La salida de la cárcel de Lázaro Báez quedó en suspenso y podría demorarse varios días. Su defensa le pidió ayer al Tribunal Oral Federal 4 que baje la fianza, actualmente fijada en $632.500.000, tomando en cuenta el valor del dólar blue, algo que tiene pocos antecedentes, y que se reemplace por un seguro de caución. Fuentes judiciales confirmaron que la respuesta se postergará al menos hasta el lunes. Si la reducción de la fianza no es sustancial, la negociación podría empantanarse. “No puede pagar una prima ni siquiera por la mitad de ese monto”, dijo una fuente de su defensa.
El Tribunal Oral Federal 4 le otorgó ayer la excarcelación a Báez, en la causa conocida como “M&P”, una empresa familiar que se utilizó para mover dinero al margen de la Justicia. La maniobra no podía hacerse sin la participación de sociedades fantasmas o “cuevas”. Esas empresas, según la Justicia, recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios. De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184.
Pero Báez ya tenía una prisión domiciliaria otorgada por la compra del campo “El Entrevero”. Por eso, el TOF 4 dispuso hacer efectiva esa resolución.
Si logra cumplir con la fianza, el empresario irá a vivir a una casa ubicada en el barrio Ayres de Pilar que está a nombre de la sociedad Badial. La propiedad está identificada como N37, dentro de la comunidad conocida como “La Arboleda”. Es una casa con techos de tejas, unos 250 m2 cubiertos, un lote de más de 800m2 y una pileta de 6x4. “No es una casa lujosa, mucho menos dentro de este barrio”, confirmó un vecino.
Hasta marzo, esa casa debía $314.892 de expensas, según registros a los que accedió Infobae. La deuda llega hasta $1 millón si se toman en cuenta otras dos casas, en los lotes R33 y K, que siguen figurando en el resumen de expensas a nombre de Badial, aunque se habrían vendido hace varios años.
Ayer, los vecinos de Ayres protestaron hasta las 23 horas en la puerta del barrio. ‘No queremos chorros”, gritaban ante las cámaras. Pese al reclamo, allegados a Báez confirmaron que no hay plan B. “Lo tienen que dejar entrar al barrio, es dueño de esa propiedad”, dijo su abogado Juan Martín Villanueva.
El TOF 4 también ordenó que le coloquen una tobillera electrónica y que se presente en Tribunales cada 15 días. Pero Báez no podrá salir de su domicilio porque tiene domiciliaria. “La tobillera es para controlar en este caso que no se mueva”, explicaron desde su defensa.
El empresario no pudo festejar las últimas novedades judiciales porque su hijo Martín seguirá detenido. “No puedo creer que salgo yo y quede Martín adentro”, le dijo a su abogado ayer a la mañana cuando hablaron por teléfono. Por la tarde, Báez se entrevistó con sus defensores en Ezeiza. En la reunión también estaba Martín, que escuchó los argumentos de la Justicia masticando bronca.
La salida de Báez se activó ayer a partir de un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación. Los jueces tuvieron en cuenta la opinión del fiscal Abel Córdoba, quien se había expresado a favor de la libertad de Báez. “La consideración conjunta de los plazos de detención del imputado Lázaro Antonio Báez, por el grado de afectación de los derechos individuales que implica, eclipsa de manera irreparable cualquier intento del Estado de fundar la continuidad de su encierro carcelario, más allá incluso de la vigencia indudable de cierto riesgo procesal, concreto y actual”, sostuvo el fiscal.
En ese mismo dictamen, Córdoba sugirió que se utilice una pulsera electrónica y que se fije una fianza “en el equivalente en pesos a USD 5.500.000”. Ese monto surge de la diferencia entre el monto que se había depositado en una cuenta en Bahamas, unos USD 10 millones, y el dinero que la Justicia logró congelar, unos USD 4,5 millones. Finalmente, el TOF 4 fijó esa fianza en $632 millones, tomando el valor del dólar blue.
Por la tarde, la defensa de Báez apeló el monto de la fianza. “La caución fijada por el Tribunal deviene exorbitante y de imposible cumplimiento, justamente, en función de los múltiples embargos e inhibiciones impuestos por VVEE, en diversos expedientes”, dice ese escrito. El TOF 4 decidió postergar la respuesta hasta el lunes.
Los abogados apuestan a una reducción sustancial de la fianza, aunque ya comenzaron a negociar la contratación de un seguro de caución, por el que Báez deberá pagar todos los meses una prima millonaria.
La investigación de M&P arrancó en julio de 2016 a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con tres reportes de operaciones sospechosas (ROS). Las transferencias se dieron entre diciembre de 2015 y julio de 2016, aunque se concentraron en febrero y marzo de ese año, cuando la causa de la “ruta del dinero K” estaba en plena investigación. En ese juicio, además de Báez, serán juzgados sus hijos Martín y Luciana y otras 15 personas.