El fiscal Abel Córdoba arrancó este jueves su alegato en el juicio de la “ruta del dinero K” adelantando que pedirá penas sobre la mayoría de los acusados, a excepción de ocho de los acusados. Eso incluye a Lázaro Báez, al abogado Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi, Federico Elaskar y Leonardo Fariña entre otros. Además, dijo que tomará en cuenta como ilícitos precedentes del lavado de dinero las irregularidades en la obra pública, que se juzgan en la causa de Vialidad, y la evasión impositiva de Austral Construcciones.
“La fortuna (de Báez) se explica en las maniobras de la obra pública y la evasión impositiva. Para esta Fiscalía, en la actualidad, los pronunciamientos judiciales que se desarrollaron en esas causas (procesamientos, confirmación y elevación a juicio) dan por acreditado ese tipo penal”, sostuvo el fiscal, trazando una relación directa entre los bienes que acumuló Báez y los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. De hecho, mencionó la “relación personal” entre el empresario y el ex presidente.
En su alegato, a través de la aplicación Zoom, Córdoba destacó la investigación que llevó adelante el juez Sebastián Casanello. Dijo que lo hizo “en un contexto complejo” y que tuvo que “sufrir acusaciones durísimas del propio Lazaro Báez. “Acusó al juez de hechos falsos, fue un embate inescrupuloso”, cuestionó sobre el accionar del empresario y sus abogados.
Sobre la maniobra de lavado, el fiscal aseguró que llegó a totalizar la suma de USD 54.872.875, y sostuvo que “los acusados han consumado delitos en las narices del tribunal”. “La hipótesis central sobre la maniobra de lavado se encuentra acreditada con suficiencia, con certeza y con una contundencia inédita”, agregó.
Córdoba detalló los llamativos cambios en la defensa de Báez a lo largo del juicio: “Comienza negando todo. Cuando aparece la prueba, admite que estaban los fondos pero no eran ilícitos y asume la propiedad. Cuando los fondos son ilícitos, no hay motivación válida”.
También hizo un repaso de la venta de la financiera La Rosadita al entorno de Báez, uno de los temas centrales de la causa. “La relación entre Fariña y Elaskar data de fines de 2010, pero recién el 21 de octubre de 2011 Elaskar le pasa sus acciones a Helvetic. Elaskar negoció primero con Fariña y luego con Pérez Gadin. El único común entre ellos es Báez”, resumió.
El empresario nuevamente se negó hoy a ser trasladado hasta la sala de audiencias que se utiliza dentro de la cárcel de Ezeiza para videoconferencias. Anoche, según fuentes de su defensa, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) lo notificó que tenía que estar presente en la audiencia, y que podía ser obligado por la fuerza pública. Sin embargo, esta mañana se confirmó que hubo un “error”. Aclarado el panorama, Báez y su hijo Martín prefirieron quedarse en el pabellón donde están alojados.
El traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires también estuvo presente en el alegato del fiscal. Córdoba denunció una serie de irregularidades en los controles que debían ejercer las autoridades aeronáuticas, especialmente en el aeropuerto de San Fernando, donde aterrizaban los aviones de la empresa Top Air. “En un vuelo de Rio Gallegos a Comodoro Rivadavia se omitió el apellido de un pasajero, pusieron solo el nombre de ‘Lazaro. En otro vuelo, se reemplazó el DNI de Melina Báez por el de Luciana”, ejemplificó.
Ayer, en la primera audiencia luego del receso por la cuarentena, la Oficina Anticorrupción pidió una pena de 8 años y 6 meses de prisión para Lázaro Báez. El empresario ya acumulaba dos pedidos de penas de 9 y 8 años de cárcel de las otras dos querellas. Los abogados de la OA también pidieron penas para los cuatro hijos de Báez, para el abogado Jorge Chueco (7 años y 6 meses), actualmente en libertad, y Daniel Pérez Gadin, una pieza clave en la estructura de Báez (7 años y 6 meses).
En el caso de Leonardo Fariña, los abogados de la OA destacaron su rol como arrepentido y solicitaron una pena de apenas 3 años. “Los aportes de Fariña han contribuido a comprobar los hechos de lavado”, destacaron los letrados.
La Fiscalía tiene dos audiencias más para completar su alegato. A partir de ese momento el juicio entrará en la recta final con los alegatos de las defensas y las últimas palabras. El TOF 4 dispuso el siguiente orden: 1) Lázaro Báez, 2) Jorge Oscar Chueco, 3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 4) Leonardo Fariña, 5) Martín Báez, 6) Leandro Báez, 7) Melina Báez, 8) Luciana Báez, 9) Walter Zanzot, 10) Julio Enrique Mendoza y así hasta llegar al número 27.
La libertad de Báez depende nuevamente de la Cámara de Casación. Su defensa apeló otra vez la fianza de $632.500.000 que le había impuesto el TOF 4. Este miércoles, el tribunal hizo lugar al recurso y ahora quedó en manos del máximo tribunal penal del país. Hace dos semanas, el fiscal había dictaminado a favor de reducir la fianza en pesos a 386.578.500, aunque mantuvo el monto en dólares.
La situación de Báez se complicó aún más porque el TOF 4 pidió también un nuevo informe sobre el estado de salud del empresario y reclamó actualizar los datos sobre la situación socio-ambiental del domicilio denunciado, en el barrio Ayres del Pilar, donde tenía previsto vivir. De esta manera, también quedó en suspenso el lugar elegido para cumplir con la domiciliaria. Báez había propuesto una casa en ese barrio privado, donde hubo protestas de los vecinos.
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