La discusión comenzará este jueves, a las 10 de la mañana, en el Consejo de la Magistratura. Graciela Camaño, titular de la Comisión de Selección y Escuela Judicial, habilitará el debate sobre el informe presentado por Gerónimo Ustarroz, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, para revisar el traslado de diez jueces durante la gestión de Mauricio Macri.
El oficialismo quiere que se revisen cada uno de los traslados de los magistrados porque aseguran que hubo irregularidades. Juntos por el Cambio tiene una mirada opuesta. Cree que no hace falta revisar esos pliegos y que el informe de Ustarroz es parte de una movida política del gobierno nacional para disciplinar en la Justicia y sacar del medio a jueces independientes.
La lista de los traslados que están en el foco del conflicto está compuesta por los jueces Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. El oficialismo pretende poner la lupa sobre sus movimientos - muchos de ellos de juzgados provinciales a federales - en los últimos cuatro años.
Camaño quedó en el centro de la escena no solo por ser la presidenta de la comisión en donde se debatirá el informe de Ustarroz, sino porque frente a un eventual empate en la votación para determinar si se trata o no ese documento, ella será la encargada de desempatar ya que, a priori, el oficialismo tiene seis votos y Juntos por el Cambio otros seis votos. Si queda planteado ese escenario, la legisladora peronista será la encargada de inclinar la balanza.
Previo a esa votación la oposición pondrá un reparo, lo que implica una traba en el camino hacia la aprobación del informe. Plantearán que para tratar el tema se debe tener el respaldo de 2/3 de los presentes, ya que para convalidar los traslados se necesita el mismo porcentaje de votos. El Frente de Todos sostiene que la votación debe ser por mayoría simple. La mitad más uno. En definitiva, se trata de la interpretación del reglamento de la comisión.
Una vez zanjada esa discusión, comenzarán a debatir sobre los motivos por los que deben revisarse los traslados. Camaño, como presidenta de la comisión, quiere escuchar los argumentos de las dos partes para poder tener mayor cantidad de detalles los fundamentos que impulsan o frenan el informe. Si tiene que definir, pretende hacerlo con un nivel de detalle superior al que tiene hoy.
De antemano la diputada lavagnista entiende que hubo irregularidades en muchos de los casos que plantea Ustarroz en el informe. Por una cuestión simple. Los pliegos deberían haber pasado por el Senado y no pasaron. Se tendría que haber realizado un concurso para el cargo y no se hizo. Al no hacerlo se obtura la posibilidad de que otros magistrados puedan competir por ese lugar y se termina eligiendo a dedo a un juez que ocupa el cargo. Además, hubo traslados que se habilitaron sin que el magistrado tenga cuatro años de antigüedad en el cargo, uno de los requisitos.
Llegado el caso, la legisladora que en el Congreso representa a Consenso Federal, el espacio fundado por Roberto Lavagna, entiende que debería hacerse una consulta a la Corte Suprema de Justicia para que determinen si los nombramientos están bien o mal realizados.
En Juntos por el Cambio creen que el movimiento es una embestida para influir en las causas que tiene la vicepresidenta Cristina Kirchner. En el oficialismo aclaran que los juicios que protagoniza la compañera de fórmula de Alberto Fernández están en los Tribunales Orales. Es decir, no están en poder de los jueces que están cuestionados. En cambio, sí tienen causas en las que está involucrado el ex presidente Mauricio Macri. “No están defendiendo la Justicia, sino que la están tratando de manejar a favor de las causas de Macri”, advierten en el Frente de Todos.
El principal exponente de la oposición en el Consejo es Pablo Tonelli, quien también se convirtió en el vocero de la postura del esquema político. El legislador representa la voz de Macri y, un escalón más abajo, de Patria Bullrich. Sus palabras son avaladas por el PRO, el espacio político al que pertenece y el que parece estar inmiscuido en un debate que le interesa sobremanera porque su líder y fundador está en el medio.
Días atrás, en diálogo con Infobae, Tonelli dejó en claro su postura. Que también es la del ex jefe de Estado. “El planteo es uno más de los embates contra la justicia independiente que está llevando adelante el oficialismo. Quieren controlar a la justicia independiente y ser cómplice con los funcionarios k procesados”, sostuvo.
En la oposición creen que Camaño acompañará la postura del Frente de Todos de revisar los trasladados. Incluso, se animan a plantear que el oficialismo presentó el informe sabiendo que la legisladora peronista acompañaría.
La diputada no reveló su voto. No recibió llamados de ninguno de los dos sectores para tratar de convencerla y no responde a un jefe político. Tiene autonomía absoluta en el territorio judicial. Si bien su pertenencia política es al espacio que conduce Lavagna, no habló con el economista sobre el tema. Su representación en el Congreso va en paralelo a su rol en el Consejo de la Magistratura.
Tampoco responde al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, su antiguo compañero de ruta en el Frente Renovador y por quien llegó a ocupar la silla en el Consejo. En los últimos días cambió algunos llamados pero estuvieron vinculados a proyectos que impulsa el Frente de Todos en la Cámara. No hubo pedidos ni sugerencias.
Camaño entró al Consejo en el 2018. El massismo pretendía que ese espacio lo ocupe el ex legislador Raúl Pérez. Sin embargo, un acuerdo contra reloj del Frente Renovador, el kirchnerismo y el peronismo federal (el bloque que respondía a los gobernadores del PJ) llevó a Eduardo “Wado” De Pedro y a Camaño como representantes de la Cámara baja por la mayoría. Cambiemos colocó a uno. El peronismo se unió y le impidió al oficialismo de entonces poner a dos consejeros.
“Todos los que están sentados en la mesa del Consejo saben que no voy a ser socia de ninguna cagada. Ni para un lado ni para el otro. No me van a presionar. Vivo tranquila”, le dijo Camaño a uno de sus colegas más cercanos en el Congreso. Coloquial y directa, como suele ser en las charlas de pasillo. No se siente forzada a jugar en favor de uno u otro. Y repite, quizás para desconcertar, “yo también soy oposición”. Es una realidad. Es parte de un bloque que representa al peronismo disidente. A los pocos que no se recluyeron bajo el paraguas del bloque oficialista que conduce Máximo Kirchner.
La discusión no se va a resolver en un solo día. Así lo consideran todos los actores que están involucrados. Primero es un debate jurídico y después es un debate numérico. Pero el contrapunto romperá la barrera de esta semana. Se va a extender en el tiempo. Y una vez que pase la comisión, deberá ser tratado en el plenario. Paso a paso. Sin embargo, el puntapié inicial lo darán el jueves, donde cada uno mostrará sus cartas en un tema sensible, que parece ser un aperitivo del complejo debate que se desatará cuando el proyecto de reforma judicial llegue al Congreso de la Nación.
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