Cristina Fernández de Kirchner considera que todos los juicios abiertos en su contra implican una venganza política que diseñó Mauricio Macri y ejecutaron ciertos jueces y camaristas que pertenecen a Comodoro Py desde fines del siglo XX.
La Vicepresidenta pretende que todas las causas se cierren con su declaración de inocencia, que concluyan los embargos de sus bienes y de su familia, y que Macri sufra “un calvario” en los tribunales federales de Retiro.
Alberto Fernández no está de acuerdo con los indultos presidenciales, y CFK rechaza esa facultad constitucional porque implicaría reconocer que es culpable en alguna de las tantas causas que tiene abiertas en Comodoro Py.
Los dos coincidieron en descartar esa hipótesis de trabajo -acercada por un integrante del Gabinete-, cuando en la intimidad de Olivos se analizó cómo resolver desde una perspectiva jurídica los reclamos políticos de la principal acusada en los casos Hotesur y los Sauces, los juicios más complejos frente a los cinco que tiene.
Desde la perspectiva de Cristina Fernández, su defensa judicial y su poder político tiene hasta diciembre de 2023 para cerrar todos los expedientes abiertos en Comodoro Py. CFK teme que una derrota en las próximas elecciones presidenciales puede ponerla de nuevo en la noria de las acusaciones penales, y sostiene que es el momento de clausurar todas las instancias procesales.
La Vicepresidenta recuerda las gestiones realizadas -con éxito- ante Norberto Oyarbide, que cerró su causa - y la de su esposo- por presunto enriquecimiento ilícito, cuando Néstor Kirchner ocupaba la Casa Rosada. Alberto Fernández no está convencido de esa diagonal, y considera que lo mejor es presentar las evidencias, demostrar la inocencia y exigir una sentencia absolutoria sin demoras ni chicanas.
Descartado el indulto presidencial, y protegida por sus fueros políticos, a Cristina Fernández no le queda otra alternativa que concurrir a los tribunales en condición de procesada. Tiene cinco juicios abiertos, y eso lleva su tiempo de viaje y de comparecencia.
Pero a diferencia de la última vez que hablo del asunto con Alberto Fernández, un jueves nublado de junio, la Vicepresidenta ya puede notar ciertas situaciones procesales que mejoraron su ánimo personal: Macri tiene en su agenda ciertas visitas previstas a Comodoro Py, y exfuncionarios de su entorno, han viajado hasta Lomas de Zamora a prestar declaración indagatoria.
Cristina enfrenta cinco juicios: los casos “Hotesur” y “Los Sauces”, los “cuadernos de la corrupción”, las obras públicas al empresario Lázaro Báez, el dólar futuro y la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Pero no todos son iguales. Algunos son por hechos de corrupción, por negocios familiares, o decisiones políticas y económicas que se tomaron durante su gobierno.
“Hotesur” y “Los Sauces”
Son los nombres de dos empresas en las que Cristina Kirchner figuraba como miembro y fundadora y que administraban el alquiler de los hoteles e inmuebles familiares. La acusación que pesa sobre la ex mandataria es la de asociación ilícita y lavado de activos. Puntualmente porque empresarios que tenían negocios con el estado le alquilaban esas propiedades y la sospecha era que lo hacían con los fondos públicos que recibían.
Los hijos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner eran miembros de esas sociedades y también están imputados. Una miraba casi unánime en el mundo judicial es que se trata del caso más complejos para la vicepresidenta porque su nombre figuraba en los documentos y balances de las compañías que forman parte de la prueba en su contra.
El expediente tiene nulidades planteadas. La defensa de la vicepresidenta señaló que en rigor por este caso ya fue investigada cuando se analizó su patrimonio en una causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que fue sobreseída y en otro expediente que tramitó sobre el alquiler de sus hoteles por parte del fallecido empresario Juan Carlos Relats, también cerrada.
Hotesur y Los Sauces tramitan juntas y ya fueron elevadas a juicio oral. Están en el Tribunal Oral Federal 5 que proveyó la prueba -etapa en la que se definen los testigos que van a declarar en el juicio- y ordenó dos peritajes contables que todavía no terminaron -el de Hotesur todavía no empezó- y que se retrasaron por la pandemia del coronavirus. Cuando estén concluidos el tribunal podrá poner fecha de inicio de juicio.
