El intendente de Malvinas Argentinas fue procesado por una defraudación con los planes Progresar

Leonardo Nardini es intendente del partido de Malvinas Argentinas. Hombre de la agrupación Kolina que estaba referenciada en Alicia Kirchner cuando era ministra de Desarrollo Social, llegó a la intendencia en 2015 con la boleta del Frente para la Victoria y porque fue reelecto -por el Frente de Todos en 2019- se quedará hasta 2023. Desde diciembre de 2019 está procesado por el delito de fraude contra la administración pública.

Antes de ser intendente, Nardini estuvo desde 2013 al frente de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Malvinas Argentinas. No fue el único dirigente de agrupaciones kirchneristas que utilizó la estratégica oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para pisar territorios políticos a conquistar, hacerse conocido y luego enfrentar en las elecciones a viejos caudillos del peronismo tradicional del conurbano. Nardini derrotó a Jesús Cariglino, quien había gobernado el municipio desde su creación en 1995 hasta 2015.

En 2015, cuando era candidato por primera vez y estaba a cargo de la UDAI de Malvinas Argentinas, manejó las inscripciones en diversos beneficios sociales destinados a los habitantes del municipio como las del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar).

El 22 de enero de 2014, la por entonces presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner presentaba el Progresar con un discurso. La actual vicepresidente había dicho: “Esta última etapa, esta última incorporación, este último derecho que estamos incorporando hoy tiene que ver con los jóvenes de 18 a 24 años que no estudian, que no tienen trabajo, o que teniendo un trabajo es informal, o que siendo formal –porque muchas veces son jornaleros o trabajos estacionales– no alcanza a tener el mínimo vital y móvil, que se establece, por ley, como salario. Para ellos va a haber este reconocimiento a cambio de estudios. Esta es la contraprestación contra 600 pesos mensuales, que se les va a dar a cada mandatario, que es un universo –aproximadamente– de 1 millón y medio de jóvenes sobre un total… 1.555.000 jóvenes aproximadamente, sobre un total de esa misma edad de 4 millones, casi 5 millones de jóvenes, de 18 a 24 años, que integran la ese grupo argentino y donde, casualmente, tenemos el mayor segmento de desocupación. Porque si bien la desocupación general ha medido el mejor índice: 6,6, en este sector, en esta franja estamos en 18,2, cuatro puntos abajo apenas de la media de la Unión Europea, que realmente tiene problemas. ¿Y por qué? Por una razón muy simple: porque estos chicos son los hijos del neoliberalismo, estos hijos son los chicos que sus padres no tenían trabajo o que lo perdieron, que no fueron educados en la cultura del trabajo y el esfuerzo y que necesitan de la presencia del Estado precisamente para salir adelante. ¿Cuál es la contraprestación? Estudiar en escuelas públicas (estudios primarios, secundarios, terciarios, tecnicaturas), pero también se incorporan los trabajos de formación laboral, que tiene el ministerio de Trabajo, a través de los distintos sindicatos porque también necesitamos gente que también aprenda un oficio. Por eso es también una articulación múltiple de los distintos organismos del Estado que va a coordinar el ministerio de Economía. ¿Dónde se van a tener que inscribir? En Anses porque tiene locales diseminados por todo el país y que tiene una web de fácil acceso, a la cual todos pueden acceder y de esta manera poder inscribirse”.

Cuando en diciembre 2015 cambió el gobierno nacional las nuevas autoridades de Anses hallaron irregularidades en los trámites de 2450 alumnos inscriptos en el Progresar por la UDAI que encabezaba Nardini. Todos esos beneficiarios habían presentado certificados expedidos por el Centro Educativo Nivel Secundario 451 (CENS 451) de la localidad de Tortuguitas donde se dictaban clases para adultos.

Ese número inicial de la sospecha de irregularidades se redujo a 814 casos que fueron los cargados en el sistema de Anses en 2015. Se abrió un sumario administrativo donde quedó demostrado que había en el segundo piso una “UDAI paralela” que atendía especialmente los trámites del Progresar. Trabajaban allí militantes de Kolina que no eran empleados de Anses con algunos funcionarios de planta.

