El conurbano, al límite: más pedidos de alimentos, cuentas en rojo y luchas de poder

La extensa cuarentena se está empezando a sentir con fuerza en el conurbano bonaerense y ratifica que el malestar social y la pobreza en aumento están llegando al límite en hechos concretos: el importante incremento de gente que pide alimentos, municipios que están con sus cuentas en rojo, cortes de luz que enardecen el humor social, barrios vulnerables donde aparece una despiadada lucha entre agentes municipales y movimientos sociales, la aparición de los nuevos pobres de clase media baja que se acercan a las ollas populares y una ayuda estatal que parece insuficiente.

Si a todo se le suma el aumento de casos de COVID-19 en las 1.800 villas miseria y asentamientos del conurbano, el escenario resulta altamente alarmante luego de 100 días de aislamiento social obligatorio.

Hace cinco días, el intendente de Jose C. Paz, Mario Ishii, lanzó una advertencia. “Hay que decir que aún no se llegó al pico máximo: no llegó lo peor. Para fines de agosto vamos a estar como en 2001”, dijo. El mensaje fue una cristalización plena de lo que se vive hoy en el conurbano bonaerense ante la parálisis de la actividad económica, el temor a los contagios y situaciones reales de hambre.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, expresó hace dos meses atrás que la ayuda alimentaria había crecido. Se pasó de asistir de 8 millones de personas a 12 millones. Después de dos meses la situación empeoró y creció la cantidad de gente que se acerca a un comedor a pedir comida o llega a una olla popular en la esquina de un barrio.

“La situación es crítica pero estable”, dijo Arroyo a Infobae. El ministro de Desarrollo Social reconoció, no obstante, que hubo en las últimas semanas subió la cantidad de personas pobres o que necesita alimentos para poder pasar la cuarentena. No hay nuevos números oficiales.

Se trata de los nuevos pobres de la Argentina. Aquella clase media baja que hacía changas o es cuentapropista y ahora no tiene ingresos por la cuarentena. Esas personas llegan a los comedores escolares pero en muchos casos, por vergüenza o temor, sólo se asoman para pedir la vianda de comida que les ofrece el municipio o el movimiento social del lugar y se lo llevan a sus casas. No quieren aparecer en los comedores como lo hacen quienes viven desde hace tiempo en la pobreza o la indigencia.

El otro dato de este incremento de pobreza en el conurbano se registra en la multiplicación de la ayuda social. Ya no es el municipio el que ofrece asistencia sino que se suman los movimientos sociales, las parroquias, las empresas y las ONG.

Desde la Iglesia, un vocero de la Comisión Episcopal Argentina destacó ante Infobae que “en las parroquias ha crecido mucho la demanda de asistencia alimentaria”. “Se está acompañando con la ayuda del Estado, la solidaridad de la gente que acerca donaciones y ONG que ayudan”, explicó.

También se canalizó la ayuda por medio de la iniciativa “Seamos Uno” donde empresas, la Iglesia y las ONG se unieron para reforzar la ayuda en los barrios.

“En algunos lugares la gente se acerca, en otro se organizan las comunidades para hacer llegar viandas a las casas, especialmente a los adultos mayores. Se ve en algunas parroquias que se ha acercado gente que nunca lo hizo antes”, reflexionó el vocero de la Iglesia. El presidente de la Comisión Episcopal, monseñor Oscar Ojea, realiza a diario una tarea articulada de las parroquias con otras organizaciones para la asistencia en las villas del conurbano. Los curas villeros liderados por el padre Pepe Di Paola también se movilizan.

El diputado de Cambiemos y referente barrial de La Matanza, Héctor “Toty” Flores dijo a Infobae: “Desde los municipios no llegan en la medidas de las necesidades. Más allá de los comedores/merenderos tradicionales que están desbordados, ahora surgen lo que llamamos ollas populares que son espontáneas y no tienen funcionamiento regular. Es decir, dan comidas cuando pueden. Hay algunas de dos o tres veces por semana”.

