La iniciativa del Ejecutivo para revisar el traslado de diez jueces, la mayoría de ellos realizados durante el macrismo, se convertirá en el foco del debate en el Consejo de la Magistratura, donde oficialismo y oposición tienen un empate que definiría la diputada Graciela Camaño, titular de la comisión que debe tratar el tema.
Hoy, la legisladora cuestionó esas decisiones que tomó el Consejo de la Magistratura durante el gobierno anterior pero a la vez afirmó: “Acá no vamos a hacer nada para favorecer a nadie”. “No soy macrista ni kirchnerista. No están aliados con mi presidencia para meter jueces amigos. Estamos intentando tener reglas claras”, aseguró Camaño.
El tema se trataría el jueves próximo en la Comisión de Selección, como adelató Infobae el sábado pasado al revelar la presentación del representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz. Todavía no fue oficializado y se definirá hoy, pero Camaño ya hizo saber en el Consejo su voluntad de tratar el tema el jueves.
Sin embargo, antes del jueves, el diputado del PRO Pablo Tonelli, convencido de que se trata de “un embate contra la justicia independiente”, contestará los cuestionamientos a los traslados que se hicieron durante el macrismo.
“Voy a hacer esta semana una presentación en el Consejo para contestar el planteo de Ustarroz -dijo Tonelli a Infobae-. El planteo es uno más de los embates contra la justicia independiente que está llevando adelante el oficialismo. No es casual que al mismo tiempo se conocía la idea del juicio política al Procurador General Eduardo Casal. Son acciones que se suman a otras anteriores que es controlar a la justicia independiente y ser cómplice con los funcionarios k procesados”.
A la hora de hablar de los traslados que se hicieron durante la gestión del macrismo, Tonelli aseguró: “Los traslados se ajustan a las pautas de las acordadas de la Corte Suprema. Si alguien creyera que hay algo irregular, la única manera de dar marcha atrás es hacer un planteo judicial y solo se pueden dejar sin efecto de esa manera porque son decisiones firmes que fueron tomadas por el Poder Ejecutivo, son actos administrativos que han generado efectos”.
Una de las ideas era firmar nuevos decretos derogando esos actos, pero a criterio de Tonelli esa opción tampoco sería válida.
Por su parte, el presidente del Consejo Alberto Lugones, un juez aliado del oficialismo, afirmó: “Hubo designaciones que no son legales; no es el procedimiento adecuado para designar jueces” y advirtió: “quizás quienes hoy defienden a ultranza la estabilidad de esos magistrados, deberían preguntarse por qué el gobierno anterior no les pidió el acuerdo para estos jueces”.
“Se dice que hay un intento de sacar jueces independientes; yo no sé si son independientes, pero lo cierto es que no pueden suplir con el paso del tiempo un vicio de origen”, sostuvo.
Al Consejo lo integran 13 miembros, entre abogados, jueces, diputados y senadores nacional y ya empiezan a contar los votos de cómo podría salir el tema de los traslados. El oficialismo cuenta con seis votos y la oposición con otros seis. El voto clave es el de Camaño. En los dos sectores la dan cercana a la movida del Ejecutivo “Si no, no hubiesen intentado esta jugada”, dijo a este medio off the record un integrante del bloque opositor.
La polémica gira en torno a los traslados, un mecanismo que existió durante 20 años para que un juez pueda cambiar de tribunal al que fue asignado. Debe cumplir una serie de requisitos. El kirchnerismo afirma que el macrismo usó esa práctica para conformar tribunales de “lawfare”. Ustarroz, representante del Ejecutivo, confeccionó un listado de todos los magistrados que fueron traslados durante los últimos 20 años y los armó tres categorías: los que cumplieron todos los requisitos; los que no cumplieron algún requisito pero no se violentó la Constitución (no tenían los 4 años de antiguedad en el cargo por ejemplo) y los que no cumplieron los requisitos y violentaron la Constitución.
En esa lista ubicó dos magistrados de la Cámara Federal a los que el kirchnerismo apuntó especialmente: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que confirmaron procesamientos contra Cristina Kirchner; a Germán Castelli, que integra el tribunal oral que tiene la causa de los cuadernos; y tres jueces que revisan cuestiones electorales. También figura Federico Villena, el magistrado que hasta hace unas semanas tenía la causa por el llamado “espionaje M”; y de Eduardo Farah, quien estuvo en la Cámara Federal de Comodoro Py y pidió su salida luego de firmar un fallo que liberó momentáneamente a los empresarios Cristóbal Lopez y Fabián De Sousa.
De los trece integrantes de la Magistratura, el oficialismo tiene garantizados seis votos favorables. La oposición y sus aliados sumarían otros seis. La llave para el desempate lo tendría la diputada Camaño, la titular de la Comisión de Selección en el Consejo, el organismo que tiene que revisar esos traslados. Y también definir si advierten irregularidades, cómo proceder.
La diputada dio un mensaje esta mañana cuando la consultaron sobre el tema en radio La Red. Por un lado, Camaño aseguró que durante el macrismo el Consejo de la Magistratura se excedió en sus facultades a la hora de autorizar traslados, pero a la vez afirmó: “Los que están preocupados se tienen que quedar tranquilos; acá no vamos a hacer nada para favorecer a nadie”.
Según explicó, “teníamos pedidos de traslados de jueces y no hay una norma clara”, más allá de los dos fallos de la Corte Suprema. “En algunos hay excesos que cometió el Consejo. Decidieron los consejeros. No es que un día se levanto Ustarroz y mandó un aporte literario al Consejo. Los consejeros le pidieron (a Ustarroz) que como él proviene del Ejecutivo haga un informe de como estaban los traspaso. Lo que hizo Ustarroz es presentar el informe. Lo que vamos a hacer en el Consejo es empezar a discutir”.
Cuando le preguntaron si podrían desplazarse jueces que investigan o investigaron al kirchnerismo, la diputada respondió: “Los que están tan preocupados y hacen especulaciones que a veces no son ciertas, se tienen que quedar tranquilos y ver en qué instancia está porque hay algo que se llama juez natural”. “Acá no vamos a hacer nada para favorecer a nadie. Vamos a intentar ponernos de acuerdo en las mayorías necesarias que nos digan cómo se trasladan los jueces. Tenemos que considerar el tipo de traslado para saber si lo puede hacer el Consejo. Porque hay traslados que no se pueden hacer. El Consejo no es un libre pensador que con la mayoría circunstancia hace lo que tiene hace lo que quiere”, agregó.
En otro tramo de la entrevista, Camaño afirmó: “No soy macrista ni kirchnerista. No están aliados con mi presidencia para meter jueces amigos. Estamos intentando tener reglas claras”. Fue por eso que comenzaron debatiendo la designación de conjueces. Y cuando se la consultó el proyecto de reforma judicial, Camaño afirmó que todavía no vieron ningún proyecto sino solo títulos, por lo que prefiere esperar. Sí, sin embargo, remarcó que había que ser “cuidadosa” con la propuesta de ampliar la Corte Suprema.
Tal como publicó Infobae en base a fuentes judiciales, si los traslados cuestionados son considerados irregulares, una opción sería pedirle opinión a la Corte Suprema. Precisamente, la Corte dictó una serie de pautas sobre el tema en 2018, cuando revocó la federalización de un tribunal ordinario, pero el criterio se estableció después de varios de los traslados efectuados. Otra opción es elevar un pronunciamiento al Ejecutivo para que eventualmente mande los nombres al Senado a ver si los aprueban. En tribunales se quejan de esa opción. Cristina Kirchner es la presidenta del Senado.