Causa Cuadernos: por orden del titular de la Oficina Anticorrupción quedó firme un fallo que benefició a Cristina Kirchner

El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, ordenó dejar sin efecto una apelación del organismo que encabeza y en la que se buscaba que la vicepresidentea Cristina Kirchner y un directivo de Techint, entre otros, siguieran procesados por “coimas” en la causa de los cuadernos, específicamente en un tramo que investiga el rol de esa empresa en las anotaciones registradas por el remisero Oscar Centero. Con esta orden de Crous, quedó firme la falta de mérito para la ex jefa de Estado y sus ex funcionarios, que -no obstante- siguen procesados en la causa. La decisión benefició principalmente al directivo de Techint, Luis Betnaza, que admitió pagos a ex funcionarios y ya no está procesado en la investigación.

En la presentación a la que accedió Infobae, Crous afirmó que se debía seguir los lineamientos trazados en la causa por el fiscal Carlos Stornelli, que no había apelado la decisión. Crous añadió: “Es política de esta gestión que el desempeño de la Oficina en los juicios penales, en cuanto querellante, se ejercerá de un modo excepcional y restrictivo”. Y resaltó que “este organismo debe concentrar sus esfuerzos en aquellos asuntos más complejos”.

Los argumentos planteados abren el interrogante sobre cuál será la decisión que tome la OA en su rol de querellante en la causa de los cuadernos, teniendo en cuanta que Crous ya adelantó que el organismo iba a abandonar su rol de acusador privado en distintas causas de corrupción, pero no especificó cuáles.

La OA ya había desistido de ser querellante en las causas Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner. Precisamente, el organismo en tiempos de Mauricio Macri, con Laura Alonso a la cabeza, había tenido un activo rol en los procesos penales que involucraron a la hoy vicepresidenta.

En este caso, los vaivenes en la posición de la OA quedaron plasmados en la causa de los cuadernos. Pero la situación se convirtió en insólita porque dos abogados de la querella apelaron una resolución que ninguna otra parte había apelado y que favorecía a Cristina Kirchner, y ahora los mismos letrados avisaron que desistían del planteo por orden del titular de la OA.

Todo se remonta a la resolución que informó el 23 de junio Infobae: el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi decidió revocar los procesamientos de la vicepresidenta y del representante de Techint y otros, y dictarles la falta de mérito. Se trata de un estado procesal intermedio, pero claramente se convirtió en un beneficio para los imputados, sobre todo para Betnaza porque era el único procesamiento que pesaba sobre él. En la misma resolución, el juez explicó que la medida se tomaba para seguir profundizando la investigación para saber si, como dijo la empresa, las coimas que se registraron en los cuadernos de Oscar Centeno relacionados a la multinacional estaban relacionados con la expropiación de una de sus firmas en Venezuela.

Ante esa decisión, la OA apeló. Tal como informó Infobae el 29 de junio, dos abogados del organismo reclamaron que quedaran firmes los procesamientos de Luis Betnaza, de Cristina Kirchner, su ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de éste, José María Olazagasti; el encargado de coordinación Roberto Baratta y el ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti.

Entre sus fundamentos remarcaron el pedido que había hecho la OA -en tiempos de Laura Alonso- sobre la elevación a juicio y resaltaron que el propio Betnaza y también Héctor Zabaleta -ex director de Administración de Techint- como arrepentido habían reconocido el pago a los funcionarios públicos. “A esta altura el estado justificante en que pretende colocarse Betnaza no alcanza para disponer su falta de mérito ni la de sus coimputados”, sostuvieron. Y añadieron que “la construcción a la que apunta la defensa colisiona seriamente con el hecho que a la par que se daba la supuesta crisis humanitaria en Venezuela, se estaba negociando una millonaria indemnización producto de la expropiación”.

Ahora, sin embargo, los mismos abogados que habían presentado la apelación avisaron al juzgado que desistían del pedido por orden del titular del organismo. “Conforme surge de la providencia cuya copia se adjunta, registrada como Resolución SSIA N° 14/2020 de fecha 3 de julio de 2020, el titular de este organismo ha decidido desistir del recurso de apelación interpuesto el pasado 29 de junio de 2020 contra el punto I de la parte resolutiva del auto de falta de mérito de fecha 22 de junio de 2020. Por lo tanto, solicitamos a V.S. tenga al mismo por desistido”, le dijeron al juez, según consta en la causa. La nota está firmada por Sergio Aleo y Juan Carlos Duré, abogados de la Subsecretaría de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción -querellante en autos- y Hernán Matías Rey, a cargo de la Dirección Nacional de Litigio Estratégico.

