La falta de una ley antiterrorista integral dilata la investigación del ataque a la AMIA que ya lleva 26 años

A 26 años del atentado a la AMIA la extensa investigación judicial que se abrió en la Argentina sufrió idas y vueltas, profundos estancamientos y escándalos. Pero también hubo a lo largo de estos años una acumulación de herramientas legales que aportaron a la causa y otras que aún están a mitad de camino para que se avance de una vez en la acusación a los responsables del ataque terrorista que le costó la vida a 85 personas en 1994.

La incorporación de la agrupación libanesa Hezbollah en el Registro de grupos terroristas, la creación de la figura del arrepentido, una mayor persecución de los movimientos financieros de grupos extremistas o la aparición del agente encubierto formaron parte de algunas herramientas que ayudaron a profundizar la investigación judicial por la causa AMIA. Pero aún quedan pendientes otras herramientas legales tantas que encuentran resistencia política o jurídica en el país.

Ariel Eichbaum, presidente de AMIA y Miguel Bronfman, abogado de la entidad judía, coinciden en señalar que desde el atentado de 1994 hasta ahora hubo “parches legales” en la Argentina. Lo atribuyen a un tema que va al fondo de la cuestión: la ausencia de una ley antiterrorista completa y extensa como tienen muchos países avanzados para investigar a los grupos extremistas.

¿Por qué en la Argentina no hay una ley antiterrorista a 26 años del ataque a la AMIA?, preguntó Infobae a Bronfman.

“Hace muchos años que desde la AMIA reclamamos una ley antiterrorista integral pero aun hay resistencias a dar ese debate, temor a que se pueda incurrir en falta de libertades o porque quizás sea más cómodo seguir con un Código Penal que está lleno de parches”, respondió el abogado de AMIA.

En ese largo listado de “parches legales” que se dieron hubo salvedades que hicieron posible algunos avances judiciales: la figura del arrepentido en el proceso, el agente encubierto por causas de terrorismo o narcotráfico y el testigo de identidad reservada, enumeraron Bronfman y Eichbaum. Pero ambos coinciden en que todas estas figuras son “parches aislados” y que la Argentina se debe aun el debate por una ley antiterrorista moderna y eficaz.

Otro de los cuestionamientos que se hacen desde la AMIA es que los pedidos de alertas rojas de Interpol a los cinco iraníes acusados de perpetrar el atentado están vigentes pero por “trabas burocráticas” nunca se aplicaron de manera efectiva.

“Parece ser que la agenda diplomática debería estar más activa y ágil para poner en marcha los mecanismos de detención inmediata de alguno de los acusados”, explicó Eichbaum.

El resultado de estas trabas burocráticas de la diplomacia argentina o extranjera están a la vista: durante los últimos 26 años en varias oportunidades salieron de Teherán varios de los funcionarios iraníes acusados por el ataque terrorista a visitas oficiales en Bolivia, Rusia, Venezuela, Azerbaiyán, Malasia o Líbano pero nunca se los pudo capturar.

Por ejemplo, los funcionarios iraníes Ali Akbar Velayati y Ahmad Vahidi están acusados por la justicia de ser los cerebros del atentado terrorista a la AMIA y en más de una oportunidad salieron al exterior sin ser capturados a pesar de tener alertas rojas de Interpol. “Siempre llegamos tarde. Esto debería cambiar y corregirse”, señaló resignado el presidente de AMIA.

El polémico memorándum con Irán que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner también fue eje de disputas y duros cuestionamientos. Luego de un largo derrotero jurídico y político esa herramienta legal que en el kirchnerismo creían la “tabla de salvación” para enjuiciar a los iraníes acusados del atentado, se desactivó por declararse inconstitucional en la Justicia.

“Aún no sabemos cuál era el objeto político que perseguía en el fondo ese memorándum. Pero lo importante es que caducó”, recordó Bronfman.

Registro de grupos terroristas

Durante los últimos meses de mandato de Mauricio Macri se incorporó al Registro de grupos terroristas que tiene la Argentina a la agrupación libanesa Hezbollah y esto permitió avanzar con el congelamiento de activos de ese grupo que tuvo conexiones directas con el atentado a la AMIA, según consta en la investigación judicial.

De esta manera, a la lista de agrupaciones terroristas que sugiere Naciones Unidas para perseguir a nivel mundial la Argentina agregó a Hezbollah. Con la llegada de Alberto Fernández al poder había dudas respecto de la continuidad de ese registro pero finalmente el Presidente optó por mantener a Hezbollah en el listado de grupos terroristas y esto fue bien recibido tanto en la comunidad judía de la Argentina como en Israel y Estados Unidos.

