Máxima tensión en el conurbano bonaerense: crece la preocupación por las tomas de predios, viviendas y terrenos

Mientras se escriben estas líneas, en el conurbano bonaerense hay al menos una usurpación de terrenos, predios o viviendas. En la última semana, solo como ejemplo, la Justicia intervino y ordenó el desalojo, en 25 casos, en intendencias como La Plata, La Matanza, San Martín, José C. Paz, Mercedes, Florencio Varela, Merlo, entre otras. Son los municipios donde la pandemia, la cuarentena y el parate económico golpea con más fuerza. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ya había expresado su preocupación sobre el tema y ahora, ante una consulta de este medio, abunda: “Las usurpaciones son en toda la provincia. La situación más heavy, las más pesadas, las más organizadas y consecutivas son en la ciudad de La Plata”. En esos desalojos intervino la Policía Bonaerense, a instancias de la Justicia. Varios de ellos terminaron en enfrentamientos entre los okupas y los uniformados. Hubo balas de goma, gases lacrimógenos, corridas, piedrazos, tiros y heridos. La situación es una espiral en ascenso donde cuestiones políticas, sociales y de inseguridad se trenzan. Los propios jefes comunales son los que alzan su voz para describir el grave problema.

“La cosa se está poniendo fea”

“La inseguridad y la toma de tierras son problemas que se agrava día a día, por eso estamos solicitando la intervención de las fuerzas federales. Hace unos días tuvimos un caso muy violento, dos autos cruzaron a una camioneta y los delincuentes bajaron con armas largas. Pocos días atrás se produjo un intento de usurpación en el Barrio Gendarmería, y no es el único caso. Es gente organizada. Estamos muy preocupados. Estamos desbordados en materia de seguridad, por eso necesitamos a las fuerzas de Seguridad de la Nación”. La fotografía es revelada por Mario Ishii (PJ), el alcalde de José C. Paz. Antes de la pandemia, la municipalidad entregaba 15.000 bolsones de alimentos por mes. Ahora la mercadería llega a casi 40.000 familias a través de las iglesias, de los centros de jubilados y de asociaciones intermedias.

“Los que salen a cometer delitos de cualquier tipo lo hacen porque son delincuentes, no por hambre. Es una picardía lo que está pasando. Hay mucha intolerancia entre la gente. Hay zonas en las que se toman terrenos o viviendas que la ex gobernadora dejó sin terminar y así y todo intentan tomarlas. La mayor parte de la gente que está tratando de usurpar esos terrenos, las viviendas a medio levantar, son extranjeros. Los delitos y las tomas han aumentado en José C. Paz. Nosotros tratamos de prevenir e impedir, pero solo no podemos. La gente que toma los terrenos tampoco lo hace porque está mal alimentada. Nosotros repartimos comida. El gobierno de Alberto Fernández hace un esfuerzo enorme por asistir a los más necesitados”, opinó Ishii ante Infobae.

En José C. Paz fueron varias las tomas que se produjeron y que debieron ser desalojadas o evitadas. Una de ellas ocurrió en los terrenos del basural del Barrio San Atilio. Los usurpadores llegaron a plena luz del día con palos, chaperío, cartones y cintas para marcar las parcelas del nuevo asentamiento (en el municipio ya hay establecidos 37).

En las imágenes, grabadas por los vecinos, se escuchan con claridad las detonaciones, los gritos, se observan las corridas, las botellas sobre los integrantes de infantería y los fogonazos producidos por las escopetas con balas de goma y cartuchos de estruendo.

Días antes, más de 200 personas ingresaron a las viviendas “sin terminar” del barrio “Gendarmería”, también conocido como “Las 300 casitas”, ubicado en el límite con Cuartel V, en Moreno, sobre la avenida Saavedra Lamas. La construcción del complejo con fines sociales comenzó hace casi diez años, y si bien los departamentos fueron adjudicados, ya hubo un intento de toma en 2018, y ahora volvió a ocurrir. Como aquella vez, la policía, por orden de la Justicia, actuó con fuerza ante la resistencia de los usurpadores.

