El titular de la AFI macrista Gustavo Arribas se presentó este martes en los tribunales de Lomas de Zamora para declarar en indagatoria en la causa del espionaje ilegal. “Va a estar ahí y va a hablar”, dijeron a Infobae en el entorno del ex funcionario. La estrategia -la misma que tuvo este lunes su segunda Silvia Majdalani- es hablar ante el juez Juan Pablo Augé y la fiscal Cecilia Incardona para rechazar las acusaciones y defender la legalidad de las “observaciones” que se hicieron en la sede del Instituto Patria y en la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Arribas llegó minutos antes de las 9 de la mañana, hora fijada de la citación. Fue una entrada muy rápida en donde no hubo casi tiempo para los periodistas que lo esperaban de poder abordarlo para hacerle preguntas. Llevaba unos papeles en la mano. Su declaración terminó minutos antes de las 13.30. Lo acompañaba el abogado Alejandro Perez Chada, el letrado que asesoró a Mauricio Macri en distintas causas judicial y que incluso representó al ex titular de la AFI cuando éste apareció salpicado por una transferencia ligada a un cuevero de la causa Odebrecht. Por esa causa, Arribas fue a tribunales a declarar y terminó sobreseído por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que por estas horas presentó su renuncia ante el Gobierno.
Arribas y Majdalani están bajo la sospecha por haber dado “órdenes o instrucciones” a Alan Ruiz, ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, para llevar adelante “tareas de inteligencia ilícitas” sobre la hoy vicepresidenta; y luego, al ser descubiertos, haber desarrollado una “maniobra fraudulenta mediante falsedad documental” para hacer ver que esas diligencias estaban justificadas en una causa judicial para prevenir atentados por la realización del G-20 y otros eventos de relevancia que se iban a desarrollar en el país.
La defensa de Arribas sostiene que esas acusaciones no tienen justificación. Primero porque esas tareas estuvieron autorizadas por el juez de Lomas de Zamora Federico Villena y después sostiene que, junto a Majdalani, ya tuvieron una denuncia por esa vigilancia y fueron sobreseídos por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, por lo que no pueden volver a ser acusado por lo mismo.
Sobre esos pilares versó la exposición que haga Arribas ante el juez. Según pudo saber Infobae, el ex empresario del fútbol decidió hablar (en vez de la opción de presentar un escrito), pero evitó contestar preguntas hasta tanto no se defina si, tal como él pretende, la causa -de existir- pasa a Comodoro Py. El ex jefe de la AFI afirma que los hechos que se investigan en Lomas de Zamora ocurrieron en la órbita de la Capital Federal.
Durante su exposición, Arribas remarcó que cuál era la función del “señor 5″, ligada a una cuestión estratégica y en coordinación con las agencias internacionales. Pidió reclamó que se incorporara a la causa el organigrama de la AFI, para que quedara claro cuál era la responsabilidad de cada área y las formas de control interno que cada repartición tenía.
Afirmó ademas que cuando ocurrió el episodio del Instituto Patria, pidió explicaciones a Majdalani y ésta a Martin Coste, el director de Contrainteligencia y sobre el que el ex directivo apuntó todas las miradas. También insistió en que le informaron que las diligencias estaban respaldadas por una orden judicial y así se lo hicieron conocer a la Comisión Bicameral. En ese marco, Arribas se quejó porque cómo podía hacer que durante dos años ninguno de esos legislaldores, ni los funcionarios judiciales que intervinieron -tanto en Py como en Lomas de Zamora- vieron nada irregular hasta ahora que lo llamaron a una indagatoria, señalaron las fuentes consultadas.
El lunes, Majdalani tampoco quiso responder preguntas hasta no se resolvieran sus planteos de falta de acción y también la recusación contra la fiscal Incardona. Pero al declarar la ex funcionaria dio su versión de los hechos: aseguró que la AFI tenía información sobre un atentado que podía llevar adelante una agrupación llamada “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje”, una organización definido como ecoextremista que actuó en México y que, ante esa amenaza, se resolvieron “puntos de observación” que incluyeron a la ex presidenta. Todo, subrayó, se hizo legalmente en el marco de la causa que llevaba el juez Villena -el mismo que tuvo en sus manos hasta hace diez días el expediante por el llamado “espionaje M”-.
En otro tramo de su declaración, a contrapelo de otras afirmaciones de la causa, Majdalani aseguró que ella no le daba órdenes a Alan Ruiz, ya está procesado en el expediente. Incluso aseguró que era tal la distancia entre su cargo y el de Ruiz que no sabía lo que hacía. También sostuvo que no conocía la existencia del grupo “SuperMarioBross”.
Precisamente, Alan Ruiz -ya procesado en la causa por violación a la ley de inteligencia, falsificación de documento y abuso de autoridad- decidió ampliar su declaración indagatoria. Según pudo saber Infobae, Ruiz volvió a justificar la legalidad de la vigilancia en el Patria pero además disparó contra otro imputado: Martín Coste, el último jefe de Contrainteligencia del macrismo que en la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia lo comprometió a él y también a Majdalani. “Coste sabía perfectamente cuáles eran mis tareas pues obviamente siempre se las reportaba”, aseveró.