El ex presidente de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) durante la gestión de Macri, Mariano Federici, explicó a Infobae que “las herramientas legales que hay ahora en la Argentina están relativamente bien”. Pero hizo una salvedad: “Lo que no está claro es la voluntad política”.

“Después de varios errores en el pasado, como la ley que promovió a fines de la década pasada tipificando como delito de terrorismo solo aquel que cometiera una organización y dejando por fuera al terrorista aislado, o lobo solitario, la cosa hoy está bastante subsanada y la ley capta todo lo esencial”, dijo Federici.

El ex titular de la UIF cree que actualmente habría que modificar los siguientes puntos de la legislación argentina para avanzar contra los grupos terroristas y las causas que investigan los ataque a la embajada de Israel o el atentado a la AMIA:

1- Ajustar la ley y para captar el tema de los Foreign Terrorist Fighters (combatientes terroristas extranjeros), que es una obligación del nuevo estándar internacional y la Argentina aún no lo tiene incorporada. “Aunque el riesgo es bajo y es más para los países desde los que emigran combatientes para sumarse a las filas de organizaciones terroristas, gran problema en países musulmanes, este es un cambio que se tiene que hacer, pero el riesgo operativo de no hacerlo resulta bajo.

2- La UIF tiene las facultades de congelamiento para los casos de financiación del terrorismo y se demostró su aplicación en el clan Barakat en la Triple Frontera con sus lazos con Hezbollah. Pero aun así, para Federici “el gran tema que está faltando es la tipificación del delito de proliferación de armas de destrucción masiva y el delito de financiación de dicha proliferación. Eso no lo tenemos”.

3- Con la tipificación de esos delitos haría falta ajustar el marco regulatorio para que la UIF pueda recibir Reportes de Operaciones Sospechosas relacionadas con este tema de la proliferación y su financiación y congelar activos en relación al mismo, asegura Federici. Y el registro que creó la agrupaciones terroristas también debería ajustarse para poder registrar a las personas y organizaciones que se vinculan con estos delitos de proliferación y su financiación, según el ex presidente de la UIF.

No opina lo mismo Félix Marteau, abogado de los familiares de Hernán Mendoza víctima del ataque terrorista en Manhattan de 2017 y ex coordinador nacional de políticas anti lavado en los gobiernos de Kichner y Macri. Este abogado de larga trayectoria en temas de lucha contra el terrorismo señaló a Infobae que “la lucha contra el terrorismo global supone una decisión sobre los enemigos concretos que estamos dispuestos a combatir. Esto no tiene nada que ver con los discursos banales sobre el terrorismo en abstracto que pronuncian a menudo nuestros dirigentes en fechas dolorosas”.

Así, Marteau propuso que “a Hezbollah hay que hostigarlo por ser una agrupación agresora de nuestra Nación y porque conspira contra nuestros aliados. Bajo la inspiración de ISIS asesinaron a nuestros ciudadanos en los Estados Unidos”, dijo y automáticamente se preguntó. “¿Qué más necesitamos para tomar posición contra el extremismo violento? Seamos sinceros, nuestro sistema normativo e institucional de inteligencia, investigación y represión del terrorismo atrasa tres décadas”, dijo.

Como abogado de uno de los rosarinos muertos en el ataque terroristas de Nueva York, Marteau señaló que tampoco en la Argentina existe hoy un programa de ayuda a las víctimas de este flagelo. “La última administración, que declamaba republicanismo, dejó en evidencia que el Estado está tomado por facciones que erosionan una agenda nacional en la materia: mientras los gerentes a cargo de los organismos especializados (como la UIF) no se perdían un solo meeting internacional, internamente bloqueaban la coordinación interna, la actualización legal, la intervención en los canales clandestinos de dinero, y la evaluación nacional riesgos de financiación del terrorismo. Es penoso, pero es la realidad”, dijo.

El diputado radical, Luis Petri, fue uno de los principales impulsores del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET) y por ello cree que eso “ha sido el principal avance en la lucha contra el terrorismo con implicancias en todas la región, permitiendo la cooperación y articulación con el mundo en su lucha”.

No obstante, este legislador de la UCR que sigue de cerca la causa AMIA y la lucha contra el terrorismo en la Argentina expresó a Infobae que “los retrocesos han sido varios y son los que explican los 26 años de impunidad. Entre ellos, la firma del Memorándum sin dudas y el asesinato del Fiscal Nisman a cargo de la causa AMIA son de los momentos más oscuros desde el atentando”, dijo.

