La crisis social y económica impacta cada vez con más fuerza en las finanzas de los municipios bonaerenses, y sobre todo en los más populosos del conurbano. La baja pronunciada en la recaudación en las comunas fue socorrida con un auxilio monetario de $13.500 millones que llegó desde la gobernación, a cargo de Axel Kicillof, a las 135 intendencias. Así y todo, el dinero no alcanza. Por esa razón, varios intendentes echaron mano de los plazos fijos que tenían –y tienen- atesorados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. “Nos estamos quedando sin plata”, sostienen los alcaldes consultados por Infobae. Varios de ellos mantienen una silenciosa disputa con el ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Le piden a la gobernación “no reintegrar” parte de esos fondos. Una cuestión a la que ya se habían comprometido cuando firmaron el acuerdo.
En esta nota, la posición oficial, la de los jefes comunales, las nuevas medidas que prevé adoptar Kicillof a través de un proyecto de ley, y los montos de los discutidos “plazos fijos”, que pertenecen a las intendencias de los principales dirigentes del conurbano.
“Tocamos fondo. Si no abrimos actividades de manera urgente, nos incendiamos”, se lamenta uno de los intendentes de la zona sur del conurbano bonaerense y que pertenece al Frente de Todos. Lo mismo sostiene un reconocido intendente de la zona oeste, que también viste los colores oficialistas. Un alcalde, de la zona norte, pero del PRO, va más allá: “En mi distrito el 20% de los comercios ya no van a abrir las puertas. Y eso que para ayudarlos utilizamos parte de los ahorros que teníamos en el Banco Provincia”. ¿Exageran? Algunos números parecen darle la razón.
Las cifras oficiales a las que accedió Infobae marcan, por ejemplo, que la intendencia de La Matanza, a cargo de Fernando Espinoza, tenía consolidado en la entidad bancaria en abril pasado, entre plazos fijos y en la cuenta corriente, $10.510.655.329,29. Cuarentena mediante –y una baja de la recaudación de casi el 60% en esa localidad- la suma quedó en $3.555.157.378 al 1 de julio,
Esos casi siete mil millones de pesos, según pudo saber Infobae de fuentes de la propia municipalidad, fueron utilizados para reforzar la asistencia a los sectores más vulnerables del distrito considerado como “la quinta provincia”, ya que allí viven una 2.400.000 personas.
También para solventar pagar gastos corrientes y mejorar el sistema sanitario, aunque para eso el gobierno provincial giró partidas especiales.
Algunos datos explican la crisis. Antes de la irrupción de la pandemia del COVID-19, la municipalidad asistía a unas 100.000 familias. En la actualidad, según explicó el propio Espinoza, la ayuda alimentaria se extendió a 300.000, es decir a casi el 45% de la población matancera.
En esa localidad, como en otros distritos, los alimentos calientes los sigue elaborando y distribuyendo personal del Ejército Argentino.
Otro municipio, mucho más pequeño, como el de Ituzaingó, al frente del cual está Alberto Descalzo, pasó de los $31.000.000 a $8.000.000.
Desde esa intendencia se reconoció que si no fuese por el dinero que les giró Kicillof no podrían haber pagado el aguinaldo y los sueldos de los empleados municipales. También un vocero de la secretaría de Hacienda local advirtió que los ocho millones de pesos en el plazo fijo del Banco Provincia ya no se pueden tocar porque ese dinero corresponde a pequeñas obras, como pavimentación, y partidas coparticipables destinadas a fomentos específicos. “Estamos rascando el fondo de la olla”, graficaron.
Estos no son las únicas localidades que se están quedando sin plata.
Almirante Brown, el municipio gobernado por Mariano Cascallares, pasó de los $859.309.074 en abril, a los $695.000.000 en julio.
Algo similar sucede en Avellaneda, cuyo intendente es Jorge Ferraresi: los $595.304.446 se redujeron a $210.000.000.
En Berazategui, la localidad liderada por el histórico dirigente del PJ Juan José Mussi, también sintieron el impacto de la crisis generada por el estancamiento económico. Sus depósitos por $244.702.196, pasaron a $130.000.000.
Esteban Echeverría, cuyo alcalde es Fernando Gray, pasó de tener plazo fijos por $423.646.123 a $129.500.000.
Los intendentes consultados por Infobae destacaron que una buena parte de los plazos fijos y dinero en la cuenta corriente “están comprometidos”, es decir que no se pueden tocar ya que “no son de libre disponibilidad” porque “están afectados a áreas específicas, como fomento municipal o educación, o a licitaciones en proceso”.
