Si bien primaron los buenos modales, no hubo chances de acuerdo y diputados y senadores de Juntos por el Cambio se retiraron de la comisión Bicameral de Trámite Legislativo con una denuncia de ilegalidad. Pablo Tonelli, el diputado del PRO más avezado en cuestiones parlamentarias, consideró un “yerro enorme” que vuelva a tratarse un DNU que ya tenía dictamen de la misma comisión. El decreto en cuestión es el 1053 que firmó Mauricio Macri en el año 2018 y que, entre otras transferencias presupuestarias, dispuso una compensación a las distribuidoras de gas perjudicadas por la devaluación. Marcos Cleri, titular de la Bicameral por el Frente de Todos, defendió la posibilidad de reabrir el debate e insistió en que se ajustaba al reglamento y la ley.
“Lamentablemente una vez más tenemos que expresar diferencias y disidencias respecto a los procedimiento esta comisión Bicameral”, arrancó Tonelli, quien alertó que, como ya había explicado con otros DNU de Macri vueltos a debatir en el mismo ámbito, no es válido dictaminar sobre lo que ya se dictaminó. “Es un sinsentido”, repitió, y dijo que alcanzaría con llevar al recinto el dictamen de fines del 2018 que “no está vencido”. “No hace falta volver a dictaminar, el actual oficialismo podrá votar por la invalidez” en sesión, insistió. Y reiteró que se “está al borde de la ilegalidad” por lo que pidió excluir el DNU 1053/2018 del orden del día. Su moción se votó y perdió por 9 a 6.
Tonelli también exigió el tratamiento de los DNU firmados por Alberto Fernández sobre Vicentin y a la movilidad jubilatoria. Al final se molestó: solicitó un trámite “regular y adecuado a la ley y no al capricho del oficialismo”.
Le respondió Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque del Frente de Todos que ayer se participó de la mesa de diálogo convocada por el Presidente en Olivos. Además de defender la legalidad del tratamiento legislativo (”nada impide que se pueda volver a dictaminar si no se votó en el pleno”), argumentó a favor del “un debate de fondo” sobre el DNU. Sobre el fondo se explayaron varios legisladores oficialistas que recordaron la gestión del ex ministro de Energía Juan José Aranguren, “hoy investigado en la Justicia”.
“La realidad era un caballo de troya”, describió la mendocina sobre “la estatización de la deuda con las empresas energéticas” y advirtió que la gestión de Mauricio Macri “sólo pagó la primera cuota el 6 de diciembre del 2019″.
Cleri coincidió en que el DNU dictaminado el 15 de noviembre del 2018 impulsó una modificación presupuestaria que “cargó la deuda de los privados a todos los argentinos” y habilitó el debate. Incluso, para marcar la ausencia opositora, ofreció la palabra aún sabiendo que nadie le respondería.
De todos modos antes de desconectarse de la teleconferencia, el diputado chubutense Gustavo Menna consideró “una pena” la situación mientras que la senador Silvia Giacoppo también reprochó “llegar a estos momentos de tensión”.
Fernández Sagasti había sido dura. “La actitud de la oposición de que cuando no me gusta lo que sucede me retiro es la actitud de los chicos cuando dicen que no me gusta el partido y me llevo o pincho la pelota. Piden diálogo y el diálogo que piensan es sólo el que impongo lo que pienso como oposición”.
Sin alzar la voz y sin gritos, como sí hubo en otras ocasiones, Giacoppo expresó su malestar por “decirnos bánquense la minoría” y por “no entender razones legales”.
Hubo otro momento de tensión. Cuando se iniciaba el debate en detalle del DNU 1053, el mendocino del PRO Omar de Marchi pidió la palabra. Cleri ofreció que participara sobre la validez del decreto pero De Marchi estaba por retirarse. Entonces el presidente de la comisión insistió en que el respeto es mutuo y que si quería hablar con el tratamiento del DNU ya en marcha tenía que esperar. De Marchi insistió en que se retiraría pero quería hablar antes. El santafesino se cansó: “Silencie su micrófono diputado. Si usted quiere hablar yo me voy a quedar acá para escucharlo”.
Ya en soledad, según se vio en las pantallas con iniciales y sin rostros, el Frente de Todos avanzó rápidamente en el tratamiento del dictamen de rechazo del DNU 1053. Varios diputados y senadores repitieron el apellido Aranguren y denunciaron que se haya decidido pagar las diferencias acumuladas en el valor del gas comprado por las prestadoras y el valor del gas natural incluido en los cuatros tarifarios generados por las variaciones del tipo de cambio. “Quisieron que pagaran los argentinos y ante el rechazo trasfirieron la deuda al Estado”, acusó Fernández Sagasti.
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