Ariel Gelblung, Director del Centro Wiesenthal para América Latina es mucho más pesimista en términos de análisis de los aciertos y desaciertos en términos de herramientas legales en la Argentina. “Hubo algunos avances, como la designación de Hezbollah como organización terrorista y retrocesos enormes como el Memorándum. Pero en términos generales seguimos mal. Las declaraciones de funcionarios de gobierno y de la justicia de ese entonces apuntaban a no saber ni tener elementos para investigar un acto terrorista. Si tuviese lugar hoy, creo que escucharíamos las mismas excusas. La justicia no solo no se modernizó sino que está igual o peor”, expresó Gelblung.

Como ejemplo concreto de un avance firme y rápido de la justicia en casos de terrorismo el representante del Centro Wiesenthal recordó que en los Estados Unidos Sayfullo Saipov que mató en un atentado en Nueva York en 2017 a cinco rosarinos, fue detenido en el acto y de no haber sido por la parálisis que se generó por la pandemia del COVID-19 ya habría sido juzgado y estaría cumpliendo condena.

Juicio en ausencia

La otra herramienta legal que está en debate en la Argentina y que no se pudo siquiera tratar aun en el Congreso es el juicio en ausencia para los acusados iraníes que no quieren presentarse en la Justicia argentina y escapan de los pedidos de detención de Interpol.

Desde la DAIA se impulsó en el Congreso junto con otras fuerzas políticas este proyecto de ley. Pero en los últimos años hubo resistencias. “Hay diferencias por el juicio en ausencia tanto en la oposición como en el oficialismo. Nadie se pone de acuerdo sobre una herramienta legal que nosotros hoy vemos necesaria”, dijo el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits.

Desde la AMIA no están convencidos de que el juicio en ausencia sea una herramienta que ayude a cerrar la causa del atentado. “Necesitamos que los acusados iraníes cumplan su condena”, señaló tajante el abogado de la entidad judía.

No opina lo mismo el abogado Raúl Woscoff de la Fundación B’nai B’rith, quien cree que una ley de juicio en ausencia en la Argentina “sería importante para destrabar la inercia que hay actualmente en la causa AMIA y avanzar con la investigación de temas de mayor alcance como el tráfico de armas y terrorismo que hoy se dan en la región”.

Woscoff destacó que en países de la Unión Europea se avanzó en el juicio en ausencia para investigar causas de lesa humanidad con notable éxito. No sólo esto. El abogado de la fundación judía recordó un antecedente curioso de la historia argentina para el juicio en ausencia: la condena a Juan Manuel de Rosas en su exilio británico.

“Luego de la batalla de Caseros, y la huída del Juan Manuel de Rosas a Inglaterra, los unitarios clamaban venganza y justicia, si es que ambas cosas pueden ir juntas. La ley se sanciona, se determinan los delitos y avanza el proceso. Con arrepentidos y todo que habían colaborado con el principal imputado. Rosas es juzgado en ausencia, un antecedente que seguramente nutre el incipiente debate como rareza y testimonio de que no todo resulta tan nuevo bajo el sol”, dijo Woscoff.

El presidente de DAIA cree que en lugar de ello la Argentina debería avanzar en un futuro inmediato en una agenda tendiente a “internacionalizar la causa AMIA”. Esto implicaría que se investigue en el ámbito de la ONU con especialistas y diplomáticos una causa que en el país aparece trabada en la actualidad.

El diputado del PRO, Waldo Woff, es mucho más pesimista que aquellos que plantean salidas alternativas o herramientas legales para llegar a la verdad en la investigación del atentado a la AMIA.

“Más allá de las herramientas que se pongan en discusión, lo que hay que tener en cuenta es que cuando la instrucción sobre la escena del hecho está mal hecha es muy difícil saber después qué pasa. La investigación del atentado a la AMIA es una matriz que nace con el molde mal hecho. Después esta todo mal”, dijo Wolff a Infobae.

En este sentido, el diputado del PRO remarcó que “no es casualidad” que en la Argentina no se haya podido resolver ninguno de los ataques terroristas, ni el memorándum con Irán o la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Cuando la instrucción de la causa sobre la escena del hecho se hace mal, con torpeza y sabotaje después los argentinos escribimos un tango de por vida donde cada uno opina una cosa y pagan los inocentes”, concluyó.

La causa del atentado a la AMIA lleva 26 años con una larga lista de avances y retrocesos legales mientras que los familiares de las 85 víctimas fatales siguen reclamando justicia cada año que pasa.

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