Como se verá, la baja en la recaudación municipal, y la asfixia económica que deben soportar, no distingue colores políticos. Hasta aquí, los mencionados responden al gobernante coalición Frente de Todos.
A los jefes comunales de Juntos por el Cambio no les fue mejor.
San Miguel, conducida por Jaime Méndez, pasó de los $757.345.500 existentes el 1 de abril, a los $739.230.000.
Vicente López, el distrito comandado por Jorge Macri, vio menguar sus ahorros de $1.072.424.309, a los $300.000.000.
A Néstor Grindetti, el alcalde de Lanús, le sucedió algo muy parecido. El 1 de abril su plazo fijo en el Banco Provincia era de $1.067.345.500. Tres meses después y coronavirus mediante, esa cifra se redujo casi a la mitad, 572.000.000. Como sus pares, utilizó el dinero en asistencia a los más necesitados y cubrir gastos urgentes ya que con la recaudación del distrito y los giros de las gobernación, no alcanzaba.
Tres de Febrero, la intendencia a cargo del historiador y periodista Diego Valenzuela, pasó de los $405.428.789 a los $398.000.000.
En San Isidro, al mando de Gustavo Posse, la situación financiera también se hizo sentir. Los $566.074.744 que tenían depositados en el Banco Provincia el 1 de abril, se redujeron al 1 de julio a $150.000.000.
“Estamos echando mano de los plazos fijos, que no son para amarrocar dinero, como le dijo Kicillof al presidente Fernández, sino para perder lo menos contra la inflación. Buena parte de ese monto son partidas presupuestarias para realizar obras, que como no comienzan de manera inmediata, porque algunas estaban aún en vía de licitación, abrimos un plazo fijo en el Banco Provincia para que no se desvaloricen tanto los pesos”, explicó otro alcalde que tuvo que utilizar gran parte de los “ahorros” que sí se pueden tocar, para solventar gastos corrientes ya que la recaudación, en su distrito, cayó casi el 70 por ciento.
La referencia al gobernador Axel Kicillof no es casual. Cuando alguno de ellos expuso ante Alberto Fernández que el mandatario provincial no les hacía llegar, al menos en el primer mes de cuarentena, un salvavidas económico para morigerar la caída de los recursos propios por efectos de la pandemia, Kicillof no tuvo empacho en leer, uno por uno, los montos que los diferentes intendentes tenían en plazos fijos.
Es más: en los últimos días, y ante una los nuevos reclamos por una asistencia mayor, el ex jefe del Palacio de Hacienda mostró lo que él consideró “la otra cara de la moneda”. La de algunos distritos que, a pesar de la pandemia, y gracias a la ayuda que están recibiendo, vieron crecer sus plazos fijos.
Los intendentes o secretarios de Hacienda que dialogaron con Infobae lo hicieron bajo la condición que no aparezcan sus nombres. Dicen tener temor a recibir una reprimenda por parte de la administración central de La Plata, y que eso redunde en el cierre del preciado grifo de pesos.
Las fuentes explicaron que la de Kicillof es una verdad a medias. Los plazos fijos existen. Están ahí, pero no se puede utilizar la totalidad de los billetes ya que “fueron armados con sumas de libre disponibilidad y con los de fondos afectados”.
Ejemplos de estos últimos son el Fondo de Financiamiento Educativo y el Fondo de Infraestructura Municipal.
Los “fondos educativos”, explican los secretarios de Hacienda, solo se puede utilizar en un 50% para obras y la otra mitad para recursos humanos y otros gastos relativos a la educación. Esas son partidas giradas por la provincia, todos los meses, para ese fin específico: no se pueden usar para gastos corrientes o para abonar sueldos municipales.
Sobre este punto, la administración Kicillof tiene un punto de vista particular. Cuestionan que los intendentes no invierten el dinero apenas lo reciben, como sería lo lógico, al menos en los meses donde la pandemia limita ciertas actividades.
“Desde que arrancó la cuarentena gastamos o devengamos 40 o 50 millones más de lo que ingresa. Aún con ayuda de la Provincia estamos en rojo”, se sincera un intendente de la zona Oeste del Conurbano que prefiere no discutir el punto de vista que el gobernador tiene sobre las colocaciones en la banca provincial.
En referencia a esos plazos fijos, al comienzo de la cuarentena, y cuando los reclamos de los alcaldes se hacían escuchar ante la caída de la recaudación y la falta de apertura de la misma, Kicillof, ante el Alberto Fernández, trinó contra algunos jefes distritales razonando de esta manera: “Hace años que tienen plazos fijos. No la usan por inutilidad”.
