Se la llamó la Universidad de las Madres. Aunque su nombre formal era en realidad Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. En 2014, cuando el kirchnerismo estatizó la casa de estudios, pasó a ser el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA). Desde la semana pasada, al frente de la carrera de Derecho de esa institución está Alejandra Gils Carbó, quien estuvo a cargo de la Procuración General de la Nación entre 2012 y 2017.
En 2014 el gobierno de Cristina Kirchner decidió estatizar la universidad, jaqueada por las deudas y los juicios que derivaron del escándalo con dineros públicos que tuvo a los hermanos Schoklender como principales protagonistas.
En el Senado el proyecto de estatización había fracasado dos veces para conseguir dictamen de comisión. Lo logró en el tercer intento. La votación en el recinto fue de 39 a 23. El kirchnerismo sumó a dos senadores puntanos que por aquellos días lograron la aprobación de la creación de una universidad nacional en la localidad de Merlo, San Luis.
En octubre de 2014 el oficialismo de entonces impuso su mayoría en Diputados y convirtió en Ley la creación de la Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA), que absorbió la universidad que estaba bajo la conducción política de Hebe de Bonafini.
La nacionalización de esa universidad popular fue el último capítulo de una trama que se aceleró tras las denuncias de corrupción que involucraron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que administraban Bonafini y Sergio Schoklender.
El PRO, UNEN, el massismo y la izquierda votaron en contra de aquella estatización en la Cámara baja. Hebe de Bonafini fue procesada al igual que los Schoklender por la defraudación con el programa de construcción de viviendas populares llamado Sueños Compartidos y está a la espera de un juicio oral y público. Aquella estatización fue analizada por la oposición al kirchnerismo como un intento de morigerar la situación financiera de la Universidad que por entonces tenía una deuda de 200 millones de pesos.
A partir de la estatización, el instituto quedó bajo la órbita del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que desde diciembre pasado conduce Marcela Losardo. El macrismo había designado allí a Javier Alejandro Buján, quien duró en sus funciones hasta hace tres meses. A principios de abril pasado el gobierno de Alberto Fernández designó al abogado y licenciado en Filosofía Rodrigo Codino como nuevo rector organizador del IUNMA.
Mediante una resolución conjunta de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Educación, Codino fue nombrado para asumir la conducción de lo que había sido la Universidad de las Madres.
El 3 de abril Codino fue designado rector organizador y unos días más comenzó a formalizar la constitución del equipo de conducción del Instituto. El 21 de abril fue nombrado vicerrector Adolfo Gustavo Scrinzi, ex subprocurador del Tesoro de la Nación y ex profesor titular en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. En tanto Alejandro Alagia, fiscal general a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración, fue designado director del Departamento de Ciencias Sociales.
Codino puso a cargo del departamento de Humanidades a María Florencia Greco y de la carrera de Licenciatura y profesorado en Historia a Juan Francisco Martínez Peria. En tanto, Marcela María Sánchez fue nombrada como directora de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social. Además, fue designado a cargo de la carrera de licenciatura en Comunicación, Marcelo Pastorella.
El 30 de abril Jacobo Grossman, amigo y ex socio de Raúl Zaffaroni en el estudio de abogados, fue designado secretario general del instituto. El 11 de mayo Paula Marcela Camarotti fue nombrada como secretaria administrativa. En tanto el 13 de mayo pasado fue designada como secretaria académica María Elena Patzer. Mediante la resolución ministerial 186 firmada el 19 de junio pasado, la ministra Losardo dio conformidad a las designaciones hechas por el rector.
El 17 de julio pasado, a través de la resolución ministerial 239, Losardo prestó su acuerdo a la designación de Gils Carbó a cargo de la carrera de Derecho del IUNMA. De esa forma se completó el cuadro de autoridades de las diferentes áreas académicas para la nueva gestión. Según consta en la resolución la ex procuradora general de la Nación trabajará “ad honorem”. Gils Carbó se jubiló como procuradora y su remuneración mensual es equivalente al de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lejos quedaron aquellos tiempos en los que Gils Carbó como fiscal de la Cámara Comercial se opuso a la fusión entre Cablevisión y Multicanal, hecho que terminó consolidando a Clarín como el grupo más poderoso de medios del país. En aquel entonces, el gobierno de Néstor Kirchner propiciaba la fusión que se terminó concretando y que le valió a Gils Carbó siete pedidos de juicio político.
Meses después de concretarse finalmente la fusión vino el “Clarín Miente”. Y con la crisis de la Resolución 125 el agravamiento del enfrentamiento entre el kirchnerismo y Clarín. En 2012 la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner echó al procurador general de la Nación que había nominado Néstor Kirchner, Esteban “Bebe” Righi. Fue al inicio del Caso Ciccone por el que el ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión.
El kirchnerismo se quedó sin procurador: exploraron con Daniel Reposo, quien fue desechado porque mintió en su currículum. Entonces en la mesa chica del Gobierno recordaron que había una fiscal que no la había pasado bien por oponerse a la fusión y que podría ser buena candidata por su perfil anti Clarín. Y así fue que Gils Carbó obtuvo amplia mayoría en el Senado -con apoyo de la oposición- y llegó al cargo. Mostró inmediatamente su alineamiento con las políticas judiciales del oficialismo y encabezó el colectivo judicial kirchnerista Justicia Legítima.
Desde que asumió en 2015 Mauricio Macri había manifestado su intención de que Gils Carbó abandonara el cargo. Finalmente Gils Carbó anunció en octubre de 2017 su renuncia a la Procuración a partir del 31 de diciembre de aquel año. El anuncio se hizo días después de haber sido procesada por la compra del edificio de la Procuración en la calle Perón al 600. En 2018 ese procesamiento por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública fue confirmado por la Cámara Federal y el caso se encuentra en camino hacia el juicio oral y público.
La primera actividad pública de la que Gils Carbó participa es la de la organización junto a Alagia de un ciclo de conferencias destinadas a homenajear a Julio Maier, prestigioso penalista fallecido hace unos días. Según se anuncia en la web del IUNMA, inaugurará el ciclo el presidente Alberto Fernández.
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