Cuadernos de la corrupción y obra pública
Son los otros dos expedientes por corrupción en los que Cristina Kirchner está acusada de asociación ilícita. El primero es sobre los cuadernos del chofer Oscar Centeno en los que anotaba dónde y cómo el ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta llevaba bolsos con dinero que previamente le daban empresarios. En esas anotaciones figura la quinta de olivos y el departamento del barrio de la Recoleta de los Kirchner. El caso tiene una treintena de arrepentidos y algunos la nombran a la ex presidenta. Muchos a partir de dichos de terceros.
El caso está en el Tribunal Oral Federal 7 a donde llegó en septiembre del año pasado después que el fallecido juez Claudio Bonadio la envió a juicio. La principal crítica a la investigación es cómo se tomaron los testimonios de los arrepentidos: sin respetar y seguir los pasos que indica la ley. Algunos de ellos denunciaron presiones para no ser detenidos a cambio de su testimonio.
El caso todavía no tiene fecha de juicio. Ni siquiera el tribunal tiene toda la prueba de lo voluminosa que es. Se trata de un expediente que en rigor tiene varias causas y más de 100 personas imputadas, entre ex funcionarios y empresarios.
El caso de la obra pública es el único de los juicios contra Cristina Kirchner que comenzó. Se inició en mayo del año pasado, se suspendió por la pandemia y se prevé que se reinicie en las próximas semanas si sale bien una prueba técnica que se hará el martes.
La acusación es por las irregularidades en las obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. Un peritaje testigo sobre cinco de ellas determinó que hubo sobreprecios, que las compañías no tenían la capacidad para hacer las obras y que muchas no se terminaron a pesar que se pagó el total. Por el caso están acusados los funcionarios nacionales -como Julio De Vido y José López- y de Santa Cruz encargados de la asignación y control de las obras.
La incógnita del juicio es obtener prueba para sostener que la entonces presidenta conocía esas irregularidades y a pesar de eso avaló la asignación de las obras. Cuando declaró en el juicio en diciembre del año pasado señaló que no era responsable funcional sobre la asignación de las obras que contaban con la aprobación del Congreso de la Nación en cada presupuesto anual que se aprobaba y que ese presupuesto lo ejecutan los jefes de gabinete, entre ellos Alberto Fernández, que está citado a declarar como testigo.
“Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, sostuvo CFK.
La causa de la obra pública tiene una serie de nulidades planteadas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía sin resolver. Entre ellas, objeciones a pruebas que pidieron las defensas para el juicio y que el tribunal no aceptó y que el caso no puede continuar porque las obras que se están juzgando ya fueron investigadas por la justicia de Santa Cruz que desestimó las acusaciones.
Memorándum con Irán y dólar futuro
Son los dos expedientes que se discuten decisiones de política exterior, en el caso del memorándum, y económicas, en dólar futuro. Este último fue el primero de los casos elevado a juicio oral. Lo tiene el Tribunal Oral Federal 1 desde marzo del 2017 cuando Bonadio mandó a juicio a Cristina Kirchner. El tribunal oral ordenó un peritaje sobre la operativa del dólar futuro y los balances del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los peritos respondieron ayer que en 15 días tienen previsto entregar su informe.
La imputación es que el gobierno vendió un mes antes de irse el dólar futuro a un precio vil que perjudicaba las finanzas de la administración de Mauricio Macri. La mayor objeción a la acusación es que se trató de una política económica que, como otras, pudo tener buenos o malos resultados, pero que para demostrar que fue un delito requiere una intención concreta de que se lo quiso cometer. En ese caso, además la ley establece que el BCRA es autónomo en sus decisiones por lo que también es difícil involucrar a Cristina Kirchner en la maniobra.
El juicio no solo tendrá a la vicepresidenta como acusada, sino también a otros funcionarios de primera línea, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof -entonces ministro de Economía- y el actual titular del BCRA, Miguel Pesce, que era director de la entidad.
La causa del memorándum está radicada en el Tribunal Oral Federal 8 y allí también se objeta que se trató de una decisión política que no se puede judicializar. El memorándum buscaba destrabar la causa judicial del atentado a la AMIA para que el juez y el fiscal del caso, Rodolfo Canicoba Corral y Alberto Nisman respectivamente, pudieran viajar a Irán para indagar a los acusados ya que su país no los extradita ante los pedidos de captura internacional con alertas rojas de Interpol que están vigentes desde 2006. También creaba una comisión de la verdad con juristas de ambos países.
