El secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, aseguró este domingo que el mes pasado aumentaron los delitos contra la propiedad en la provincia de Buenos Aires -en comparación a los dos primeros meses de la cuarentena- pero aun así insistió en que “no estamos ante una situación que tenga que ver con una ola desmedida de inseguridad”.
A raíz de este incremento de episodios violentos, esta semana el Ministerio de Seguridad, que dirige Sabina Frederic, decidió enviar 3.000 efectivos federales para reforzar las zonas más conflictivas del territorio bonaerense.
En ese sentido, Villalba explicó que la colaboración de las fuerzas federales en ese territorio apunta a que el índice "no escale y que en el corto plazo se esté ante una situación grave".
“El viernes empezó el operativo que trabaja sobre algunos distritos que las autoridades de la provincia nos marcaron, y que van a seguir marcando sobre otros la semana que viene”, indicó esta mañana a Radio Mitre.
Los efectivos de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional fueron destinados a los partidos de Avellaneda, Quilmes, La Matanza, Almirante Brown, Moreno, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Lomas de Zamora
“Es una situación donde después de dos o tres meses, por un operativo de cerrojo general, porque no había tránsito, se empiezan a visibilizar algunos delitos”, dijo.
Luego, Villalba remarcó que el objetivo del acuerdo con la provincia de Buenos Aires "es que esto no escale y que en el corto plazo estemos ante una situación grave respecto a los índices delictuales".
La problemática de la inseguridad en el conurbano bonaerense tuvo una fuerte repercusión mediática en las últimas semanas a raíz de varios casos de alto impacto entre los que se destacó la muerte de un ladrón a manos de un jubilado en Quilmes.
Los delincuentes habían ingresado tres veces en la misma noche y golpearon al hombre de 70 años. Uno de los ladrones murió baleado en la calle y el jubilado terminó imputado por “homicidio”. Tras pasar unos días detenido, ahora se encuentra en su casa bajo arresto domiciliario.
Consultado sobre el tema, Villalba explicó que “importa la sensibilización que tenga la sociedad respecto a estas situaciones” y que desde el ministerio deben “atenderla”, pero que la planificación de la seguridad se realiza en base a estadísticas.
En esa línea, consideró que "la Justicia es la que se tiene que ocupar de saber si lo que hizo el jubilado está dentro de la ley o no", y que no es su "tarea" pronunciarse "a favor o en contra de cada caso".
“No se trata de enumerar casos puntuales que generan terror en la gente, acá se trata de dar respuestas necesarias, los delitos ocurren en un territorio, y ese territorio tiene una policía, un armado de seguridad y un ministro, y como fuerzas federales lo que hacemos es colaborar con eso”, concluyó.
Con apenas algunos días de diferencia, otro jubilado, esta vez en Ingeniero Maschwitz, fue víctima del delito. Martín Osvaldo Rodríguez, de 69 años, fue asesinado a golpes y su cuerpo fue hallado atado con una soga. El móvil del hecho todavía no fue esclarecido pero no se descarta que el asesino sea alguien conocido por la víctima, no solo porque no forzó cerraduras para ingresar sino porque el modo en el que estaba “dada vuelta” la casa les hace pensar que el delincuente buscaba algo en particular.
Cansados de la inseguridad, en Isidro Casanova los vecinos colgaron hace más de dos semanas un pasacalle con una advertencia dirigida a los delincuentes que se mueven en ese lugar del barrio Atalaya: “Rastrero, si venís al barrio a robar, olvidate, no llamamos a la Policía. Arreglamos nosotros”.
El cartel no está firmado pero tiene un nombre: “Pablo Escobar”. La mención al narcotraficante colombiano está escrita debajo de la ilustración de un revólver.
Los vecinos aseguran que los robos son frecuentes pero la situación empeoró en los últimos meses. Dicen que los hechos delictivos se incrementaron después de la segunda extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Y creo que cuando se levante la cuarentena total nos vamos a encontrar con cosas todavía peores”, dijo una mujer a Infobae, que agrega que hasta es peligroso salir a barrer la vereda.
Hace unas tres semanas, la nueva interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, había advertido que habrá un pico de delitos contra la propiedad cuando termine la cuarentena.
La flamante funcionaria del ministerio de Justicia adelantó un escenario de aumento de la criminalidad a raíz de la recesión económica y el impacto en la situación social que traerá aparejada la pandemia.
Por su parte, este domingo el presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Alberto Kahale, aseguró que desde que reabrieron los comercios sus afiliados ya sufrieron más de 1.600 robos.
“A la enorme preocupación por la falta de ventas ahora le sumamos la inseguridad”, señaló Kahale y agregó: “Es el golpe de gracia para terminar de matar a una pyme”, dijo.
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