![Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte](https://www.infobae.com/new-resizer/JScVxsdG7kWCn1iSIPRGPDZ40X4=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T6IQ765Z6ZDFPKMHZN2KP6T474.jpg 420w)
Guillermo Dietrich, el ex ministro de Transporte, está citado a indagatoria hoy ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que lo investiga en la llamada causa “peajes”, en donde se investiga si durante el gobierno de Mauricio Macri se benefició en las concesiones viales otorgadas a empresas relacionadas con la familia del ex presidente.
En la causa ya fueron procesados, en tiempo exprés, los ex funcionarios Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías. Para el lunes también está citado el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne. La causa tiene la carátula “Macri, Mauricio y otros sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”.
Según las fuentes consultadas por Infobae, la defensa de Dietrich recusó este jueves al juez Canicoba Corral. Sin embargo, la presentación no tiene efectos suspensivos, por lo que el ex funcionario y su defensa se presentarán a cumplir con la citación. Esta prevista para las 10 de la mañana, en una convocatoria vía zoom, por las complicaciones de la pandemia.
Frente a eso, se estima que Dietrich negará los cargos que se le imputan. Una estrategia similar analiza Dujovne, convocado para el próximo lunes.
Es que ya tienen el ejemplo de los que les pasó a sus compañeros de causa: Iguacel y Saravia Frías, que ya fueron procesados y embargados el lunes pasado por un monto de 500 mil pesos cada uno. Los dos habían recusado a Canicoba Corral por presunta pérdida de objetividad, a raíz de las declaraciones que había hecho el propio juez sobre “su sentir hacia el gobierno anterior”. Sin embargo, Canicoba Corrral rechazó el pedido y aseguró que se había cumplido con todas las normas procesales.
“Cada uno de los imputados realizó, en el marco de las respectivas competencias funcionales que ostentaban, el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado”, dijo el juez en su resolución. “La función que realizó cada uno de los imputados resultó indispensable para la obtención del resultado querido conforme el plan original. Es decir, ninguno de los intervinientes realiza la totalidad de la acción, sino que ella se produce como consecuencia de la sumatoria de todos los actos parciales de aquellos”.
![El juez Rodolfo Canicoba Corral](https://www.infobae.com/new-resizer/FIsL6Z58HXC5LmZKXOKATfI7kjU=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/Q6QFRLWDOVFYZOLQXIWU5YJADI.jpg 420w)
Según advirtió, “los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo”. Los procesó así por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
La defensa confía en revertir estas decisiones en las apelaciones que presentarán ante la Cámara Federal. A partir del 29 de julio, además, Canicoba Corral ya no estará más al frente del expediente ni en tribunales. Se jubilará porque cumple 75 años y hoy fue sorteado Julián Ercolini para subrogar durante un año ese juzgado.
En la causa se investigan las presuntas maniobras fraudulentas entre Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires. “Las maniobras defraudatorias y actos en violación a la ley vigente, que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron”, describió el juez Canicoba Corral cuando citó a indagatoria a los acusados en un expediente que se inició tras una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau.
Los denunciantes señalaron que las irregularidades comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Abertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI). Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.
El juez Canicoba Corral dispuso también la indagatoria de Barberis Martín y de Ricardo José Stoddart, quien estuvo al frente del área de Legales de la Dirección Nacional de Vialidad cuando se firmaron los contratos, pero todavía no se fijó la fecha de esas convocatorias.