En la misma presentación se adjunta la nota firmada por su titular. Allí Crous afirmó que “se advierte sin dificultad -y así quedó plasmado en el escrito de apelación- que este proceso ha cobrado un curso muy particular, debido al impulso disímil de la acción penal que los acusadores públicos y privados -aunque estatales- ha impuesto a su trámite. Que tal circunstancia ha derivado a su reconducción a la etapa sumaria, hasta el punto de los autos de mérito iniciales, mientras se sustancian nuevas medidas probatorias en la etapa sumarial”.

Tras recordar que el fiscal Stornelli, “titular e impulsor ‘ex officio’ de la acción penal pública, consintió” la decisión judicial, Crous repasó que la OA ya advirtió que “es facultad de este organismo constituirse en querellante cuando por los hechos investigados se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional” y que “este organismo debe concentrar sus esfuerzos en aquellos asuntos más complejos”.

“Sin perjuicio de la decisión que pueda adoptarse en el futuro sobre la continuidad, en aquellos tanto como estos autos, de tal rol de acusador particular -con la singularidad de tratarse de un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, con la implicancia que se señalará de inmediato-, es política de esta gestión que el desempeño de la Oficina en los juicios penales, en cuanto querellante, se ejercerá de un modo excepcional y restrictivo, según criterios de oportunidad, mérito y conveniencia para cada caso y en el marco de las pautas reglamentarias antes citadas -hoy parcialmente en revisión-”, sostuvo Crous.

Se resaltó que “la carga legal de investigar los casos sospechosos de corrupción se satisface con el análisis, pesquisa interna y denuncia judicial, cuando el caso lo amerita, y con la eventual posterior colaboración con los órganos judiciales, si fuera pertinente”. Y se insistió en que “la multiplicidad de actores estatales en la acusación pone en crisis la igualdad de armas entre las partes contendientes, y con ello las garantías del debido proceso, lo cual redunda así en riesgo para su validez, lo que cual, como es evidente, contraría el interés público”.

Así las cosas, Crous afirmó que no hay fundamentos para apartarse del “criterio rector” tomado por el fiscal Stornelli sobre la falta de mérito mientras se sigue instruyendo el caso. “Por estas razones que considero que esta Oficina Anticorrupción debe estar, en la actual instancia que transita este proceso, a la actuación de la acusación pública constitucional ejercida por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal interviniente, y abstenerse de ejercer actividad recursiva respecto del interlocutorio bajo análisis”. “En consecuencia, conocida la posición del Ministerio Público Fiscal, corresponde disponer que los abogados intervinientes en la causa de referencia desistan del recurso de apelación”, se añadió.

Tal como reveló Infobae en agosto de 2018, la empresa Techint aparecía en las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Primero fue detenido Héctor Zabaleta, encargado de entregar dinero negro a Roberto Baratta, y declaró como arrepentido, admitiendo los pagos. Luego declaró Luis Betnaza, director de la compañía, quien reconoció haber hecho pagos al Gobierno porque se buscaba que la administración K intercediera ante el gobierno de Hugo Chávez por la expropiación que se iba a hacer en Venezuela de la empresa Sidor, pertenecía al Grupo Techint. El director institucional corporativo del Grupo Techint reconoció la veracidad de las anotaciones del chofer Oscar Centeno y dijo que él le había ordenado a Héctor Zabaleta, ex director de administración de la compañía, que combinara con Roberto Baratta el modo de entrega de “los aportes”.

El fallecido juez Claudio Bonadio también llamó a indagatoria y procesó al CEO de Techint Paolo Rocca por entender que “no podía desconocer la existencia de los pagos efectuados por el Grupo económico al cual pertenecía”, pero en abril de 2019 la Cámara Federal revocó ese procesamiento de Rocca y en junio el fiscal Stornelli no incluyó los nombres de Betnaza y Zabaleta a la hora de pedir la elevación a juicio del resto de los involucrado.

Así las cosas, el capítulo de Techint quedó en instrucción a la hora de profundizar las explicaciones de los directivos de esa empresa, mientras que la parte central de la causa fue remitida al Tribunal Oral Federal 7 para que lleve adelante el juicio oral en una megacausa que un centenar de acusados y una treintena de arrepentidos.

SEGUÍ LEYENDO: