Portezuelo del Viento: el conflicto que enfrenta a cinco provincias y pone en peligro una megaobra millonaria

Barro. Mucho. Tanto que resulta imposible atravesarlo para lograr un punto en común y sellar un acuerdo. El punto de partida para concretar la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento fue en la década del ’50 y, al día de hoy, la llegada es una meta difusa que no se puede medir por tiempo ni por cercanía de posiciones.

La construcción de la represa que empuja Mendoza, pero que debe recibir la aprobación de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén, debido a que se haría con agua que proviene del Río Grande, el principal afluente del Río Colorado, que atraviesa las cinco provincias, se convirtió en un conflicto interjurisdiccional que se potencia cada día y se extiende en el tiempo sin solución aparente.

El principal contrapunto sobre cómo llevar adelante la obra y cómo gestionarla lo tienen Mendoza, que actualmente es gobernada por el radical Rodolfo Suárez, y La Pampa, que la conduce el peronista Sergio Ziliotto. “El Río Colorado es propiedad de las cinco provincias. A partir de ahí las decisiones sobre lo que hay que hacer las debemos tomar entre todos”, advierten en el gobierno pampeano.

En territorio cuyano sienten el fastidio de un acuerdo que nunca se cierra. “El problema que tenemos es que nunca terminamos de saber que quiere La Pampa. Hay cierto hartazgo. Es una película que no termina nunca. Que siempre vuelve a empezar”, sostienen en el Gabinete mendocino.

Los planes de la obra estuvieron parados durante décadas. Siempre fue un tema pendiente- sobre todo para Mendoza- pero nunca se logró avanzar tanto como en el 2006. Ese año, el entonces gobernador radical Julio Cobos y el ex presidente Néstor Kirchner firmaron un acuerdo extrajudicial para la construcción de la represa, en compensación por los perjuicios ocasionados a la provincia cuyana por la ley de promoción industrial, que beneficiaba a provincias vecinas de la región en detrimento de la economía local.

Mendoza le había realizado un juicio al Estado que, después de pasar por diferentes instancias, terminó en la Corte Suprema de Justicia, donde tuvo una sentencia final a favor de los intereses mendocinos. Kirchner decidió entonces un acuerdo pragmático con un gobernador que era afín y que meses más tarde se convertiría en el compañero de fórmula de Cristina Kirchner. En aquel entonces a Cobos se lo identificaba como uno de los exponentes de lo que se denominaba radicalismo K.

Para seguir el desarrollo del proyecto hidroeléctrico se creó el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), que está integrado por las cinco provincias y que tienen dos organismos internos: el Consejo de Gobernadores y el Comité Ejecutivo. El primero lo componen los cinco mandatarios provinciales y es el máximo órgano. El que toma las decisiones finales. Pero tiene una particularidad. Las aprobaciones tienen que ser unánimes. Si no hay coincidencia, es el Presidente el que debe decidir.

El Comité Ejecutivo en cambio está compuesto por representantes de los cinco gobiernos, en su mayoría ministros, y tiene un representante del gobierno nacional. Allí se deciden la mayoría de los pasos y los estudios que se realizan. Es puramente técnico pero también tiene poder de decisión.

El COIRCO tiene la misión de definir las reglas del juego. A grandes rasgos se diagramaron tres pasos esenciales para que la construcción de la obra sea aprobada: las normas de manejo de la represa, la modalidad de llenado y el estudio de impacto ambiental sobre la cuenca.

Las diferencias de criterio de las provincias están entrelazadas con esos requisitos. En el 2017 hubo un acuerdo mayoritario para determinar el llenado y las normas de manejo. Lo aprobaron todas las provincias menos La Pampa. Como las decisiones deben ser unánimes, La Pampa pidió el laudo presidencial. Mauricio Macri laudó a favor de Mendoza, que había obtenido el apoyo previo de las otras tres provincias. La Pampa recurrió a la Corte Suprema de Justicia para frenar la obra y pidió la anulación del laudo de Macri. El máximo tribunal ratificó la decisión que había tomado el entonces Jefe de Estado.

