Luis Omar Giménez, más conocido como “Lucho”, entró a la agencia oficial Télam en enero de 1978 y fue escalando posiciones en su doble rol de empleado y sindicalista. En lugar de defender a los trabajadores, se llenó de negocios y no pudo esconder su incremento patrimonial. La lista de sus bienes incluye varios inmuebles, al menos tres autos, viajes al exterior, compra de dólares, y un nivel de vida que no se corresponde con sus ingresos. Con tantas pruebas, el fiscal Guillermo Marijuan acaba de pedir que vaya a juicio oral por enriquecimiento ilícito. Mientras tanto, Giménez sigue cobrando su sueldo, unos 160 mil pesos (brutos), Privilegios de sindicalista.
“Lucho” es secretario general de Sitrapren, que llegó a tener casi la mitad de los afiliados dentro de la agencia oficial. En 2011, durante la conducción de La Cámpora, fue ascendido como Subgerente del Departamento de Logística e ingresos. Desde ese lugar, expandió su fortuna.
Giménez compró varias propiedades pero decidió ocultarlas a nombres de otras personas. La Justicia detectó al menos cuatro propiedades, entre propiedades y cocheras, a nombre de Nahuel Cruz Amarilla, un empleado que arrancó como cadete en la agencia oficial y terminó como jefe de la sección Cobranzas.
Ante la autoridades de Télam, Amarilla confesó que le había firmado un poder amplio a “Lucho” para todas esas operaciones inmobiliarias.
Concretamente, Amarilla declaró que “(se encontró –al ir al banco- con la situación de que lo estaban esperando un escribano junto al Sr. Giménez, a la Sra. Romina Falcón y a una tal Elizabeth (destaca que no recuerda su apellido) que le parece que era de una inmobiliaria. Que ahí se enteró que Giménez le estaba poniendo una casa a su nombre, si mal no recuerda ubicada en Wilde, Provincia de Buenos Aires. Esta situación se repitió en dos oportunidades más, hasta llegar a tener tres inmuebles”.
No solo eso. El ex cadete denunció que Giménez lo obligó a inscribirse como monotributista y facturarle a Télam por la supuesta publicidad oficial para dos programas radiales llamados “El arte del boxeo” y “Más temprano que tarde”.
También se detectó una quinta propiedad a nombre de la mujer de Giménez, Romina Elisa Falcón, una monotributista categoría C, también empleada de Télam. Para los expertos, actuó como testaferro porque “no cuenta con la solvencia económica y/o financiera para ser propietaria de tales bienes”.
Marijuán pidió que también vaya a juicio.
En abril de 2018, durante el gobierno de Cambiemos, la Oficina Anticorrupción (OA) denunció a Giménez por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración jurada como funcionario público. La información sustancial provino de un denunciante anónimo. Ese testigo acusó Giménez de extorsionar a las autoridades de Télam “para que se le concedieran beneficios a los integrantes del Sitrapren y se le permitiera intermediar en contratos con proveedores”.
También reveló que el sindicalista tenía un “manejo discrecional del comedor de la empresa y que por ello existirían sobreprecios de hasta un 200% de los bienes y servicios adquiridos”.
La investigación judicial quedó en manos del juez federal Sergio Ramos y del fiscal Marijuan.
Cuando le tocó defenderse, Giménez presentó un escrito y sólo admitió ser dueño de dos propiedades en la provincia de Buenos Aires y de dos autos importados. Sin embargo, el Registro de la Propiedad del Automotor reveló que el sindicalista había tenido cinco autos desde 2011: Rover 416SI, dominio BRP-155; Renault Laguna RXE, dominio AVD-811; Volkswagen Vento 2.5, dominio GTN-152; Hyundai Genensis Coupe 2.0, dominio IWW-564; y Audi A2.0T FSI, dominio IUX- 273.
Hay más. Entre 2007 y 2017, Giménez registró 33 tránsitos por la Aduana. Entre los destinos preferidos estaban Francia, España, Reino Unido, Italia, Panamá, Venezuela, Brasil y Estados Unidos, entre otros.
El sindicalista que supo tener como jefe político a Hugo Moyano, acumula otras denuncias en la Justicia. En una de ellas, que tramita en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, se lo acusa de tener una relación irregular con la cooperativa CLC, que manejó la seguridad de los edificios durante tres años.
Las autoridades de Télam detectaron que un ex directivo del sindicato, que era jefe de Mantenimiento, aprobaba las prestaciones mensuales de la cooperativa sin exigirle la documentación estipulada en el contrato y, además, avalaba el aumento de las horas trabajadas por los vigiladores sin la autorización del gerente general. Aunque el fiscal del caso pidió la indagatoria de Giménez por ese caso, hasta ahora no fue citado.
Giménez también fue acusado de tener vinculación con una empresa de limpieza. El sindicalista peleaba los contratos como si fueran propios.
Entre las denuncias en su contra también aparecen presuntos pedidos de coimas a dueños de medios para cumplimentar el pago de la pauta publicitaria oficial, el cobro en una cuenta personal de Giménez de la cuota sindical del gremio que lidera, la utilización de un empleado de la agencia como su chofer y hasta la insinuación sexual a una empleada del comedor a cambio de un ascenso de categoría.
La empleada que lo denunció es Leonor Lamberto, quien además de llevar el tema a la Justicia lo expuso públicamente en el programa La Cornisa. En represalia, Giménez le hizo una denuncia penal por calumnias e injurias. Pero el juez Darío Medina, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de la Capital Federal, la terminó absolviendo y le impuso al sindicalista el pago de las costas.
Pese a todas las acusaciones, Giménez conserva los fueros y sigue cobrando su sueldo, unos $166.298, menos los descuentos, según pudo saber Infobae.
En 2017, las autoridades de Télam pidieron su desafuero ante el juez laboral Ricardo Jorge Tatarsky, quien dispuso la suspensión por considerar que su presencia “constituye un peligro para la seguridad de los bienes y del personal de Télam”. Por ahora sigue en su cargo.