Los voceros del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza dijeron que el municipio asistía a 100.000 familias antes del comienzo de la pandemia. Hoy, esa asistencia alimentaria y sanitaria llega a 300.000 familias matanceras. Y a esto hay que sumarle las 50.000 raciones diarias de comida caliente que el Ejército elabora con materia prima entregada por el municipio.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, informó que a raíz de la pandemia la demanda de alimentos creció en el distrito y a mediados de marzo la comuna creó un “Mapa de la Solidaridad”, que comenzó con 110 puntos solidarios y al día de hoy cuenta con más de 140, donde se entregan raciones diarias de comida y bolsones a los vecinos y vecinas de las distintas zonas de Quilmes.

Municipios en rojo

En las comunas del conurbano, la cuarentena se empieza a sentir por partida doble: la ayuda del Estado para los sectores vulnerables no alcanza y la recaudación cayó en un 50% promedio.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, por poner un ejemplo, recibe de la Nación 20 millones de pesos mensuales para compra de alimentos. Pero esa ayuda sólo le sirve para la entrega de comida de seis o siete días, ya que calcula que hay un gasto de unos 3 millones de pesos diarios en bolsones de alimentos. El resto del mes lo debe cubrir con otros fondos provinciales que el envía Kicillof, partidas del municipio, la ayuda de la Iglesia o del sector privado.

Lo mismo le pasa al intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo. Con el fondo de la Nación, la provincia y el presupuesto comunal en Ituzaingó atienden a más de 50.000 personas por día en situación de vulnerablidad. “No creo que haya una explosión social como en la de 2001 porque hoy hay más canales de ayuda estatal que antes no había como la AUH, la tarjeta Alimentar, los programas sociales y la ayuda comunal. Pero la situación es preocupante”, explicó Descalzo a Infobae.

En Lanús, Néstor Grindetti, admite que la recaudación impositiva cayó un 50% y que el rojo presupuestario del municipio está en $280 millones de pesos abajo. Todo esto se planteó esta semana al presidente Alberto Fernández en una reunión que mantuvo en Olivos junto al intendente de Vicente López Jorge Macri.

Allí, los jefes comunales de municipios opositores del conurbano le dejaron en claro al jefe de Estado que la situación social está “al límite” y que las cuentas de los municipios están en rojo. Así, hablaron de la necesidad de establecer un plan de salida gradual de la cuarentena después del 17 de julio para reactivar la economía en el Gran Buenos Aires. “El Presidente nos escuchó atentamente y sabe que hará falta reactivar la obra pública, evitar el default de la deuda y abrir cuidadosamente el aislamiento. Se mostró muy receptivo”, dijo Grindetti.

Los municipios del conurbano, en mayor o menor medida, transitan por el mismo flagelo: mayor pobreza, recursos que no alcanzan y menos recaudación impositiva. Hay distritos donde la recaudación bajó más de 60% y deberán pedir un rescate financiero antes de fin de año.

La ayuda del Estado

La ayuda del Estado se multiplicó exponencialmente en los últimos meses para el conurbano.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social en relación a los fondos rotatorios para provincias y municipios de abril se transfirieron 500 millones de pesos a provincias y municipios para compras de alimentos y artículos de limpieza. En el último tramo se duplicó esta ayuda de $1.000 millones a $2.000 millones. En julio se volverá a pagar un bono de 3.000 para los 345 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que no recibieron el IFE.

Desde el inicio de la pandemia se distribuyeron unos 16 millones de kilos de alimentos secos desde los dos depósitos del Ministerio. Y en abril se depositó un refuerzo de $4.000 o $6.000 pesos para la Tarjeta Alimentar que implicó un total de 15.200 millones de pesos en abril para que las familias compren alimentos.

A la vez, desde el inicio de la pandemia se transfirieron fondos por $1.320 millones a comedores y merenderos para la compra descentralizada de alimentos. Y se incrementó el presupuesto entre el 100 y 150% con respecto a 2019 para esos comedores.

