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El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, expresó este lunes que “el Gobierno no va a avalar ni encubrir a ningún policía” que eventualmente haya estado involucrado en la desaparición de Facundo Astudillo Castro, quien según varios testigos fue visto por última vez subiendo a un patrullero de la policía bonaerense el 30 de abril pasado durante un operativo de control de la cuarentena.
En medio de una fuerte presión política local y un fuerte reclamo a nivel internacional de la ONU y de Amnistía Internacional por la desaparición de Castro, el secretario de Derechos Humanos explicó a Infobae que desde el Gobierno “se están poniendo a disposición de la Justicia todas las herramientas del Estado para que aparezca cuanto antes” el joven de 22 años que fue visto por última vez después de ser demorado en un retén policial mientras iba a dedo a lo de su ex pareja en Bahía Blanca.
“Le estamos pidiendo a la Justicia la mayor celeridad para avanzar a fondo con la investigación porque la familia de Facundo no se merece tener dudas de lo que pasó”, dijo Pietragalla al ser consultado sobre la situación de Castro. “Lo peor que puede pasar es que la familia de Facundo se quede con dudas”, añadió.
Al evaluar la presunta participación policial en la desaparición de Castro, el secretario de Derechos Humanos fue terminante: “Acá no hay que encubrir a nadie. Si hubo irregularidades por parte de algún miembro de las fuerzas de seguridad vamos a ir con toda la ley porque aquí se debe entender que este Gobierno no duda en respetar los derechos humanos y exigirá a las fuerzas de seguridad el respeto de los derechos humanos”. Pietragalla destacó que “acá no vamos a encubrir a nadie si hubo irregularidades y vamos actuar con la mayor responsabilidad”.
En esta misma línea, el diputado Máximo Kirchner expresó hoy en la videoconferencia con los jefes de bloque y el presidente Alberto Fernández que se contactó con la madre de Facundo Castro para expresarle sin vueltas: “no se va a encubrir a nadie. Se va a investigar a fondo”. Y planteó que es un buen momento para debatir una ley de violencia institucional que fije penas mayores a los efectivos de seguridad que abusen de su autoridad.
A la vez, ante las críticas que le está formulando la oposición al Gobierno nacional y al bonaerense por la desaparición de Castro, Pietragalla dijo que “esta situación no puede ser usada políticamente” y reclamó a la dirigencia política “tener coherencia entre lo que se reclama hoy y lo que se planteaba ayer”.
De esta manera, el secretario de Derechos Humanos se diferenció de la gestión de Cambiemos al sostener que “nuestro Gobierno no va a recibir a ningún policía que haya disparado por la espalda a alguien”. Estas expresiones tuvieron la explícita referencia al ex presidente Mauricio Macri y su entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en su momento recibieron en la Casa Rosada a Luis Chocobar, el efectivo de la policía bonaerense de Avellaneda que defendió y le salvó la vida al turista norteamericano Joseph Wolek, apuñalado en el barrio de La Boca. En su momento, el juez de menores número 1 Enrique Gustavo Velazquez, procesó y embargó por 400.000 pesos al policía y lo investiga por el presunto delito de exceso de legítima defensa.
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Por otra parte, el secretario de Derechos Humanos dijo que en estos momentos el Gobierno se encuentra elaborando una respuesta a la carta que envió la semana pasada el Comité para la Desaparición Forzada de las Personas de la ONU que le pidió al Estado argentino “inmediatez y exhaustividad” en la investigación por la desaparición de Facundo Castro.
En este sentido, ya se pidió a la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad nacional que se informen todas las medidas que se tomaron hasta ahora para esclarecer la desaparición de Castro. El Gobierno tiene 20 días para responder los requerimientos de la ONU. En medio de esto, el Gobierno puso a disposición de la justicia las fuerzas federales en la búsqueda de Castro y a un equipo de psicólogos para dar contención a la familia del joven desaparecido.
A la vez, desde Amnistía Internacional, representada por Mariela Belski en la Argentina, hoy le giró un pedido de informes al Gobierno para esclarecer el caso de Castro y denunciar los reiterados hechos de violencia policial y de uso abusivo de la fuerza que comprometerían la responsabilidad de fuerzas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Es que en los últimos meses aumentaron las denuncias de violencia institucional de parte de las policías. Ante ello, Pietragalla dijo: “Siempre hubo violencia institucional, sólo que ahora con la pandemia del COVID-19 esa violencia se visibiliza más fácilmente”.
En tanto, desde el Ministerio de Seguridad que lidera, Sabina Frederic, dijeron que desde el 25 de junio que el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio tomó conocimiento de la desaparición de Castro se puso a disposición de los fiscales a cargo de las investigaciones todos los recursos federales para la investigación.
En tanto, la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina fue incorporada como auxiliar de la justicia al mismo tiempo que la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmeria dispusieron sus recursos para acompañar las tareas de búsqueda.
Según se pudo saber, el 8 de julio la Policía Federal secuestró “elementos de interés para la causa” en la comisaria de Mayor Buratovich, distrito de Villarino. Y en virtud del pedido de la Fiscalía Federal se efectuó una planificación interfuerzas que contará con la participación de agentes de PFA de Mar del Plata, Necochea, Olavarría, Tandil, Pinamar, Chascomús, Dolores, Azul y Bahía Blanca. Estas delegaciones son las que han dispuesto a oficiales, suboficiales, agentes, móviles, unidades de bomberos, perros y drones para realizar la cobertura territorial de la búsqueda.
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