La dura crítica de Víctor Hugo Morales que impulsó al Presidente a llamar al periodista

Alberto Fernández aclaró cuál es la posición de la Argentina frente a Venezuela en una entrevista con el periodista Víctor Hugo Morales, en AM 750. El Presidente se comunicó con la producción del programa del prestigioso conductor de radio y pidió salir al aire para hablar del tema, luego de que Morales pronunciara un durísimo editorial con fuertes críticas.

En la introducción de su programa, Morales aseguró: “Uno puede sobrellevar que Vicentin empezó con una energía tremenda, y ahora resulta que lo más probable es que Vicentin tenga que afrontar un proceso fraudulento de quiebra. Uno imaginaba que el impuesto a la riqueza tenía que salir con fritas, porque es algo que corresponde, es algo justo... Pero hace ya tres meses que no hablamos de eso. Pero se hace intolerable a veces algo como lo de Venezuela. Ver a un gobierno que uno imaginó de centroizquierda, peleador por la América Latina que defiende los criterios de la Patria Grande, de rodillas frente a los Estados Unidos, frente a Trump, da mucha vergüenza, da mucho dolor...”.

Y agregó: “Da muchas ganas de tirar todo a la marchanta. De pararse frente al mar y hacer un bollito con los sentimientos y las ilusiones que tenemos. Lo que ha ocurrido como pronunciamiento del gobierno argentino es una vergüenza en varios sentidos”.

Argentina expresó ayer su profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela reseñadas en el nuevo informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet; e instó al régimen de Maduro a cumplir con las recomendaciones de la ONU. Además, pidió elecciones justas y creíbles.

“Señora presidenta, leímos con detenimiento el informe y las recomendaciones. Compartimos con la intervención conjunta pronunciada por Perú la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela”, comenzó su intervención Federico Villegas, embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra.

La declaración ahondó las diferencias surgidas en los últimos días en el Gobierno, que incluyó críticas públicas del kirchnerismo al presidente Alberto Fernández y el pronunciamiento de Víctor Hugo de este miércoles pareciera encolumnarse en ese proceso.

“Lo menos que uno le puede exigir a un gobierno que se presuma de carácter popular es un sentido de la dignidad. Y esto es entregar todo. Es una pena muy grande lo que uno tiene que sentir en este caso”, sentenció Morales. Además, cuestionó a Bachelet por no criticar la represión de las fuerzas de seguridad de Chile durante la última ola de protestas.

“Quienes están felices hoy y quienes estamos tristes hoy define muchas cosas”, agregó.

Luego, durante la entrevista con Fernández, el periodista hizo un nuevo comentario: “La Argentina sigue con el Grupo de Lima, que se organizó para sacar a Maduro del país y es una entidad claramente golpista. Lo que dice Bachelet tiene una gran contraposición con lo que no dijo sobre Chile, donde los derechos humanos fueron arrasados con miles de personas presas, con personas a las que les arrancaron los ojos deliberadamente. Dentro de unos días, usted va a tener el éxito que tanto deseamos de la deuda externa o no. Si no lo obtiene, va a ser atacado por los fondos buitres, llevándose todo por delante, como hicieron durante el gobierno de Cristina Kirchner. Es tremendo el poder internacional que han tirado sobre Venezuela. Viendo la alegría que tiene el Departamento de Estado, entiendo que ayer el país dio un paso desilusionante”.

El informe de Michelle Bachelet

El documento presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos ante el Consejo de DDHH de la ONU afirma que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.

La investigación destaca que los mineros de la zona “están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia” por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como “sindicatos”.

“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, subrayó Bachelet.

El informe indica que esos “sindicatos” aplican castigos crueles a quienes infringen las reglas que ellos imponen y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección.

Mantienen sus actividades ilegales y su control de la zona, donde deciden quién puede entrar o salir, a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagos a comandantes militares, añade el documento.

Éste también detalla las pésimas condiciones de vida de muchos de los mineros, en su mayoría procedentes de otras regiones venezolanas y empujados a emigrar por la crisis económica en el país.

Trabajan en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección alguna, y están obligados a pagar entre el 10 y el 20 % de lo que obtienen a los grupos criminales, a lo que debe sumarse hasta un 30 % para los propietarios de molinos donde se trituran las rocas para extraer minerales.

El Arco Minero del Orinoco, situado en el centro del país y repartido entre los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, cuenta según los estudios con al menos 7.000 toneladas en reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Los mineros allí viven en zonas sin agua corriente, electricidad o servicios sanitarios, donde se ha registrado un aumento de los casos de malaria no solo entre inmigrantes sino también en comunidades indígenas locales.

Estos habitantes oriundos y los mineros también han sufrido casos de envenenamiento por mercurio, elemento utilizado para separar el oro de otros minerales, altamente tóxico y que contamina tanto a través de los gases que genera el proceso de separación como por filtraciones al suelo y los ríos de la zona.

El informe denuncia, asimismo, que niños, algunos menores de diez años, trabajan también en las minas, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes.

Manos amputadas como castigo

Las 149 muertes recopiladas en el informe, registradas en los últimos cuatro años, fueron resultado de disputas por el control de las minas o por castigos impuestos por los grupos criminales, que incluyeron palizas, amputaciones de manos o hasta asesinatos.

Algunos de los cadáveres de trabajadores represaliados fueron arrojados a antiguos pozos mineros, denuncia la investigación, que señala que en algunos casos las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en incidentes violentos.

Bachelet pidió a las autoridades venezolanas que tomen medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Deterioro de la Justicia

Aunque el informe presentado hoy al consejo se centró en la situación en el arco minero, también repasó otras situaciones de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo en su sistema de Justicia, que de acuerdo con el documento se ha visto deteriorado por presiones a la judicatura e interferencias políticas.

La capacidad del poder judicial para actuar de forma independiente con el fin de proteger los derechos humanos se ha visto gravemente afectada y está contribuyendo a la impunidad, denunció el informe.

Las dificultades para que el Ministerio Público investigue violaciones de derechos humanos son especialmente patentes en el caso de asesinatos perpetrados durante protestas, operaciones de las fuerzas de seguridad, denuncias de tortura y violencia de género, subraya.

“Pido al Gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de Justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos”, concluyó Bachelet.