Esta semana se anunció desde el Gobierno refuerzo de ayuda alimentaria 300 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la tarjeta Alimentar.

Por otra parte, un informe de la consultora Aerarium que cruzó datos del Ministerio de Economía y Desarrollo Social revela que el Programa de Emergencia Municipal creado en abril de este año contaba con $12.000 millones de los cuales ya fueron distribuidos $5.000 millones, en tanto que por fuera de ese programa se giraron otros $1.300 millones a municipios, destinados a la compra de insumos sanitarios y a la cobertura de otros gastos locales. Y añadió que la gobernación de Axel Kicillof estará enviando $3.000 millones para que los municipios cubran parte del pago del medio aguinaldo, que implicaría un gasto cercano a los $6.000 millones para las 135 localidades bonaerenses.

A toda esta ayuda hay que añadirle la operación de apoyo logístico que se está dando en el conurbano por parte de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa que lidera Agustín Rossi tiene desplegados uniformados del Ejército en los municipios bonaerenses de La Matanza, Moreno, San Martín, Quilmes y Lomás de Zamora para la asistencia en la entrega de alimentos.

Así, desde que se inició la cuarentena el 19 de marzo, las Fuerzas Armadas realizaron 7.800 tareas de apoyo en comedores, 1.900 tareas de apoyo sanitario, entregaron 1,1 millones de bolsones de víveres y 5,4 millones de raciones de comida.

Base de datos

Para la ex ministra de Desarrollo Social, Hilda “Chiche” Duhalde, el problema no resulta tanto en la cantidad de gente o alimentos repartidos sino en la organización de esa ayuda social.

“Parecería existir un gran descontrol en el reparto de las gasto social y no hay una base de datos clara donde se realice un cruce a fondo entre los beneficiarios de planes, los pobres y los que reciben la Tarjeta Alimentar o la AUH”, dijo Duhalde a Infobae.

En este sentido, la ex ministra de Desarrollo Social durante la crisis de 2001 recaló en la necesidad de establecer una suerte de pago único de ayuda social de $20.000 mensuales distribuidos en función de ese cruce de datos que hoy, entiende, no existe.

En rigor, la esposa del ex presidente Eduardo Duhalde asegura que hay más de 30 programas de asistencia social actualmente en la Argentina pero no todos estarían en la misma base de datos y de esta manera, muchas personas pueden recibir montos que sectores de clase media baja hoy ni siquiera cuentan mensulamente a raíz de fuerte la parálisis económica.

Desde esta lógica, Chiche Duhalde cree que el Estado debería motorizar cuanto antes un censo en el conurbano para saber realmente quiénes reciben ayuda, cómo, cuánto y quienes no reciben nada. “El país no da para más si no ponemos un orden y canalizamos la ayuda de manera correcta”, añadió la ex ministra de Desarrollo Social.

Municipios versus piqueteros

Esta superposición de beneficios a los sectores vulnerables se percibe también en la calle en una suerte de batalla silenciosa entre los agentes municipales y los líderes de movimientos sociales en el conurbano.

El intendente Grindetti de Lanús admitió que hay una “presión social” que establecen algunos movimientos sociales cuando organizan ollas populares en la puerta de merenderos o comedores de las comunas y se les pidió organizar esas ollas a 100 metros mínimo de los comedores escolares.

“En el conurbano todavía no esta regularizado la entrega de alimentos secos que entrega la Nación y siguen las dificultades en la variedad o cantidad de productos necesarios. La asistencia de los municipios es muy irregular en los barrios y esto se pone muy complejo para poder recibir una asistencia más constante”, explicó a Infobae Silvia Saravia, de la mesa nacional del Movimiento Barrios de Pie.

Según Saravia, estas diferencias en la entrega de alimentos con los municipios se percibe en zonas del conurbano como San Fernando, San Martín, Tres de Febrero, San Vicente, Almirante Brown o Esteban Echeverría. Y muchas veces para suplantar la ayuda estatal se deben ocupar de las falencias los propios grupos sociales.

