Javier Iguacel se negó a declarar en la causa por irregularidades en la concesión de peajes

El ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel se negó este jueves a declarar en la indagatoria a la que lo convocó el juez Rodolfo Canicoba Corral en el marco de la causa conocida como “peajes”, en donde se investiga si durante el Gobierno de Mauricio Macri se benefició en las concesiones viales otorgadas a empresas relacionadas con la familia del ex presidente, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

La indagatoria se cumplió por videconferencia. En la causa se investigan los delitos de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Mañana, deberá declarar el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.

En la causa también están citados a declarar, pero aún no tienen fecha, los ex ministros de Transporte Guillermo Dietricht y de Economía Nicolas Dujovne. También fue imputado Ricardo Stoddart, a cargo de Asuntos Jurídicos de Vialidad; y el presidente del directorio de Autopistas del Sol SA, Andrés Alfonso Barberis Martín. El magistrado estableció, además, para todos ellos la prohibición de salida del país debido “al estado del proceso y la gravedad de las conductas que se investigan”.

Canicoba Corral señaló que en el caso se investiga “las maniobras defraudatorias y actos en violación a la ley vigente, que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron...” en los contratos de renegociación del Acceso Oeste y la autopista Panamericana. A criterio del juez, estas maniobras provocaron un “gravamen a las arcas del Estado”.

Canicoba Corral, que se jubilará el 29 de julio próximo cuando cumpla los 75 años, avanza con esta investigación que nació con una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau. Allí sostuvieron que la empresa Abertis inició dos reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI) en los que se exigía una cifra millonaria en dólares por supuestos atrasos tarifarios por los que debía responder el Estado argentino.

La presentación reclamaba unos 1.100 millones de dólares, justo antes de que llegara al poder el Gobierno de Cambiemos, por el congelamiento de las tarifas de los peajes. En ese momento, Abertis -una empresa del agnate español Florentino Pérez, presidente del club Real Madrid- aún era socia de Sideco (de la familia Macri) en Ausol, la concesionaria del Acceso Norte.

Con la llegada de Macri a la Casa Rosada, el gobierno acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las firmas una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado.

Según los denunciantes, esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión. La causa tiene el testimonio de una abogada de Vialidad Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y reportó las presuntas irregularidades.

También fue llamado a declarar el ex procurador Carlos Balbín, que se había pronunciado en contra del reclamo de la empresa por entender que estaba prescripto. Balbín se alejó de su cargo en 2017. En la causa se llevaron adelante allanamientos en busca de documentos vinculados con la negociación, el trámite ante el CIADI, los balances de las empresas y las composiciones accionarias.

El Grupo Socma (Sociedades Macri) fue accionista de Ausol hasta mayo de 2017, cuando vendió su participación. Fue la firma bInversiones la que le compró a Sideco, una de las sociedades del Grupo Macri, su participación accionaria en Autopistas del Sol, transacción que también está siendo analizada por la justicia.

La relación de Macri con Ausol fue formalmente reconocida cuando la ex vicepresidenta Gabriela Michetti debió firmar el decreto de la prórroga de la concesión, para evitar eventuales conflictos de interés, por recomendación de la entonces jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

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