El atentado a la AMIA tiene una causa judicial por el crimen de las 85 personas que murieron y las 151 que fueron heridas con la bomba que explotó el 18 de julio de 1994. Pero con el tiempo se fueron sumando otros expedientes. A 26 años del atentado, todos siguen abiertos.
El principal es el que investiga el atentado. Desde noviembre de 2006 están vigentes las alertas rojas de Interpol con orden de captura internacional para seis acusados: son Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria de Irán; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina; y el colombiano Samuel Salman El Reda, quien vivió en Argentina.
Sus detenciones fueron pedidas por el fallecido fiscal Alberto Nisman y ordenadas por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quién declaró el atentado a la AMIA como crimen de lesa humanidad. Pero ninguna se concretó para poder avanzar en la causa con las indagatorias, para lo que deben ser detenidos y estar en los tribunales argentinos. Eso no ocurre porque Irán no colabora con los detenciones y cuando los acusados salen del país lo hacen con pasaportes diplomáticos -lo que les da un status de inmunidad- o porque los exhortos que envía la justicia vía Cancillería se demoran o no se cumplen.
La causa por el atentado tuvo un primero juicio. Comenzó en 2001 y se juzgó al reducidor de autos Carlos Telleldín y a un grupo de policías bonaerenses. Llegaron a juicio acusados de ser la conexión local del atentado. Pero en 2004 el Tribunal Oral Federal 3 declaró todo nulo porque en el proceso se determinó que Telleldín había cobrado 400 mil dólares para acusar falsamente a los policías. El pago fue aprobado por el entonces juez de la causa AMIA Juan José Galeano y se hizo con fondos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Galeano, que era el juez del caso desde su inicio, fue apartado en 2003 de la investigación y denunciado penalmente por lo que se inició una causa penal por las irregularidades. En 2005, Galeano fue destituido en un juicio político por mal desempeño y 10 años después, en 2015, comenzó a ser juzgado. Junto con él fueron a juicio los fiscales del expediente AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros acusados. Los responsables políticos y judiciales de dar una respuesta de lo que había pasado en el atentado estaban imputados de encubrir la investigación.
En febrero del año pasado, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a seis años de prisión a Galeano, a dos años a los fiscales, a cuatro a Anzorreguy, a tres años y medio a Telleldín y absolvió a Menem.
Las condenas y absoluciones fueron apeladas y hoy se encuentran en la Cámara Federal de Casación Penal para su revisión. El tribunal primero debe fijar una fecha -todavía no la hay- de audiencia para escuchar las posturas de las partes. Después quedará en condiciones de resolver el veredicto del tribunal oral.
Pero la causa de las irregularidades tiene otros dos tramos. En uno el ex comisario Luis Vicat y la abogada Nelida Parascándolo fueron elevados a juicio. Están acusados de coaccionar a policías. Y en el segundo se investiga a cuatro secretarios del juzgado de Galeano y al ex ministro del Interior Carlos Corach. Memoria Activa, integrada por familiares de víctimas del atentado, le pidió al juez Sebastián Ramos el procesamiento de los secretarios.
El caso AMIA tiene otra causa que actualmente está en juicio oral y es un tramo del proceso que en 2003 se declaró nulo en el primer juicio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en 2009 la nulidad pero dejó a salvo la acusación contra Telleldín por haber confeccionado y entregado la camioneta Traffic que explotó en la AMIA.
El nuevo juicio a Telleldín se inició en mayo del año pasado. Se suspendió en marzo por la pandemia del coronavirus y el Tribunal Oral Federal 3 lo reinició a fines de junio por videoconferencia. Se están pasando los videos de algunos testigos que declararon en el juicio. Luego queda un testigo más por declarar y finalmente llegará los alegatos y el veredicto.
Durante el juicio oral por las irregularidades de la investigación se inició otra causa judicial. Fue a instancias de Mario Cimadevilla, ex titular de la Unidad Especial AMIA que depende del Ministerio de Justicia. El funcionario denunció en marzo de 2008 al ministro de Justicia Germán Garavano por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público por haber cambiado a los abogados del Ministerio que iban a pedir condena para los fiscales, lo que Garavano objetaba. Los nuevos letrados pidieron las absoluciones. La denuncia fue desestimada por el fiscal federal Carlos Rívolo que entendió que la disputa había sido una pelea política pero no un delito.
La última causa que se abrió por el atentado fue la denuncia que Nisman presentó en enero de 2015, cinco días antes de ser encontrado muerto en el baño de su casa. Denunció a la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado con la firma del memorándum de entendimiento con Irán. La medida buscaba destrabar la causa judicial ante la imposibilidad de detener a los imputados y permitía al juez y al fiscal viajar a Irán para indagarlos y creaba una Comisión de la Verdad. Para Nisman, el memorándum era para dar de baja las alertas rojas.
La denuncia primero fue desestimada por inexistencia de delito pero luego se reabrió. El fallecido juez Claudio Bonadio procesó y en marzo de 2018 envió a juicio oral a Cristina Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman -que murió en diciembre de 2018 después de declarar anticipadamente para el juicio-, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el dirigente social Luis D´Elia y otros acusados. Zannini y D´Elia fueron detenidos y Timerman estuvo bajo prisión domicilaria.
El caso está en el Tribunal Oral Federal 8 que debe resolver un pedido de las defensas para declarar la nulidad del caso. También que declare Ronald Noble, el titular de Interpol cuando se firmó el memorándum, que públicamente sostuvo que las alertas rojas siempre estuvieron vigentes y que Timerman le dijo que el acuerdo con Irán no implicaba el cese del pedido de detenciones. El caso no tiene fecha de inicio de juicio.
Mientras tanto, las alertas rojas sobre los acusados están vigentes y se renuevan cada cinco años con el correspondiente pedido de extradición a Argentina en caso que sean detenidos. La causa tiene a otras personas con orden de detención nacional e internacional -pero no con alertas rojas porque Interpol no las aprobó- como la de Hade Soleimanpour, ex embajador de Irán en el país.
La causa, le dijeron a Infobae fuentes judiciales, está enfocada hoy a tratar de detener a Samuel Salman El Reda. Un testigo aportó información y se lo pudo ubicar en el Líbano.
El expediente principal del atentado tiene en total cerca de 40 imputados, muchos vinculados a lo que ocurrió con la traffic o con otra hipótesis que se investigó en el caso y que se conoció como “la pista siria”, que apuntaba al empresario Alberto Kanoore Edul que en su agenda se encontró el nombre de Rabbani.
La acusación contra ellos no se cerró porque depende en gran medida en que se puedan concretar las indagatorias de los iraníes acusados. Tampoco prescribirán porque el atentado a la AMIA fue calificado como delito de lesa humanidad y así es imprescriptible, sin plazos para que venzan las imputaciones.
A fin de mes cambiará el juez de la causa atentado. Canicoba Corral renunció para jubilarse y su lugar será ocupado por otro magistrado subrogante.
A pesar que pasaron 26 años desde que ocurrió el atentado hay cuatro causas judiciales que todavía siguen abiertas.
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