Guildo Onorato del Movimiento Evita tiene una visión diferente. “En líneas generales se está abasteciendo mucho mejor la ayuda social, hay mayor complementación entre las distintas redes comunitarias y las estatales”, dijo. Pero admitió que la demanda de alimentos ha crecido mucho y es cada vez mayor en el conurbano.

Por el contrario, Nahuel Beibe, secretario general de la Corriente Martín Fierro, explicó que la asistencia de la Nación, Provincia o los municipios hoy “es insuficiente”. Y recaló en que haría falta multiplicar la comida con una empresa estatal de alimentos que produzca en tierras públicas y comercialice a precios sociales “incorporando a la estructura del Estado las empresas del sector alimenticio que no estén en condiciones de continuar cumpliendo su función social -como es el caso de Vicentin- para poder garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en todo el país”, dijo.

La silenciosa puja entre movimientos sociales y municipios se incrementó desde que el Ministerio de Desarrollo Social decidió descentralizar la compra de alimentos. Desde abril pasado la Nación entrega fondos a municipios pero también a organizaciones sociales para la compra de insumos básicos de alimento e higiene.

Esta suerte de democratización en la compra de alimentos generó una fuerte disputa por espacios de poder entre los diferentes sectores de movimientos sociales y las comunas.

Cortes de luz

La semana pasada un grupo de intendentes del conurbano le llevó al gobernador Kicillof un reclamo y una preocupación que crece en el conurbano en medio de la cuarentena: los reiterados cortes de luz tanto en distritos de la zona norte como en el sur.

Hubo un Zoom de varios jefes comunales con el gobernador y el secretario de Energía bonaerense donde se denunció los problemas que hay en barrios vulnerables y hospitales ante los cortes de luz.

Allí se planteó la necesidad de revisar el contrato y la concesión del Estado con las empresas Edesur y Edenor ante las interrupciones constantes del suministro de energía.

El tema no es menor ya que afecta a miles de usuarios que se encuentran en situación vulnerable y agrava el escenario de cuarentena en el conurbano.

“Luego de tantos tarifazos realmente no se ven las inversiones y por eso creemos que se debe revisar el contrato con las empresas de energía porque la situación no da para más”, expresó a Infobae el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, uno de los jefes comunales que lideró el reclamo colectivo de una veintena de municipios contra las empresas de energía eléctrica.

El tema será llevado ahora al ENRE para que se activen los controles necesarios y se tomen medidas.

Desde la empresa Edesur explicaron: “Es vital resaltar la importancia de realizar un adecuado equilibrio de cargas, asegurando el mantenimiento de las instalaciones internas y de las redes emplazadas en los barrios populares abastecidos bajo el sistema de boca de expendio”. Esto traduce una realidad concreta que denunció la empresa: en muchas villas la gente se cuelga a la red de luz y esto hace que disminuya el potencial eléctrico a deplegar.

A la vez, Edesur expresó en un comunicado: “Entendiendo que esta actividad recae bajo la responsabilidad del municipio, el no realizarla afecta directamente el servicio prestado, derivando en cortes de suministro en los períodos de máxima demanda”. Y admitieron que en la pandemia se está evidenciando un aumento extra tendencial en el pico de la demanda energética en los barrios vulnerables. Así, Edesur remarcó que “a los efectos de lograr una correcta provisión del servicio resulta fundamental contar con los recursos financieros comprometidos en el Acuerdo Marco para asegurar la compra de la energía eléctrica consumida por las bocas de expendio que desde el año 2011 resulta impago por parte del Municipio, Provincia y Nación”.

Por el contrario, el intendente Cascallares cree que Edesur no hizo las inversiones necesarias para ofrecer un buen servicio y pidió ante la justicia que se enumeren los trabajos, obras e inversiones realizados en los barrios afectados por los cortes de luz.

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