El presidente Alberto Fernández aseguró que la condena internacional de la Argentina a la violación de los derechos humanos en Venezuela no representa un cambio de abordaje geopolítico del Gobierno, que continúa reconociendo la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente electo.
“Nunca hemos desconocido eso. Nosotros nunca hemos desconocido la autoridad del gobierno de Venezuela, la legitimidad del gobierno de Venezuela. Guaidó no fue reconocido por nosotros como lo hizo el gobierno anterior”, aseguró Fernández en diálogo con AM 750.
Argentina expresó ayer su profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela reseñadas en el nuevo informe de la alta comisionada, Michelle Bachelet; e instó al régimen de Maduro a cumplir con las recomendaciones de la ONU. Además, pidió elecciones justas y creíbles.
“Señora presidenta, leímos con detenimiento el informe y las recomendaciones. Compartimos con la intervención conjunta pronunciada por Perú la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela”, comenzó su intervención Federico Villegas, embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra.
La declaración ahondó las diferencias surgidas en los últimos días en el Gobierno, que incluyó críticas públicas del kirchnerismo al presidente Alberto Fernández. Además, fue interpretada como un acercamiento de la Casa Rosada a Washington en medio de la negociación por la deuda.
En un diálogo áspero con los periodistas Víctor Hugo Morales y Cynthia García, el jefe de Estado aseguró que hubo una interpretación confusa y maliciosa de la participación argentina en la ONU.
“Lamento cómo se ha presentado la información y hayan confundido a muchos compañeros. La declaración dice lo que hemos dicho siempre. Buscamos preservar los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, estamos en contra de los bloqueos y pedimos que sean los venezolanos quienes encuentren una salida democrática”, desarrolló Fernández.
El jefe de Estado aclaró que el proceso de elecciones libres exigido ayer por la Argentina alude al cronograma vigente en la Venezuela de Maduro, que en diciembre renovará autoridades legislativas en medio de las denuncias de la oposición por falta de transparencia. A la par, existe una creciente presión internacional de la mayoría de los presidentes del mundo que le exigen al dictador venezolano que habilite un proceso democrático para votar un nuevo presidente.
“No soy yo el que tiene que decirles a los venezolanos qué tienen que hacer. Ni yo ni nadie. Son los venezolanos quienes deben decidir qué hacer. Y lo están haciendo: abrieron un proceso electoral y además hay nuevos canales de participación a la oposición para darle más transparencia al comicio”, aseguró.
Fernández dijo además que si bien la Argentina continúa dentro del Grupo de Lima, integrado por países que condenan los atropellos de Maduro, nunca participó de ninguna reunión formal. “Sólo nos quedamos allí para expresar nuestras discrepancias”, declaró.
El Presidente también reiteró su rechazo a la mandataria de Bolivia, Jeanine Áñez. Dijo que recientemente se retiró de una cumbre virtual internacional cuando le tocaba el uso de la palabra porque considera que en ese país hubo una alteración de la democracia. “Nosotros vamos a condenar cualquier sesgo de violación de derechos de humanos en cualquier lugar del mundo. Y vamos a preservar la democracia en cualquier lugar del mundo. Yo soy muy coherente en ese punto”, agregó.
El informe de Michelle Bachelet
El documento presentado por la alta comisionada de los Derechos Humanos ante el Consejo de DDHH de la ONU afirma que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.
La investigación destaca que los mineros de la zona “están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia” por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como “sindicatos”.
“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, subrayó Bachelet.
El informe indica que esos “sindicatos” aplican castigos crueles a quienes infringen las reglas que ellos imponen y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección.
Mantienen sus actividades ilegales y su control de la zona, donde deciden quién puede entrar o salir, a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagos a comandantes militares, añade el documento.
Éste también detalla las pésimas condiciones de vida de muchos de los mineros, en su mayoría procedentes de otras regiones venezolanas y empujados a emigrar por la crisis económica en el país.
Trabajan en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección alguna, y están obligados a pagar entre el 10% y el 20% de lo que obtienen a los grupos criminales, a lo que debe sumarse hasta un 30% para los propietarios de molinos donde se trituran las rocas para extraer minerales.
El Arco Minero del Orinoco, situado en el centro del país y repartido entre los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, cuenta según los estudios con al menos 7.000 toneladas en reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.
Los mineros allí viven en zonas sin agua corriente, electricidad o servicios sanitarios, donde se ha registrado un aumento de los casos de malaria no solo entre inmigrantes sino también en comunidades indígenas locales.
Estos habitantes oriundos y los mineros también han sufrido casos de envenenamiento por mercurio, elemento utilizado para separar el oro de otros minerales, altamente tóxico y que contamina tanto a través de los gases que genera el proceso de separación como por filtraciones al suelo y los ríos de la zona.
El informe denuncia, asimismo, que también hay niños trabajando en las minas, algunos menores de diez años, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes.
Manos amputadas como castigo
Las 149 muertes recopiladas en el informe, registradas en los últimos cuatro años, fueron resultado de disputas por el control de las minas o por castigos impuestos por los grupos criminales, que incluyeron palizas, amputaciones de manos o hasta asesinatos.
Algunos de los cadáveres de trabajadores represaliados fueron arrojados a antiguos pozos mineros, denuncia la investigación, que señala que en algunos casos las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en incidentes violentos.
Bachelet pidió a las autoridades venezolanas que tomen medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
Deterioro de la Justicia
Aunque el informe presentado hoy al consejo se centró en la situación en el arco minero, también repasó otras situaciones de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo en su sistema de Justicia, que de acuerdo con el documento se ha visto deteriorado por presiones a la judicatura e interferencias políticas.
La capacidad del poder judicial para actuar de forma independiente con el fin de proteger los derechos humanos se ha visto gravemente afectada y está contribuyendo a la impunidad, denunció el informe.
Las dificultades para que el Ministerio Público investigue violaciones de derechos humanos son especialmente patentes en el caso de asesinatos perpetrados durante protestas, operaciones de las fuerzas de seguridad, denuncias de tortura y violencia de género, subraya.
“Pido al Gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de Justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos”, concluyó Bachelet.
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