La vicepresidenta de la nación, Cristina Kirchner, pidió que cuando se reinicie el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública sea transmitido por internet para que quede garantizada su publicidad y pueda acceder toda la persona que quiera ya que por las medidas sanitarias no se podrá ir a la sala de audiencias.
Así lo planteó su defensa, a cargo del abogado Alberto Beraldi, en dos escritos que presentó ante el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andres Basso, quiénes resolvieron retomar el juicio por la obra pública -suspendido desde marzo por las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus- a través de un sistema mixto: el tribunal y los testigos en una sala de audiencias de Comodoro Py y el resto de las partes -el fiscal Diego Luciani, las querellas y las defensas- desde sus domicilios o estudios a través de un sistema de videconferencia.
Ante eso, la defensa de Cristina Kirchner, una de las 13 imputadas del caso, pidió que se garantice la publicidad. El juicio todavía no tiene fecha de reinicio. Los jueces le pidieron al Consejo de la Magistratura de la Nación, encargado de la parte tecnológica, primero una fecha para hacer una prueba técnica para analizar cómo funciona la audiencia. El reinicio del juicio al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero ya se suspendió tres veces por problemas técnicos. Ambos procesos tienen algo en común: la gran cantidad de partes que deben conectactarse. El tribunal de la obra pública pidió 50 puntos de conexión.
El primer planteo de la defensa lo hizo cuando le respondió al Tribunal que no se oponía al reinicio del juicio de manera mixta. Beraldi señaló que más allá de las objeciones que tiene contra la causa no quería que su oposición al reinicio “sea utilizada para agitar falsas y malintencionadas especulaciones dirigidas a confundir a la opinión pública sobre la existencia de un presunto ´plan de impunidad´”. La defensa allí dejó planteado que “como condición indispensable” para la continuación del juicio “se dé estricto cumplimiento al principio de publicidad, imprescindible en todo juicio oral”. Por eso pidió que por los medios técnicos necesarios se garantice que toda persona que quiera acceder a las audiencias pueda hacerlo.
La respuesta del tribunal oral fue que iba a buscar la manera de hacerlo pero que no lo podía asegurar por el contexto actual. Por un lado, no puede haber público en la sala por las medidas sanitarias de distanciamiento y la presencia en la sala de virtual podía traer problemas de ciberseguridad. Pero los jueces señalaron que para la transparencia todas las audiencias van a ser grabadas y que tienen el control de los veedores designados por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Pero la defensa de Cristina Kirchner hizo otro planteo con una propuesta. “El principio de publicidad no resulta garantizado mediante la simple videograbación de las audiencias de juicio y/o la participación de los veedores designados”, contestó Beraldi. El abogado sostuvo que el acceso a las audiencias “solo puede ser debidamente salvaguardado si cualquier ciudadano interesado se encuentra en condiciones de ver -ya sea de manera presencial o remota- todo lo que ocurre en el debate”.
“En esta nueva coyuntura el principio de publicidad e incluso el derecho de libertad de prensa se verán severamente afectados, a no ser que, paralelamente, las audiencias de juicio sean transmitidas en vivo por algún medio audiovisual”, agregó Beraldi sobre el contexto de pandemia. Y propuso que las audiencias se transmitan por el Centro de Información Judicial, que es la pagina web de noticias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por otra plataforma digital como Youtube. Beraldi recordó que muchos juicios se transmitieron “satisfactoriamente” por el CIJ, inclusive el inicio de esta causa, por lo que “existen recursos técnicos adecuados para proceder en la forma requerida”.
En otros juicios que se retomaron en la etapa de pandemia los tribunales permitieron que el público ingrese a la misma sala virtual en la que se desarrollaba el juicio. Ocurrió en el caso del proceso al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray y en el que se está haciendo por narcotráfico en la villa 1-11-14. Pero la defensa de Cristina Kirchner entiende que en el caso de la obra pública eso presenta dos problemas. Uno es un trabajo extra para el tribunal para esa coordinación y el segundo que haya problemas técnicos de conexión o de saturación de la plataforma por la cantidad de gente.
“A fin de superar estos inconvenientes y garantizar debidamente la publicidad del debate oral, respetuosamente propongo y solicito que se arbitren los medios necesarios para que el mismo sea transmitido en vivo a través del Centro de Información Judicial (CIJ) o, en su defecto, alguna plataforma alternativa (vgr., YouTube)”, solicitó Beraldi.
“Estamos viendo como cumplir con la publicidad”, le dijo a Infobae una fuentes judicial al tanto de los planteos.
La Corte Suprema dictó en 2008 una acordada en la fijó cómo sebe ser la publicidad de los juicios orales. Allí fijó que se debe permitir una difusión abierta del inicio del proceso, de los alegatos -que es cuando las partes piden las condenas y las absoluciones- y del veredicto del tribunal. Esos momentos son, por ejemplo, transmitidos por el CIJ. Pero la acordada no permite la difusión de la etapa de prueba, que es cuando declaran los testigos. En ese tramo está el juicio de la obra pública. La próxima audiencia será la declaración de Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri y quien presentó la denuncia penal que dio inicio a la causa.
Así, la publicidad solo sería para que la gente que quiera ir a la sala de audiencias. Pero eso hoy es imposible por las medidas sanitarias. La Corte en su acordada también señaló que si hay una imposibilidad física -en ese caso dijo el máximo tribunal si no hay capacidad para alojar a la gente en la sala- “su transmisión por los medios audiovisuales evitaría la exclusión de aquellos que no pueden ingresar al recinto”.
En el caso de obra pública se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación esas irregularidades fueron el pago de sobreprecios para obras que no se terminaron y la falta de antecedentes técnicos para acceder a los trabajos.
Están siendo juzgados 13 personas. Además de Cristina Kirchner y Báez el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz. El proceso comenzó en mayo del año pasado y a fines de marzo se suspendió cuando comenzaron a regir las medidas sanitarias por el coronavirus.