó a concurso para empezar el proceso de designación de su titular. Hoy la subroga José Agüero Iturbe.

También está vacante en Comodoro Py una de las cuatro fiscalías de la Cámara Federal de Casación. Es la que dejó en octubre de 2018 Ricardo Wechsler. El concurso ya está abierto para cubrirla. A esas fiscales llegan los planteos tanto de primera instancia como de los juicios orales. De allí también surgen los recursos extraordinarios del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia.

Pero en lugar en donde hay más vacantes son los Tribunales Orales Federales (TOF). Se trata de siete lugares libres en los despachos en donde se juzgan las causas penales que llegan a juicio. El concurso para cubrirlos está avanzado aunque viene demorado. Ya se hizo el examen y se fijó el puntaje, pero resta que se definan las impugnaciones y se haga el orden de mérito final para que luego el Consejo lo apruebe y lo envíe al Poder Ejecutivo.

Los cargos a ser llenados son tres lugares en el TOF 6 -un tribunal completo-, una en el TOF 2, una en el TOF 5 y dos del TOF 4. Pero una vez más esto hay que mirarlo en varios planos: si prospera el asunto de revocar los traslados en el Consejo, las dos dos del TOF 4 podrían volver a ser ocupadas nuevamente por Bruglia y Bertuzzi; mientras que podría salir del TOF 7 el juez Germán Castelli.

Una de las vacantes se da en el TOF 2, que desde mayo pasado juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner, De Vido, José Lopez y Lázaro Báez, entre otros, por las obras que recibió el dueño de Austral Construcciones en Santa Cruz. Sin embargo, ese juicio ya está en marcha por lo que cualquier nombramiento en ese tribunal por el lugar vacío no cambiaría la composición del debate oral que se está desarrollando desde mayo del año pasado y que retomará sus audiencias el próximo 3 de agosto. Cristina Kirchner tiene varias causas elevadas a juicio oral, aunque no hay fecha de inicio para esos debates.

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