La declaración de Ruiz coincidió con la Majdalani. Es que Ruiz aseguró que no tenía relación directa con la “señora ocho”, aunque a veces para jactarse entre sus subordinados asegurara que actuaba con el respaldo de la entonces funcionaria. “Si bien la conocí personalmente y participé en reuniones en donde estaba ella siempre lo hice a instancias de Martín Coste y en su presencia. Quien decidía llevarme y hacerme participar por algún tema que él trabajaba o era de mi incumbencia. Es decir: no tenía trato directo con la subdirectora sin perjuicio que en razón de que era nuevo y como para consolidar un poco más ni autoridad algunas veces le decía a mis compañeros y/o dependientes que tenía trato directo y frecuente con ella”, aseguró en la declaración a la que accedió este medio.
Tras repasar que él llegó a la AFI donde ya había un grupo armado, entre los cuales estaban los internos y externos, que trabajaban bajo las órdenes de Diego Palmau Pereyra y Coste -que entonces era su segundo-, Ruiz insistió una vez m+as en apuntar contra los agentes Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque. “Querían seguir con sus cosas y sobre todo sin control -dijo-. Fueron los únicos agentes que se negaron a pasar a trabajar a la sede CITEFA. Los dejé de lado, casi no los utilicé para el trabajo que había que realizar”, dijo.
Ruiz afirmó que eran los directores operacionales los que le “bajaban línea” a él, y a quienes él reportaba. “La línea de mando era vertical siempre”, afirmó. Precisó que Dalmau Pereyra le impuso “los principales temas que se estaban trabajando en el área de contrainteligencia entre los cuales se destacaba principalmente la problemática de los grupos anarquistas y antisistemas que estaban operando en el gran Buenos Aires, especialmente en Avellaneda y las probables intenciones de afectar o atentar contra personalidades públicas aprovechando la organización de los Juegos Olímpicos para la Juventud y la cumbre del G20”.
Según afirmó, Dalmau “me recalcó especialmente que esté muy atento a posibles ataques contra la seguridad interior o el orden constitucional ya sea por desmanes o atentados”. Como Majdalani, mencionó al grupo “particularmente violento y activo llamado ITS que tenía fuertes vínculos en Chile y cuya modalidad era justamente atentar con explosivos a personas públicas por lo que teníamos que estar atento a probables situaciones de riesgo”.
Recordó entonces que “a fines de julio (de 2018)” se recibió una información de una fuente “que indicaba que en la plaza Alsina de la localidad de Avellaneda en una reunión de componentes antisistemas o anarquistas se había conversado respecto de la oportunidad de generar algún desmán atentatorio (sic) contra el orden y la seguridad interior, habiéndose nombrado a la señora Cristina Fernández de Kirchner como potencial objetivo” y en donde se buscaba aprovechar “la difusión que sus acciones tendrían con motivo de la atención y trascendencia mundial” de los eventos en Buenos Aires.
Así, sostuvo que “bajo la orden e instrucción” de Martín Coste, se dispuso “una vigilancia pasiva en los lugares que frecuentaba la doctora Cristina Fernández de Kirchner”, es decir el Instituto Patria y su domicilio, “en orden a determinar la veracidad o seriedad de la alerta y en su caso avisar a mis superiores para que ellos a su vez hagan la denuncia o le avisen a quien corresponda”. Lo mismo, dijo, se hizo sobre el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal, el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli y los diputados Waldo Wolff y Graciela Ocaña.
“Quiero destacar que en ninguno de los casos se le avisó a las personas involucradas; no era mi función aunque entiendo que dar aviso no hubiese sido productivo ya que la alerta no estaba confirmada ni tenía verosimilitud tal como para disparar una acción -subrayó- Si la sospecha se hubiese confirmado se hubiese dado intervención a las autoridades correspondientes”.
“Se trataba tan sólo de tareas de observación y vigilancia por unos días a los efectos señalados. Nunca se siguió la doctora Cristina Fernández de Kirchner ni a nadie que surgiera de dichas vigilancia ya que no se detectaron potenciales amenazas”, insistió. Tras precisar que la causa en el juzgado de Villena existía desde 2017, Ruiz resaltó que “no se trataba de tareas encubiertas”, que los autos usados eran de la AFI y el personal no tenía ninguna cobertura porque “era una actividad legal y abierta” y que hasta cuando la policía se acercó en la puerta del Patria a consultar a los ocupantes del vehículo éstos se identificaron sin problema.
Por último, Ruiz disparó sobre los testigos de identidad reservada, agentes de la AFI que hicieron estas tareas y lo comprometieron: aseguró que era mentira que no sabía qué operación iban a hacer y que se hubieran quejado ante él por estas tareas. También afirmó que esos testimonios habrían sido “orientados” por la AFI actual y señaló que estos testigos habrían sido “presionados” bajo la amenaza de ser echados si no declaraban.
“Deseo destacar la conducta desplegada por el señor Martín Coste en relación a este asunto y de la que he tomado conocimiento a través de los medios por su presentación en la comisión bicameral. (Coste) pretende asignarme la total responsabilidad de lo ocurrido, desentendiéndose no sólo de su condición de superior mío sino además del emisor de las órdenes específicas de las que obviamente no sólo fue autor sino que además las conocía a la perfección. Me ha difamado. Es evidente que (Coste) había llegado algún tipo de acuerdo espurio en todo este tema con la conducción actual de la AFI quien no lo incluyó en la denuncia que diera origen a la causa que investiga a vuestra señoría”, agregó. La denuncia de Cristina Caamaño, a la que accedió Infobae, pedía imputar a indagar a Majdalani, Arribas y Macri.
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