Luego del sumario administrativo que terminó con el despido con causa de tres funcionarios de Anses, algo que le hubiese correspondido a Nardini de haber seguido en funciones, se hizo la denuncia penal para que se investigara si hubo delito en el ingreso al sistema de las autorizaciones para los beneficiarios del Progresar.

El caso tramita en el juzgado federal de San Martín a cargo de Alicia Vence con intervención del fiscal Paulo Starc. La jueza procesó en diciembre de 2019 -el procesamiento se conoce recién ahora- al intendente de Malvinas Argentinas por el delito de fraude contra la administración pública cometido en 596 casos de personas que fueron mal inscriptas en el Progresar. También fueron procesados los empleados de Anses y los colaboradores “externos” que participaron de la maniobra encabezada por Nardini.

En el procesamiento de Nardini al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, la jueza Vence señaló: “El nombrado resultó ser durante el periodo cuestionado -2015-, el Jefe la UDAI de Malvinas Argentinas y, en ejercicio de ese rol, tenía cierto margen para disponer los movimientos de personal que estimare necesarios. Claramente, en base a su objetivo, fue que dio la directiva en torno a ‘Progresar’, relativa a que esos trámites se recibirían directamente en el segundo piso, donde se había instalado la cuestionada estructura paralela, es decir, prescindiendo de los operadores naturales del sector correspondiente y, evitando, de esa forma todo el mecanismo de contralor”.

En la causa judicial se acumularon testimonios de empleados de Anses, incluidos los de limpieza y seguridad que confirmaron la existencia de la oficina paralela que manejaba Nardini en la que trabajaban personas que no pertenecían al organismo. Se demostró la falta de exigencia de las constancias educativas y omisión en la confección de los legajos; que se ingresaron trámites sin haber sido solicitados y que se otorgaron ingresos a trámites con “documentación recibida” en lugares externos a la UDAI. También quedó corroborado el uso de la clave personal de Nardini pese a su ausencia en gran del parte del 2015 debido a que –entre otras cosas- estaba en campaña electoral.

Se cruzaron los datos y la investigación se limitó a 596 expedientes de beneficiarios “sin constancias educativas y sin legajo” y “constancia educativas sin legajo”. Les tomaron declaraciones testimoniales a un grupo de quienes aparecieron en el listado de beneficiarios del Progresar. Algunos confirmaron que habían hecho el trámite en la UDAI y otros lo habían hecho en lugares (locales partidarios) sin relación con Anses. Pero también hubo varios que aparecieron en el listado de beneficiarios que no habían hecho ningún trámite, que no saben cómo habían conseguido sus datos personales y que no llegaron a cobrar el beneficio. Según el procesamiento firmado por Vence: “La maniobra expuesta por dicha agrupación coordinada, permitió que al menos 301 (trescientos una) personas percibieran indebidamente un beneficio que no estaba pensado para ellos, a raíz de no contar con las debidas constancias educativas que el plan ‘Progresar’ exigía ni tampoco con el legajo correspondiente que debía ser confeccionado a tal efecto. Asimismo en los 295 (doscientas noventa y cinco) casos restantes, si bien se logró verificar a través de las nominalizaciones que éstas personas se encontraban cursando bajo alguna modalidad educativa, lo cierto es que se estableció una intencional ausencia del legajo correspondiente, para impedir de esa forma, los debidos controles de cada caso”.

Vence describió cómo se instrumentó la maniobra en la que participó Nardini: “En esa línea, fue el responsable de dar ingreso en esa dependencia a colaboradores externos de dicha repartición -específicamente militantes de su agrupación política, entre los que se encuentra G.I.O, B.A.V y P.M.M- quienes se ubicaron junto con empleados del organismo en el segundo piso de la sede de la UDAI. Nardini y sus consortes (N. de R: coimputados), conocían con precisión los datos necesarios para efectuar la carga del beneficio, a sabiendas que, con ello, el sistema central, de forma automática iba a otorgarlo y así percibirlo por el titular. Con tan sólo, asignar digitalmente, los datos del Archivo de Datos Personales (ADP) y el Código Único de Establecimiento (CUE), era suficiente para saltar el muro que imponía el sistema”.