Las generalizaciones no son buenas. Un secretario de Hacienda de una intendencia, que tiene plazos fijos por más de $800 millones en el Banco Provincia, fue muy específico a la hora de tomar distancia de la frase del gobernador.
La mayor parte de ese dinero pertenece a obras en ejecución frenadas por la pandemia, como la construcción de un túnel que aliviará el tránsito de manera notable, un microestadio, un polideportivo, pavimentación de calles y para la construcción de una fiscalía de la Mujer, entre otras.
Giros millonarios nunca antes realizados
Los fríos números reflejan la situación de las alicaídas finanzas comunales, 109 de las 135 intendencias de la provincia de Buenos Aires solicitaron asistencia financiera, según publicó en su página oficial el Ministerio de Economía bonaerense.
Según los datos oficiales publicados por la provincia de Buenos Aires, entre enero y abril de 2020 –los últimos cargados en la web- la gobernación le transfirió a los 135 municipios $46.867.023.672. De ese monto, el 78,74% corresponde a coparticipación.
El resto pertenece a partidas correspondientes a la recaudación por impuestos al juego de azar, el Fondo de Financiamiento Educativo, el Fondo de Infraestructura Municipal, y el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales, entre otros.
En el mismo período de 2019 –y sin la baja de recaudación producto de la pandemia- la trasferencia había sido de caso $13.000.000.000 menos.
Por fuera de esas trasferencia obligatorias, desde el inicio la pandemia el Gobierno de Kicillof, asistió a los 135 municipios con aproximadamente $13.500 millones.
Estos fondos fueron distribuidos a través de diferentes mecanismos mediante aportes tanto reintegrables como no reintegrables.
La asistencia no reintegrable a los municipios consistió en Aportes del Tesoro de la Provincia (ATP). Estos son fondos que provienen del gobierno nacional y que se giraron a Kicillof a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Por ese motivo esas trasferencias, que se aproximan al 70% de la asistencia total enviada a las provincias, no son reembolsables.
Adicionalmente a estos aportes no reintegrables, se creó el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria de Contención Fiscal Municipal”, creado por el decreto 264/20, y cuyo objetivo fue contribuir con el pago de sueldos de los empleados comunales las prestaciones habituales de los municipios bonaerenses y las necesidades adicionales determinadas por la emergencia del COVID-19.
Este Fondo está compuesto con recursos propios de la administración bonaerense, constituye una ayuda financiera de más de 4 mil millones de pesos hasta el momento, es reembolsable, y no tiene costo financiero para los municipios.
A pesar del esfuerzo provincial para paliar en parte el rojo de las economías municipales, y que estas puedan honrar con deudas contraídas con proveedores y sobre todo con los salarios de sus empleados, el periodista Sebastián Dumont, en Canal 26, reveló que los intendentes le reclamaron al gobernador la “no devolución” de los fondos “reintegrabes”, tal como fue acordado y establecido por el decreto 264/20.
En el artículo 4º se especifica: “Plazo de devolución: la Autoridad de Aplicación establecerá el cronograma de devolución dentro del ejercicio fiscal 2020, a partir de los tres meses siguientes al de su otorgamiento”.
Se precisa que los beneficiarios lo harán sin pagar intereses ni gastos administrativos, es decir a costo cero.
Allí mismo también se aclara: “Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso, el municipio solicitante autorizará expresamente al Ministerio de Hacienda y Finanzas a retener de los recursos que le correspondan por el Régimen de Coparticipación de Impuestos establecido en la Ley N° 10.559 y modificatorias, los montos que resulten en función de la ayuda financiera otorgada”.
Según pudo saber Infobae, Kicillof, atento a los reclamos y a los problemas financieros que enfrentan las comunas, elaboró un proyecto de Ley de Financiamiento, que en uno de sus artículos contempla la extensión del plazo devolución de los recursos distribuidos a los 135 municipios a través del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”.
La iniciativa también solicita autorización para que la administración de Kicillof pueda tomar deuda con organismos multilaterales de crédito, que ofrecen líneas de financiamiento a tasas bajas. Esos fondos serán destinados a financiar inversiones de infraestructura, educación y fortalecer programas destinados a los sectores de la población más vulnerables de la población, ya que Buenos Aires, como el resto de las provincias, fue duramente castigada por la baja de recaudación y las inversiones que demandó la pandemia.
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