En el 2019 Macri llegó a un acuerdo con Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza en ese momento y con el que, a pesar de tener una relación tensa, compartía el espacio político. Firmó un decreto para habilitar el llamado a licitación de la obra y su ejecución. También dispuso el giro de 1.023 millones de dólares del estado nacional al gobierno mendocino en cuotas trimestrales. Hasta el momento se transfirieron cuatro cuotas. Dos durante el gobierno de Macri y otras dos en la gestión de Alberto Fernández.

A partir de ese momento, el conflicto se concentró en el estudio de impacto ambiental. Los cuestionamientos de La Pampa comenzaron antes de que terminara el gobierno de Cambiemos. Luego se sumaron Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. Actualmente todas las provincias menos Mendoza consideran que los estudios realizados no son de carácter regional. Es decir, que no evalúan el impacto ambiental que tendrá la obra en la totalidad de la cuenca. Por eso consideran que debe realizarse un nuevo estudio o, como opción, unir los estudios hechos y actualizarlos con una investigación más profunda sobre los perjuicios que pueden sufrir las cinco provincias.

El punto neurálgico de la discusión está en el impacto ambiental, tema que los gobernadores trataron un encuentro que se realizó el 26 de junio y en el que no pudieron llegar a un acuerdo. Además, descartaron una propuesta de Mendoza que proponía un fideicomiso de 5 millones de dólares que sirva como fondo para que, en el caso de que la provincia incumpla algunos de los procedimientos acordados, el resto cobre de ese fondo un monto determinado aplicado en concepto de multa. También desestimaron que el resto de las provincias controlen el desarrollo de la obra y auditen que el manejo del agua sea el estipulado en el COIRCO.

Para destrabar el conflicto Mendoza recurrió al laudo presidencial.Esta vez la decisión la deberá tomar Alberto Fernández. No hay un tiempo estimado ni una fecha límite. El momento lo decidirá el Presidente. Mientras tanto la planificación de la obra avanza, ya que el desarrollo de Portezuelo del Viento está validado por el último laudo presidencial de Macri.

En las últimas semanas se avanzó en la licitación del proyecto. Se presentó un solo oferente, la UTE Malal Hue, un consorcio liderado por la empresa china Sinohydro, que se asoció con las mendocinas CEOSA, IMPSA y Obras Andinas. Aunque la UTE es la única que se presentó, eso no le asegura la adjudicación, ya que quedan por cumplir con formalidades propias del proceso: el 11 de agosto se recibirá la oferta técnica y el 16 de noviembre la propuesta económica.

De concretarse todo el proceso dentro de los plazos previstos, la obra sería adjudicada a mediados de 2021 y podrían empezar los primeros trabajos durante el segundo semestre del año entrante. Así lo reconoció el CEO de Impsa, Juan Carlos Fernández, una de las empresas que trabajarán en la obra. Mendoza no pierde el tiempo y avanza. En gran medida lo hace sabiendo que es probable que Fernández laude en su contra. Pareció anticiparlo en una entrevista que tuvo en junio de este año con radios de diferentes lugares del país.

“Pido que los gobernadores vean cómo, en caso de hacerse, no afecte a nadie. Una administración conjunta de las provincias. Yo pido que se pongan de acuerdo, porque el impacto ambiental se ha hecho solo en Mendoza y nadie ha tenido en cuenta el impacto en las otras provincias”, sostuvo el Presidente.

Pero también dejó en claro que quiere que la obra se haga. “Yo no puedo estar en desacuerdo con la obra porque se inició cuando era jefe de gabinete de Néstor (Kirchner). No debería ser un conflicto una obra que sirva a todos. Nosotros tenemos un compromiso con Mendoza y queremos honrarlo, pero garantizando que esto no lastime a nadie, y estamos recibiendo muchas quejas de otras provincias. La solución no es que la obra no se haga”, indicó.

