El sindicalismo tampoco quedó a salvo de los efectos de la pandemia. O de la cuarentena, más precisamente. Porque la paralización de la actividad que ya superó los cien días fue pensada para salvar vidas del COVID-19, pero no pudo ni podrá hacerlo con las múltiples víctimas de la debacle económica. En el medio, a los dirigentes gremiales, cuyo poder fue concebido para una Argentina que ya no existe, les están sirviendo de poco los reflejos tradicionales ante una crisis sin precedentes.
Gerardo Martínez quiere escaparse de la regla de una dirigencia desconcertada. Lidera un gremio poderoso como la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), debilitado por una baja histórica de la actividad que ya mostraba los peores números antes de la irrupción del coronavirus. Y se reconoce como oficialista, aunque eso no le impidió criticar los problemas de “gestión” del Gobierno ni en convertirse en uno de los principales promotores de la CGT en crear una instancia de diálogo con los empresarios por más que Alberto Fernández mantenga su resistencia a convocarlos.
Es uno de los que tiene hoy el control de la CGT luego de una carrera en la que comenzó a destacarse en los años ochenta, cuando se convirtió en uno de los llamados “jóvenes brillantes” del ubaldinismo junto con el estatal Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias. Su mirada se enriqueció por su experiencia internacional como miembro del Consejo de Administración por el Grupo de los Trabajadores de la OIT y participante del G20 como representante sindical de la Argentina.
Quizá ese trajín por los andariveles del poder en el mundo le permiten un pragmatismo inédito en un sindicalismo atado a las etiquetas ideológicas de otras épocas, en donde el empresario era un enemigo al que había que competir sin tregua. Martínez, ante Infobae, no vaciló en afirmar que “con los empresarios del Grupo de los Seis hablamos en el mismo idioma” y que la idea de la CGT es tener con ellos “una mesa permanente, con equipos trabajando para conciliar temas de todo tipo”.
-La construcción ya venía con los peores números antes de la pandemia. ¿Cómo está hoy la actividad?
-Tenemos dos Argentinas. Una es la del AMBA y otra es la de afuera del AMBA. Afuera, en el interior, estamos en un proceso de reanudación de obras que tiene un buen impacto en el territorio, pero no es de gran envergadura porque el AMBA representa más del 50% de la actividad productiva de la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires están paralizadas alrededor de 5.000 obras, tanto públicas como privadas, salvo las que están vinculadas con la demolición y la excavación, que demandan mucha máquina y poca gente. La construcción está trabajando hoy en un 30% de lo que estaba antes de la pandemia.
-¿Cómo afecta a las fuentes de trabajo?
-Hay que tener una mirada sobre el impacto de la pandemia en muchas actividades privadas que tenga la misma dimensión que la que provoca la emergencia sanitaria. No todos estamos en las mismas condiciones, no tenemos el mismo respaldo estructural para sobrevivir en esta pandemia: la administración pública y las empresas estatales tienen garantizado el 100% de su salario y de sus condiciones laborales. Los trabajadores del sector privado tenemos que salir a hablar sobre la necesidad de reanudar algunas actividades, y yo lo hago porque el mensaje de mis compañeros es que no están recibiendo un centavo, que no tienen posibilidades de sobrevivir. El trabajo dignifica a la persona. Nuestros trabajadores no están en ninguna base de datos del Ministerio de Desarrolo Social y no están acostumbrados a estar en una cola para recibir un plato de comida junto con otros que reciben subsidios. Ese trabajador se siente denigrado, siente que no es escuchado.
-¿Cuántos desocupados existen hoy en la construcción?
-Unos 200 mil. Tenemos alrededor de 30 mil empresas en la actividad, y de esa cifra un 70% son pymes. Por lo tanto, a la paralización también hay que sumar la ruptura de la cadena de pagos y el freno de la inversión pública. Puede imaginarse el tendal de pymes que quedaron paradas. A eso hay que agregarle la cantidad de obras privadas que se hacen por consorcio, por fideicomiso, donde trabajan 20 compañeros, que están paralizadas o impedidas de tener actividad. Los trabajadores constructores agradecemos al Gobierno todas las medidas preventivas de emergencia sanitaria para evitar que nos enfermemos, pero la realidad es que, mientras tanto, no todos estamos en las mismas condiciones para sobrevivir.
-¿En la construcción también pudieron consensuar protocolos de seguridad para reanudar las tareas?
-Fuimos los primeros que desarrollamos los protocolos sanitarios en el máximo nivel, con el auspicio de infectólogos, y se los presentamos a los gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los avalaron y los incorporaron. En la población que tiene que trabajar como parte de los servicios esenciales, el nivel de contagio es mínimo. La gente sabe cuidarse. Las obras que están funcionando lo hacen con los protocolos y una modalidad diferente a la habitual.
-Supongamos que el 17 de julio se levanta la cuarentena rígida en el AMBA: ¿cuánto se demoraría en normalizar la actividad de la construcción y recuperar las fuentes de trabajo perdidas?
-Es muy buena pregunta porque el nivel de preponderancia que tiene hoy el Estado es fundamental para promover la reactivación de la industria de la construcción y ahí esta mi incertidumbre: nos damos cuenta de que el Estado, tanto nacional, provincial o municipal, cuenta con muy pocos recursos para reactivar obras. Por ejemplo, es grave que estén totalmente paralizadas las viviendas sociales. Por eso, mientras tanto hay que empezar a planificar, ordenar los papeles y preparar las condiciones que se deben dar a partir del momento que se puedan reanudar las obras.
-¿Ese nivel de planificación no se está dando a nivel nacional, provincial ni municipal?