“Estas personas –señala el procesamiento- se desempeñaban como ‘un mundo aparte', ya que no respetaban ni los reglamentos ni la estructura formal de la UDAI y sólo respondían las directivas de su jefe, Leonardo Nardini. Muchas personas concurrían directamente a ver al nombrado e iban al segundo piso, sin sacar número ni turno y justamente, eran atendidas por los integrantes de este andamiaje paralelo; circunstancia que se veía incrementada luego de los fines de semana de campaña donde el entonces candidato a Intendente, visitaba los distintos barrios del municipio y sugería a los vecinos que se acerquen directamente al segundo piso de la UDAI”.

La jueza describió la conexión entre la UDAI y un local partidario que pertenecía a la organización de Nardini. “A su vez, esta estructura se encontraba ligada a la llamada ‘Casa de la Cultura’ ubicada en la localidad de Grand Bourg, lugar donde, tal como se vio en las diversas declaraciones testimoniales, captaban documentación para iniciar trámites de Anses. Dicho establecimiento, también se encontraba políticamente vinculado a Nardini”.

“Asimismo, se llegó a constatar que algunas personas que dejaban sus datos personales, con fines distintos al plan Progresar, eran igualmente ingresadas a aquél beneficio con la correspondiente erogación patrimonial por parte del Estado Nacional. La selección del beneficio social, no resultó ni azarosa ni caprichosa, sino que fue debidamente pensada y elegida por la cabeza de esta organización, dado que dicho plan no era listado; es decir no debían ser validados por un superior, lo que permitía el actuar de dicha estructura paralela con la claves de Nardini, P., B. y R. y a partir de allí se les facilitaba la comisión de cualquier tipo de irregularidad, sobre todo en cuanto al contralor, la ausencia de la constancias educativas y, fundamentalmente, la confección y debido resguardo de los legajos correspondientes”, relata la resolución de Vence.

Nardini negó los hechos en su declaración indagatoria. Cuando se le preguntó por la estructura paralela que funcionaba en el segundo piso de la oficina de Anses, el intendente respondió: “…Otra de las imputaciones que se me formulan aparece como la creación de una UDAI paralela para la atención de público….entendí que debía apartarme de la burocracia…. y dispuse, de lo que no sólo no me arrepiento sino que volvería a hacer, que se atendiera a toda la gente que se acercara….no es ningún secreto el alto grado de ausentismo de la UDAI de Malvinas Argentinas…..llevé colaboradores que son personas que desinteresadamente intentaban ayudar para que la atención a la gente con necesidades mejorara sustancialmente”.

La jueza respondió a la defensa del intendente en el procesamiento: “Su argumento resulta endeble y absurdo. Por el contrario, la conducta de los imputados y, en particular la de Nardini y sus empleados de planta, lejos de ser dirigida al resguardo de los bienes e intereses patrimoniales del Estado, cuya administración y custodia les había sido confiada, tuvo por objeto defraudar al erario nacional”, señaló.

Para la jueza Vence, “quedó corroborado que Leonardo Nardini, en su calidad de Jefe de la Unidad de Atención Integral de Anses de Malvinas Argentinas, tenía a su cargo la administración de los beneficios sociales que aquél organismo dispone para los distintos ciudadanos”. Y que “Nardini utilizó el plan Progresar con el objeto de procurar un beneficio indebido, quebrantando el deber de cuidado del patrimonio nacional. En consecuencia dicho accionar, ocasionó un perjuicio al Estado Nacional por la suma de $6.224.403”. La jueza le trabó un embargo a Nardini por la suma de 30 millones de pesos.

El caso -por la apelación de los imputados- quedó a estudio de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín que integran en días de pandemia por coronavirus los jueces Alberto Lugones, Marcelo Fernández y Juan Pablo Salas.

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