Desde ese último intento de tomas en el barrio “Las 300 casitas”, la Policía Bonaerense, al mando del comisario general Daniel García, montó, a través del Centro de Operaciones Policial (COP), y que lleva la nomenclatura “A07-009″, un “amplio operativo permanente de prevención de usurpaciones” integrado por dos grupos. Los días impares recorren el lugar los efectivos de Infantería, y los pares, hace lo propio el grupo de Caballería.

“Cuando hablo de inseguridad no separo el delito de los motochorros, que antes no había y ahora hay en José C. Paz, y las tomas: ambas se juntan. En 2018 también hubo una toma en ‘Las 300 casitas', pero fui yo, hablé con los vecinos y les aseguré que las viviendas iban a quedar en las familias que fueron adjudicadas. Después la Justicia y la policía y Gendarmería hicieron lo suyo. Se podía hablar con respeto. Ya no hay respeto. Cuando se pasa una línea todo se complica. A eso se le suma la pandemia y estamos peor. Acá el delito aumentó entre un 70%, un 80%. Las fuerzas federales deben actuar con determinación porque la cosa se está poniendo fea”, insistió el intendente Ishii.

“La zona más heavy”

En la capital de la provincia de Buenos Aires -según el ministro Berni, la zona más heavy- hubo al menos cuatro casos en los últimos días. Fue en Los Hornos, Los Porteños, barrio La Aviación y en City Bell.

“Para nosotros estas tomas, perfectamente organizadas, no tienen nada que ver con demandas de tipo sociales, que hay y son muchas. Las usurpaciones, al menos en La Plata, son fogoneadas políticamente y buscan sacar provecho de una situación cómo está. Si bien la justicia está investigando cada uno de los hechos, creemos que son organizaciones políticas y sociales que están detrás y buscan promover este tipo de acciones. Se estableció, al menos en un caso, que después de la toma se vendían parcelas de terreno por Facebook. Por eso se busca actuar con todo el peso de la Justicia y del poder policial para evitarlas”, relata un estrecho colaborador del intendente Julio Garro (Cambiemos).

La toma más violenta -y no es la primera que ocurre en el lugar- fue la de City Bell. El predio está circunscrito entre las calles 141 y 446. Fue caratulado como “tentativa de usurpación”. Ocurrió el 17 de julio pasado a las 22.30. Hay 40 imputados. Investiga el fiscal Marcelo Romero. Las tareas de desalojo del campamento que se había establecido no fueron sencillas, e intervino personal del Grupo de Infantería, de la comisaría 10, el Grupo de Avanzada GAD y el Grupo Táctico Operativo (GTO), todos pertenecientes a la Policía Bonaerense con asiento en La Plata.

En el reporte elevado al fiscal Romero se describe: “Un grupo de personas con palos y machetes se reunieron nuevamente a los fines de tomar el predio ubicado al costado de las vías muertas”. En principio, los uniformados, por ordenes de la fiscalía, lograron disuadir a ese primer grupo de personas “en forma pacífica, logrando que se movieran del lugar hacia el costado de la vía y el puente de hierro”.

Sin embargo, en ese punto, se encontraron con la resistencia de otro grupo de unas 40 personas que ya tenían desplegadas carpas “con intenciones de acampar y usurpar el predio”.

Esa vez el diálogo no llegó a buen puerto. ”Luego de haber dilatado las conversaciones y no llegar a un entendimiento entre las partes y con el fin de hacer cesar el delito, el personal policial, utilizando municiones de estruendo, logró dispersar el lugar y la destrucción y quema de los palos y maderas utilizadas por las personas”.

Lo insólito no fue el intento de toma de las tierras. Los propios vecinos que viven cerca del lugar le pidieron a la intendencia que “hagan algo” para evitar nuevos incidentes. La solución fue cavar una zanja profunda, larga y ancha, para evitar que los okupas vuelvan con facilidad a ese sector del barrio. También, con una pala mecánica, se removió un precario puente metálico a través del cual se llegaba con facilidad al predio.