En su denuncia, el fiscal Nisman -que murió cinco días después- sostuvo que el objetivo del memorándum era dar de baja las alertas rojas de Interpol de detención de los acusados. Con esa acusación, el juez Bonadio envió en marzo de 2018 a Cristina Kirchner a juicio oral.
Este caso, señalan los especialistas, también requiere probar una intención de que se quiso perjudicar la causa con la firma del memorándum. Además, el acuerdo fue aprobado por el Congreso Nacional y en rigor nunca entró en vigencia porque la justicia lo declaró inconstitucional y porque Irán nunca lo aprobó.
Las defensas plantearon la nulidad del juicio, lo que tiene que ser resuelto por el tribunal oral. También pidieron que declare Ronald Noble, el titular de Interpol cuando se firmó el memorándum y quien publicamente dijo que no hubo una intención del gobierno de Cristina Kirchner de dar de baja las detenciones de los acusados, sino que hubo un pedido expreso para que sigan vigentes.
Como en el caso del dolar futuro, Cristina Kirchner está acusada en este expediente con actuales funcionarios que la acompañaron en su gobierno. Entre ellos, el titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, el funcioanario de la provincia de Buenos Aires Andrés Larroque, el senador nacional Oscar Parrilli y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.
El debate por un indulto
¿Qué ocurría si Cristina Kirchner es condena en alguno de estos juicios durante su mandato como vicepresidenta? Además de una pena de prisión, la ley establece la prohibición de ejercer cargos públicos. Pero para que eso ocurra la condena debe quedar firme y para eso debe ser analizada por dos instancias, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema. Por la experiencia de otros procesos de índole política para eso pueden pasar años, o décadas.
El diputado nacional de la UCR Mario Negri planteó en mayo del año pasado, cuando se conoció la postulación de Alberto Fernández como candidato a presidente, la posibilidad de un indulto. “CFK no podría auto-indultarse siendo nuevamente Presidenta. Sí podría beneficiarla Alberto Fernández”, dijo en su cuenta de la red social twitter.
Un día después el entonces candidato del Frente de Todos lo descartó de pleno. “Es un tema judicial y espero que la justicia lo resuelva. Y si algún estúpido está pensando que estoy llegando para indultar a alguien es solo un estúpido. Descreo de los indultos porque son una remora de las monarquías. Los presidentes no están para perdonar a nadie”, dijo Fernández.
La Constitución Nacional (CN) establece en su artículo 99 que entre sus facultades el Presidente de la Nación “puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”.
A su vez, el artículo 36 de la CN establece que quedarán “excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas” quienes atenten “contra el orden institucional y el sistema democrático”. Y completa que “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
Infobae consultó a dos abogados constitucionalistas para conocer si los delitos de corrupción están contemplados para ser indultados.
“Mi tesis, y que muchos siguen, es que los delitos de corrupción no están alcanzados ni por el indulto, ni por la amnistía ni por la conmutación de penas. Lo prohíbe por ser un atentado contra la democracia”, sostuvo el abogado Andrés Gil Domínguez. “El artículo 36 habla primero de mantener la fuerza normativa de la Constitución Nacional, que no se interrumpe frente a un golpe de estado, y más adelante se considera los atentados contra la democracia. Una ley podría establecerlo más claramente. Pero del articulo 36 surge que el indulto no es aplicable a los delitos de corrupción, ni de lesa humanidad”, agregó Domínguez.
Sin embargo, el ex presidente Carlos Menem indultó a los genocidas condenados por los delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar.
Por su parte, la abogada María Angélica Gelli sostiene que un indulto sí es aplicable para casos de corrupción. “Cuando se sancionó el artículo 36 en la reforma constitucional de 1994 se hizo una distinción de los delitos contra el orden constitucional, por los golpes de estado que el país había tenido, y allí se habla de la imprescriptibilidad de esos delitos y que no pueden ser objeto de indultos. Pero en párrafo aparte se habla del enriquecimiento y allí no se habla de esos agravantes y el indulto quedó excluido, por lo que está permitido”, opinó.
Los dos especialistas coincidieron que para que se aplique un indulto la condena debe estar firme. Aunque Gelli recuerda que la Corte Suprema avaló el indulto que el presidente Juan Domingo Perón le dio a Ricardo Balbín cuando no tenía ni condena y que el dirigente radical rechazó.