En medio de la expectativa generada por el postergado envío de la reforma judicial, el presidente Alberto Fernández tiene en su poder 153 ternas de postulantes a jueces nacionales y federales, de las que debe elegir sus candidatos para enviarlos al Senado. El acuerdo de la Cámara alta es el último paso para cumplimentar el proceso de selección de los magistrados previsto en la Constitución.
El 11 de febrero último, el primer mandatario había retirado la totalidad de los 131 pliegos enviados por su antecesor Mauricio Macri. Sumados los de los candidatos propuestos para fiscales, defensores oficiales y conjueces, en total, los nombres que volvieron al Ejecutivo para ser revisados “caso por caso” totalizaban 198. Algunos de ellos esperaban tratamiento en el Senado desde 2018.
A esos pliegos se suman 5 ternas de las que Macri no había llegado a elegir candidato y otras 17 que el Consejo de la Magistratura de la Nación elevó entre marzo y abril de este año. Estas 17 corresponden a cuatro concursos para cubrir siete vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, ocho Juzgados Laborales de primera instancia, un cargo en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), y el Juzgado Federal de San Francisco (Córdoba).
Esa cantidad de pliegos que esperan la decisión del Ejecutivo representa más de la mitad de las 285 vacantes de magistrados que existen en Juzgados, Tribunales orales y Cámaras de los distintos fueros, sobre un total de 988 cargos en la Justicia nacional y federal. Varios de ellos en Salta y Jujuy, donde ya comenzó a regir el nuevo Código Penal y son necesarios más jueces.
La demora en el envío -según le dijeron a Infobae fuentes del oficialismo- obedeció a “la dinámica propia de la pandemia, la puesta en funcionamiento de la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, el conflicto de las cárceles y la elaboración de la reforma judicial”.
“Se está analizando cada concurso en particular y nombre por nombre para enviar los mejores candidatos a jueces. Trabajamos sobre listas que no elaboramos nosotros y que, en muchos casos, tenían cierto manejo que exige que sean revisadas”, afirmó una fuente del Ejecutivo que interviene en este proceso de selección. Según le aseguró a Infobae, “en dos semanas ya saldrían entre 20 y 30 nombres del Ministerio de Justicia hacia el Ejecutivo para que los evalúe”.
Esas ternas fueron conformadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación con los cuatro primeros postulantes que obtuvieron los mejores puntajes del concurso respectivo. Ese orden de mérito se conformó luego de un examen escrito por oposición, la consideración de sus antecedentes y una entrevista personal ante miembros del órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales. El Presidente tiene la facultad de elegir de la terna ya conformada otro candidato diferente a su antecesor, pero no puede cambiar su conformación.
Del proceso de análisis y propuestas de los candidatos a Alberto Fernández participan la titular de esa cartera, Marcela Losardo; su segundo en el Ministerio, Juan Martín Mena; y el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Gerónimo Ustarroz.
Para esta primera tanda, las consultas no implicarían a los gobernadores, ya que -según la fuente del oficialismo- no se incluirán candidatos a jueces federales de las provincias. Sí se terminarán de definir con las tres listas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). Sus representantes en el Consejo de la Magistratura son el camarista de San Martín Alberto Lugones, presidente del organismo y referente de la Lista Celeste - con mayor sintonía con el kirchnerismo y el peronismo-; Ricardo Recondo, ex presidente del Consejo y actual vicepresidente, un histórico de la Lista Bordó, más cercana a Cambiemos; y el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, de Compromiso Judicial, con posiciones intermedias entre ambas. “Nos preguntaron qué candidatos nos parecían más idóneos, pero no sabemos a quiénes van a elegir”, advirtió uno de los que dio su opinión sobre los candidatos que apoya su agrupación en la Asociación de Magistrados.
Todo indica que la mayoría de los candidatos para los fueros civil, comercial y laboral, de perfil más técnico, no serían objetados y serían enviados nuevamente al Senado. La lupa del Ejecutivo se posó en algunos cargos claves, especialmente de la Justicia Federal, que es la que interviene en los casos en que están involucrados funcionarios públicos, y especialmente en aquellos juzgados que tienen competencia electoral.
Entre los 198 pliegos retirados el 11 de febrero pasado, había 9 candidatos a fiscales, 45 a defensores oficiales y el de la fallida candidata a procuradora general Inés Weinberg de Roca propuesta por Macri. En su lugar, Fernández envió el 10 de marzo pasado el del juez federal Daniel Rafecas, el único pliego que ingresó hasta ahora. El trámite de la votación de un nuevo procurador general quedó en stand by -más allá del inicio de la pandemia- porque el oficialismo no tiene los dos tercios requeridos para su aprobación. Aún no tuvo lugar la audiencia pública, paso previo para su tratamiento en el recinto.
Designación de conjueces
La semana pasada, el Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad un listado de 204 candidatos a conjueces que podrían cubrir en el futuro algunas de las vacantes de magistrados que existen en la Justicia nacional y federal, hasta que sean cubiertos con los jueces definitivos designados por el trámite previsto en la Constitución. Estos nombres de postulantes a conjueces pasaron ya por un concurso para ser jueces o camaristas, pero no quedaron seleccionados en las ternas enviadas al Ejecutivo, o no fueron elegidos por el Presidente.
Esas 18 listas elaboradas por jurisdicción para la que concursaron, todavía no fueron elevadas a Fernández. Se estima que lo serán en los próximos días, una vez firmada la resolución. El Presidente podrá aprobar a todos los candidatos a conjueces, o elegir una cantidad de ellos para enviar sus nombres al Senado de la Nación, que también deberá darles su acuerdo, como ocurre con los jueces.
En el plenario en el que se aprobaron los candidatos a actuar como eventuales magistrados suplentes, el diputado del PRO Pablo Tonelli exhortó al Ejecutivo para que “remita al Senado la enorme cantidad de pliegos que están pendientes, de acuerdo con el procedimiento previsto por la Constitución, para que sean jueces con todas las letras”.
El consejero abogado de origen radical Juan Pablo Mas Vélez se sumó al reclamo y propuso, asimismo, “acelerar los concursos, para darle continuidad a los entre 25 y 30 expedientes pendientes”, cuyas entrevistas personales debe llevar adelante la Comisión de Selección” En este sentido, ayer, este cuerpo del Consejo de la Magistratura, que preside Graciela Camaño, aprobó que se pueda avanzar con las entrevistas personales de los concursantes a magistrados en forma remota, para acelerar ese trámite.
Debate sobre traslados
Ayer también, la Comisión de Selección empezó a debatir el pedido del Gobierno nacional para revisar el traslado de 10 magistrados –la mayoría realizados durante el mandato de Macri–, que fueron señalados como irregulares, ya que no cumplirían con todos los requisitos legales exigidos por la Constitución para ocupar una vacante en otro tribunal o Cámara. Este cuerpo votará la semana que viene una propuesta para definir el futuro de los 10 jueces cuyo traslado está cuestionado, según un informe elaborado por Ustarroz.
Todos son magistrados o camaristas federales que intervienen en causas de corrupción, narcotráfico o lavado dinero. Entre ellos están Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladados de un Tribunal Oral Federal (TOF) a la Cámara Federal de Comodoro Py, donde se revisan las decisiones en causas de corrupción que involucran funcionarios públicos. También está en esa lista Germán Castelli, que integra el TOF 7 que llevará adelante el juicio de la causa de los cuadernos de las coimas, y Federico Villena, hoy juez federal en Lomas de Zamora, quien fue recientemente apartado de la causa de espionaje ilegal que se habría llevado adelante durante el gobierno de Macri.
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