El resultado fue una verdadera trinchera contra la inseguridad de las usurpaciones.

A pocas cuadras de allí, y casi de manera simultanea, también hubo un intento de usurpación, pero los vecinos llamaron rápidamente al 911. Cuando llegó el Grupo GAD, los que intentaban tomar los terrenos se fueron y fue detenida una sola persona, a quien se le inició la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) que lleva el número 023375-20 caratulada como “usurpación”.

En Los Hornos también hubo un masivo intento de toma de tierras fiscales en el predio ubicado entre las calles 74 y 155. El lugar es conocido como “La Aviación”. Primero fueron unas diez personas que llegaron al lugar y utilizando combustible quemaron el pasto y comenzaron a parcelar con cintas blancas. A las 24 horas, los usurpadores llegaban a 300 y al amanecer del otro día, se habían instalado unas 600 personas, entre niños y adultos.

Después de varias horas de tensión, golpes, gases lacrimógenos, botellazos y disparos, los terrenos -propiedad del Estado nacional- fueron desalojados. Según la causa judicial, entre los organizadores de las tomas se encontraban dirigentes del Frente de Organizaciones en Lucha. Después del fragor, y que dejó heridos de ambos bandos, media docena de personas fueron puestas a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación N° 15, a cargo de Cecilia Corfield. Los imputados fueron acusados de los presuntos delitos de “daño calificado, lesiones, tentativa de usurpación y resistencia a la autoridad”.

En Merlo, la localidad gobernada por Gustavo Adolfo Menéndez (Frente de Todos), uno de los intendentes que enfermó de coronavirus, también sufre las reiteradas tomas de tierras, ya sean fiscales o privadas. Una de las más violentas ocurrió en el predio de media hectárea ubicado en la calle De la amistad entre Oroño y Ocampo. La causa está caratulada como “usurpación y daños” y se originó por un llamado al 911 por parte de los vecinos de la zona que observaron cómo un grupo de unas 50 personas -parte de ellos habían llegado en colectivos “tipo escolar”- ocupaban de manera ilegal las tierras.

En el expediente, a cargo de la UFI Nº 8 de Morón, se describe la manera en que el abultado grupo llegó con improvisadas carpas, palos, cintas para delimitar los terrenos, palas y machetes, y comenzaron a instalarse. A esa primera avanzada, llegaron otras dos, ya con mujeres y niños.

De inmediato fueron enviados móviles policiales de la comisaría 5ª de la localidad de Pontevedra. El parte labrado en el lugar indica: “Al tratar de identificar y hacerle saber que debían retirarse, se tornan hostiles arrojando objetos, dañando capot del móvil del Comando de Patrulla de Merlo”.

Después de más de dos horas de tensión, algunos incidentes y escenas de pugilato entre policías y usurpadores, “se retomó el diálogo pacífico y se retiraron del lugar” y el personal resultó ileso, destaca el acta policial incorporado a la causa.

En el populoso partido bonaerense de San Martín, a cargo del peronista Fernando Adrián Moreira, también ocurrieron varias tomas de terrenos y predios. Una de ellas ocurrió en el Barrio 13 de Julio, en la localidad de José León Suárez. Allí un grupo de varias familias, que aseguraban no tener un techo para vivir, tomaron terrenos fiscales abandonados que corren de manera paralela a las vías del ferrocarril.

La causa por la usurpación, y el posterior desalojo, quedó a cargo de la Fiscalía N°3 de San Martín, quien de inmediato ordenó una “negociación” con las familias. La tarea la iniciaron los efectivos de la Comisaría 4ª de esa localidad. Pasaron varios días hasta que llegó el desalojo por parte de Infantería. Luego los vecinos que acampaban allí, y que habían decidido no levantar las precarias casas armadas con chapas, lonas y cartón, comenzaron a rellenar el terreno con tierra que ingresaban en camiones volcadores. De manera simultánea, en el predio se asentaban otras familias, que pertenecerían, según las improvisadas banderas que los acompañaban, a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

En su exposición ante la Justicia, dirigentes de esa organización aseguraron que al menos parte del predio tomado había sido donado por un vecino para instalar un comedor y un merendero para asistir a los más necesitados de la zona.

