Si alguien le pregunta por su vida fuera de tribunales, lo primero que dice es que es “mamá”. Y que el coronavirus hizo todo más difícil para las mujeres que trabajan 24x7. Es que su trabajo está siendo observado por la política y la justicia. Cecilia Incardona es la fiscal de Lomas de Zamora que concentra en sus manos, desde el 3 de junio, las dos causas más importantes que investigan el mundo del espionaje macrista. La semana pasada, esta representante del Ministerio Público pidió las indagatorias de los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por la vigilancia “ilegal” que se hizo sobre la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner en 2018, en momentos en que estaba por explotar la causa de los cuadernos.
Se llama Cecilia Patricia Incardona y tiene 48 años. Fue fiscal y jueza en Tierra del Fuego. Allí conoció a quien es hoy su marido: Eugenio Sarrabayrouse, el juez de la Cámara Nacional de Casación Penal al que Cristina Kirchner propuso para la Corte Suprema en octubre de 2015, días antes de dejar la Presidencia.
De raíces peronistas, Incardona fue muy cercana al ex procurador general Esteban Righi. Entre sus colegas es respetada. La definen como seria y estudiosa. Es una de las pocas funcionarias judiciales que, por la fecha de su nombramiento, paga el impuesto a las Ganancias.
Activa integrante en la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la mencionan como una de las candidatas a suceder a su titular, Carlos Rívolo. En tanto, en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial milita en la línea celeste. Es la agrupación más afín al Gobierno. Es la misma línea a la que pertenece el camarista de La Plata Rodolfo Lemos Arias, que decidió el apartamiento de la causa del espionaje ilegal del juez Federico Villena (simpatizante de la línea bordo).
Villena e Incardona mantenían una tensa relación en el trámite de la causa por el espionaje ilegal que quedaba plasmada en los escritos. La fiscal se quejaba de no poder acceder a toda la prueba del expediente. Era una protesta común entre los abogados defensores, pero en la que la funcionaria del Ministerio Público estaba a a la par de los acusados.
Mientras tanto, la denuncia que impulsó la interventora de la AFI Cristina Caamaño por el espionaje en el Instituto Patria recayó en sus manos. En febrero, Caamaño se la había presentado a Villena, y el juez se excusó. En esa presentación, la encargada de la AFI pidió llamar a Villena como testigo. Esa es precisamente la investigación en donde quedó bajo la lupa la vigilancia que se hizo a Cristina Kirchner tanto en el Instituto Patria como en su casa de Recoleta.
El caso fue a parar al otro juez de Lomas de Zamora, subrogante, Juan Pablo Augé. El magistrado, un experto en derecho civil, se la delegó a la fiscal. Así, la representante del Ministerio Público fue sumando pruebas y declaraciones de espías de carrera que declararon como testigos de identidad reservada. Primero pidió la detención de Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI. Y ahora, tras analizar más pruebas e indicios, reclamó llamar a indagatoria a Arribas y Majdalani. También al ex jefe de Contrainteligencia, Martín Coste, que se presentó en tribunales el último viernes y ratificó su declaración ante la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia. Una declaración que ratifica la hipótesis acusadora de una “cobertura legal” sobre la vigilancia que se hizo en el Instituto Patria. El lunes y el martes, en tanto, Majdalani y Arribas darán su versión de los hechos. Los términos de sus dictámenes ya pusieron en guardia al macrismo.
Cecilia Incardona se recibió de abogada en 1996 en la Universidad de Buenos Aires y la especialización en Derecho Penal la hizo en la Universidad de Belgrano y la Universidad Católica Argentina. Docente de grado y posgrado, en 1997 tuvo su primer cargo en la Justicia: fue auxiliar en un juzgado de menores. En 2001 se fue al sur: la nombraron secretaria del juzgado federal en Río Grande, Tierra del Fuego. En 2007 se convirtió en fiscal y en 2012 jueza de primera instancia.
A finales de 2014, se creó a instancias de Cristina Kirchner la Cámara Nacional de Casación Penal. Uno de los elegidos fue a Sarrabayourese -seleccionado por el académico Julio Maier para seguir su obra, un referente en materia de derecho para la entonces presidenta-. Así el camarista en Tierra del Fuego emprendió el regreso a Buenos Aires para ocupar ese tribunal penal. Con él, también lo hizo su esposa.
Dicen los que la conocen que su marido no se mete en sus causas ni ella en las de su marido. Regla de matrimonio judicial. Quien ose pensar lo contrario, además, ofendería a esta defensora de los derechos de las mujeres en todo terreno, señalan en su entorno.
Tras presentarse y posicionarse en los primeros lugares de distintos concursos llevados adelante por el Ministerio Público Fiscal, Incardona fue elegida en junio de 2018 para estar al frente de la fiscalía federal 2 de Lomas de Zamora. Desde allí le tocó intervenir en numerosas causas de drogas, trata y secuestros extorsivos. El caso del espionaje ilegal que ahora quedó en sus manos es el que la coloca en un lugar de alta exposición mediática. Desde que el día en que se hizo cargo del expediente, su teléfono no para de sonar.