El juicio oral que unificará las causas de Hotesur y Los Sauces, donde los principales acusados son la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia, se posterga cada vez más. Excusas sobran: falta de recursos, jueces sobrecargados con otros juicios, y pericias interminables. A todo eso se le sumó la cuarentena. Fuentes judiciales consultadas por Infobae admitieron que en los últimos cuatro meses se demoraron las pericias y otras pruebas pendientes. “La cuarentena nos hizo perder prácticamente un semestre, no se puede poner fecha si la prueba no está terminada”, dicen en el Tribunal Oral Federal 5. El pronóstico actual es comenzar a fines de 2021, luego de las elecciones legislativas.
“Los Sauces” fue enviada a juicio oral en octubre de 2018. Con los nuevos plazos, pasarían tres años hasta el comienzo del debate. Hotesur se sumó hace poco más de un año. Recién durante la pandemia, las dos causas quedaron en igualdad de condiciones porque el TOF 5 proveyó la prueba suplementaria en el expediente de los hoteles. “Recién ahora se está produciendo la prueba en Hotesur, es una causa con mucha prueba”, dijo una fuente judicial para intentar explicar las demoras.
El mayor conflicto son las pericias. “En Los Sauces estamos con un 30% de avance, pero en Hotesur apenas un 10%”, admitió una fuente con acceso a la causa. A fines de mayo, el tribunal habilitó la feria extraordinaria en la causa Los Sauces e intimó a los peritos a entregar un informe actualizado.
La pandemia complicó seriamente el desarrollo de las pericias por las dificultades para acceder a la documentación, que en su mayoría no está digitalizada. Recién este viernes, el presidente del TOF, Daniel Obligado, firmó una resolución para que las partes puedan retirar documentación, con previo aviso.
Mas allá de las complicaciones propias de la cuarentena, varias fuentes consultadas por este medio hablan de demoras vinculadas a decisiones del TOF 5. “Se otorgaron prórrogas de hasta tres meses a las partes para ofrecer la prueba, y en Hotesur el tribunal se demoró seis meses para proveer la prueba”, enumeró un abogado con acceso a las causas. Esa misma fuente apuntó a la integración del tribunal: “Las cosas se agravaron con la salida de (José) Martínez Sobrino”, un juez con participación activa en la Asociación de Magistrado y en la lista Bordó.
Martínez Sobrino fue reemplazado en diciembre por Adrián Grünberg, cercano a Justicia Legítima. El tribunal entonces quedó conformado con Obligado, Adriana Palliotti y el propio Grünberg. Mas allá de los nombres, el problema de fondo son las vacantes en los tribunales y la decisión de la Justicia de ocupar esos lugares con jueces de otros tribunales orales, generando un efecto cascada.
Otro conflicto de fondo es la saturación de los tribunales orales. El presidente del TOF 5, Daniel Obligado -cuestionado por haber concedido el arresto domiciliario de Amado Boudou en plena pandemia- participa actualmente de siete juicios: tres en el TOF4, dos en el TOF 5 (ESMA y el accidente de Austral) y dos más en un tribunal oral de Mar del Plata. El fiscal, Diego Velasco, también debe repartir su tiempo entre tres juicios orales.
Los antecedentes del TOF 5 exceden a la causa Hotesur-Los Sauces. El caso más emblemático es lo que se conoce como “Mafia de los Medicamentos”, que tiene entre los imputados al sindicalista bancario Juan José Zanola y a Héctor Capaccioli, ex recaudador de las campañas del kirchnerismo. La causa fue elevada a juicio en 2013 y todavía no tiene fecha de juicio.
Pese a la trascedencia política, Los Sauces ya lleva más de un año y medio esperando. En el mejor de los pronósticos, el juicio unificado se realizará en el segundo semestre de 2021. “La idea era poner fecha para mitad de ese año, pero la pandemia demoró todo”, admitió una fuente judicial.
Los Sauces estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y tiene un total de 25 imputados. Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, esa sociedad creada por los Kirchner adquirió propiedades que se usaron para legitimar el ingreso de dinero ilegal del grupo Báez y del grupo Indalo. Entre enero de 2009 y marzo de 2016, Los Sauces recibió por alquileres $6,8 millones de las firmas de Báez y $18,5 de empresas de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Esos ingresos constituyeron el 88% de lo facturado en ese período.
La causa Hotesur, que se inició durante la presidencia de Cristina Kirchner por una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer y la abogada Silvina Martínez, investiga los negocios hoteleros de los Kirchner. Tiene 14 acusados, aunque muchos se repiten con Los Sauces: además de la ex presidenta y sus hijos, en las dos causas aparecen Lázaro y Martín Báez, el contador Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, y el escribano Ricardo Albornoz.
La demora no debería beneficiar, en principio, a la familia Kirchner, que tiene la mayoría de sus bienes embargados por esas dos causas. La situación tienen consecuencias visibles: Máximo no paga bienes personales y ganancias desde 2017 y pidió entrar a una moratoria de la AFIP con el cambio de gobierno. Es más, esta semana, el abogado Carlos Beraldi pidió que esas deudas sean pagadas por la administradora del “Condominio Máximo y Florencia Kirchner”, que tiene unas 25 propiedades provenientes de la sucesión de Néstor Kirchner.
En Los Sauces, Ercolini embargó y luego puso a disposición del tribunal oral los USD 4.664.000 de la caja de seguridad de Florencia Kirchner, USD 992.134 de la caja de ahorros a su nombre y $195.111.
Durante la cuarentena, el expediente avanzó muy poco y además se quedó sin una de las querellas, por la renuncia de la Oficina Anticorrupción. La otra querella, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), podría seguir el mismo camino. En ese caso, el rol de la acusación quedará concentrado en manos de la Fiscalía.
Cristina Kirchner ya está siendo juzgada por la causa de obra pública, y todavía no tiene fecha de juicio en las causas de dólar futuro y el memorándum de entendimiento con Irán. Con ese panorama, Cristina Kirchner no debería recibir grandes novedades judiciales hasta las elecciones legislativas de 2021.
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