Como modo de disuasión, al lugar llegaron más de 100 efectivos policiales que fuertemente armados y con escudos, se impusieron y llevaron adelante el desalojo ordenado por la fiscalía.

Fuertes operativos policiales para forzar los desalojos de tierras usurpadas durante la pandemia y el aislamiento obligatorio se observaron en decenas de puntos geográficos de la provincia de Buenos Aires. A los anteriores, se suman, por ejemplo, varias tomas en La Matanza, el territorio administrado por Fernando Espinoza (Frente de Todos).

A la usurpación de la reserva ubicada en Ciudad Evita, unas 300 hectáreas preservadas, y que ocurrió en abril -tal como ya informó este medio- se suma una que ocurrió en González Catán, donde se registraron serios incidentes y que terminó con detenidos y heridos. El hecho, según el parte oficial, ocurrió el 16 de julio.

Ese día el intento de toma de terrenos en las inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 1.001 y la calle Atalco fue impedido apenas el primer grupo de okupas comenzó a instalarse y comenzar a parcelar el terreno. Fue una batalla campal en la cual se impusieron las corridas, las balas de gomas y los objetos contundentes contra la infantería el el grupo GAD. El alerta al 911 que derivó en los incidentes lo dio el dueño de los terrenos intrusados.

Desde la municipalidad de La Matanza se intentó bajarle el tono a esos incidentes. Como el intendente Garro en La Plata, los funcionarios del intendente Espinoza también sostienen que son grupos organizados y no vecinos desesperados por la situación social los que intentan ocupar las tierras del distrito.

Como ocurre en otros municipios, como por ejemplo José C. Paz, en La Matanza, antes de la pandemia del nuevo coronavirus se venían asistiendo a más de 100.000 familias. Ahora son 300.000 las familias que reciben bolsones de alimentos, elementos de higiene y raciones de alimentos caliente que elabora y distribuye el Ejército Argentino que colabora en ese y otros distritos del conurbano.

El norte del conurbano bonaerense tampoco es ajeno a las intrusiones de tierras. En San Fernando, por ejemplo, hace unos diez días hubo un intento de toma de terrenos que es utilizado en Villa Jardín como recreo y espacio público pero, esta vez sin incidentes, fue desalojado por la policía. Según la información oficial que se hizo llegar a Infobae desde la alcaldía de Juan Andreotti, a partir del 20 de marzo, fecha en que comenzó a regir la cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández, la asistencia a los sectores más postergados de la localidad aumentó en un 600%.

Esto se traduce en asistencia alimentaria, entrega de lavandina y productos de limpieza. De esa manera la ayuda alcanza a unas 7000 familias, 25 comedores, iglesias católicas y evangélicas. También se reforzó el Servicio Alimentario Escolar, a través del cual se entregan bolsones de alimentos a las familias de los alumnos de escuelas públicas tanto de continente como de islas del Delta.

A partir de la multiplicación de casos de usurpaciones, una situación advertida por el ministro Berni, Adriana Cáceres, la diputada nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley en la Cámara Baja en el que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas para las personas que usurpen propiedades y terrenos privados.

Juan Grabois, el dirigente de la UTEP, y uno de los activistas sociales señalados por algunos intendentes como el motor de algunas tomas, como por ejemplo en La Plata y San Martín, ya se había expresado sobre el tema hace un mes en diálogo con Luis Novaresio. Sin vueltas, aseguró que de cara a la post-pandemia se aproximaba un “fuerte aumento de la criminalidad”.

“La gente va a ver que hay una Argentina devastada, un aumento sideral de la pobreza. La consecuencia de eso, si no hay una intervención política muy fuerte, va a ser un muy fuerte aumento de la criminalidad y un proceso de toma de tierras”, aseguró Grabois. El diagnóstico parece haberse adelantando en el tiempo.

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