¿Qué quiere Mendoza? Avanzar con la construcción de la represa que, según sus propios cálculos, generaría 3.000 puestos de trabajo directos y cuatro veces más en empleos indirectos durante un lapso estimado de cinco años. Es decir, aquellos que están vinculados a la logística, los materiales y los insumos que se necesitan.

El proyecto, que se instalaría en la localidad de Malargüe, regularía el caudal del Río Colorado generando 210 MW, lo que equivale a la energía necesaria para alimentar a 130.000 viviendas. Eso le permitiría a la provincia regular la cuenca del río frente a una crecida intempestiva o ante una fuerte sequía.

Mendoza sostiene que los dos estudios de impacto ambiental -uno realizado por la Universidad Nacional de La Plata en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral y otro hecho por la Universidad de Nacional de Cuyo- fueron aprobados por el COIRCO y que dan cuenta del impacto que tendrá la obra en toda la cuenca. El principal problema es que el resto de las provincias no lo consideran así por dos motivos: el estudio no determina el impacto total y el COIRCO, según consideran, no es un órgano de aprobación.

¿Qué quiere La Pampa? Que la administración de la represa sea de las cinco provincias y que se haga un estudio ambiental de la afectación de la obra a nivel regional. Por un lado la provincia sostiene que Mendoza quiere administrar en soledad la represa y le quiere dejar al resto de los participantes la potestad de controlar.

Por otro lado, afirma que los estudios hechos marcan con claridad que el informe ambiental debe ser tomado como un antecedente, por lo que el documento sería preliminar y no definitivo. Entonces, pide que se haga un nuevo estudio que complemente a los dos que están hechos y que verifique cuál es el impacto real.

Además, cuestionan la potencialidad que tendría la obra. Porque, según un estudio hecho por la Universidad Nacional de La Pampa, al día de hoy, Portezuelo del Viento generaría solo un tercio de lo que está proyectado debido a que no hay caudal de agua. “Con el caudal actual que tiene el río, el llenado de la represa significa secar el Río Colorado”, sostienen en el gobierno de Ziliotto.

¿Qué posición tienen Río Negro, Neuquén y Buenos Aires? Las tres quedaron en el medio de una disputa que tiene a Mendoza y La Pampa como principales protagonistas. Coinciden en que los dos estudios ambientales que se realizaron no evalúan el impacto en toda la cuenca y que la salida se encuentra negociando hasta el último detalle. La voluntad de las tres es que la obra se haga y que no quede trabada ni por la burocracia ni por las diferencias de criterio.

Los gobernadores Arabela Carreras y Omar Gutiérrez proponen que ambos estudios se integren y que sean presentados en la Secretaria de Ambiente de la Nación y que esta funcione como autoridad de aprobación. Entienden que de esa forma el proceso sería más transparente, el COIRCO sería descartado como organismo de aprobación y el estudio tendría un aval nacional e institucional.

Las trabas y las negociaciones se mantienen latentes. Sin embargo, la fricción que generó este proyecto entre Mendoza y La Pampa no puso en jaque la relación entre los dos gobiernos. Suárez y Ziliotto mantienen un vínculo cordial para el resto de los temas en los que pueda confluir el interés de ambas provincias.

El conflicto por la megaobra atraviesa a cinco provincias pero se concentra en una puja de intereses entre dos de ellas. Todos esperan que Alberto Fernández tome una decisión luego del pedido de laudo. Lo que determine probablemente sufra nuevas trabas. Mendoza no se rendirá. La solución parece ser llegar a un acuerdo en el que todos cedan. Parece normal. Incluso, podría ser la definición más simple de lo que es una negociación. Pero la realidad es diferente. Mientras tanto los años siguen pasando. Y no hay acuerdos. Ese ejercicio que debería ser normal en la dinámica de la política.

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