-Sospecho que tendría que ser así. No me pongo en el medio vaso vacío, sino en el medio vaso lleno.
-¿Pero usted no fue convocado para diseñar cómo será ese regreso a las tareas?
-Ni yo ni ninguno del movimiento sindical. En la construcción tendría que destacar la acción del ministro Gabriel Katopodis, con capacidad de generar el diálogo con el sector empresario y el sindical, y de recuperar los fondos para que las obras se reanuden. Pero no todos tienen el mismo comportamiento en las áreas vinculadas con la inversión en actividades productivas, pese a que las partidas presupuestarias están establecidas. Nosotros hacemos un seguimiento de los flujos que están aprobados en el Presupuesto: hay ministerios que no están usando los fondos que están aptos para ser utilizados.
-¿Y qué traba esos fondos?
-La gestión. Somos muy pragmáticos: las palabras deben acompañarse con los hechos. Hablamos con muchos funcionarios, pero la única verdad es si eso se transforma en obras que se comienzan a reanudar y que generan metros cuadrados.
-Usted menciona problemas en la gestión y los gremios estatales por primera vez criticaron al oficialismo por el pago en cuotas del aguinaldo. ¿El sindicalismo comienza a tener una relación tensa con el Gobierno?
-Son reacciones cuando se toma alguna medida y, fundamentalmente, cuando no se consensúa. El Estado tiene hoy un monopolio estructural que va en muchos sentidos y si no promueve el diálogo, cada uno usa las herramientas posibles en función del derecho que representa. En el caso de los estatales, no hubo una mesa en la que durante tres reuniones se dijera cuál es el mejor camino o cuáles son las dificultades que existen. Fue un anuncio: “Tomalo o dejalo, pero esto es así”.
-Es curioso que el Gobierno haya creado un comité de asesores en temas de bioética, que se suma al que ya existe de epidemiólogos, pero sigue sin crear uno sobre cuestiones socioeconómicas para atender los problemas actuales que genera la cuarentena y empezar a definir cómo será la reactivación cuando se termine el aislamiento.
-Ese no es solamente un pedido de la CGT sino también del sector empresarial. Con el Grupo de los Seis, donde están la UIA, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio, hablamos en el mismo idioma. Estamos totalmente de acuerdo con el programa post pandemia que presentó la UIA. Como trabajador, aplaudo que una de las entidades más importantes de la Argentina quiera conversar sobre la economía real, acerca de cómo reestructurar el país. Todos dicen que esta pandemia puede generar una oportunidad y si uno mira para atrás tenemos muchas cosas que resolver, como el papel del Estado, el uso de los recursos, cómo terminar con la pobreza, el hambre, la desocupación y la desigualdad. Pero todos tenemos la oportunidad de generar un nuevo contrato social y la mejor manera de elaborarlo es empezar a tener una cultura del diálogo, para que ese diálogo tripartito se institucionalice como política de Estado. Esto es lo que pretendemos. No es nada mágico sino simplemente seguir la experiencia de otros países que pasaron por situaciones catastróficas.
-¿Por qué el Gobierno no los convoca?
-Sé cómo piensan muchos de mis compañeros que son parte del Gobierno y también lo que siente el presidente de la Nación: supongo que es una cuestión de medir los tiempos. El Presidente y su gabinete coinciden en esto, pero a lo mejor tienen una mirada o una estrategia en la que no coincidimos, que es el tiempo. Nosotros creemos que esto se tiene que dar ahora, en el “mientras tanto”. Si viniera alguien y nos dijera: “La Argentina tiene 25 mil millones de dólares”, estamos todos dispersos. ¿Qué hacemos con ese dinero? El tema no es sólo tener los recursos, sino cómo se tienen que usar.
-Si estuviera ese dinero, y con más razón si no lo tuvieráramos, habría que diseñar un plan.
-Claro, un plan maestro en el plano industrial, energético, en la construcción. Por lo menos conversarlo, discutirlo. Si decimos que esta es una oportunidad, no la malgastemos. Utilicemos esto para dar un salto cualitativo.
-Este lunes la CGT tendrá una reunión con el Foro de Convergencia Empresarial. ¿Qué se proponen?
-Tenemos comunicación con ellos en forma permanente. Lo del lunes es parte de conversaciones tácticas que estamos teniendo para generar confianza y entrenarnos en el diálogo. La idea es tener una mesa permanente, con equipos trabajando para conciliar temas de todo tipo. Lo importante es que sepamos qué podemos dar para sacar a la Argentina adelante. Sin empresarios no hay trabajador, y sin trabajadores no hay empresarios. Sabemos del papel del Estado, pero indudablemente quienes tienen un papel protagónico para el desarrollo productivo y una Argentina competitiva son los actores privados.
-Pero ustedes avanzan con estos contactos bilaterales porque el Gobierno no los convoca.
-No hay una especulación política. Cada uno tiene su dinámica. Los del sector privado estamos viviendo el día a día, las circunstancias nos apuran y no nos quedamos con los brazos cruzados. No hago una evaluación política negativa del Gobierno, sino que reconozco que tenemos una diferencia: no coincidimos en los tiempos. Pensamos que esto ya se tendría que estar haciendo. Queremos generar la iniciativa privada en una relación bilateral en la que estén todas las entidades representativas del sector económico productivo, de la economía real.
-¿El Gobierno no puede malinterpretar ese diálogo bilateral si se hace a espaldas de él?
-Lo sabe porque lo decimos públicamente y lo hablamos. En una reunión del G20 en la que estaban Santiago Cafiero y otros funcionarios hablé como ahora: para lograr los objetivos de desarrollo sustentable no alcanza con tener buenos discursos, necesitamos trabajar en sintonía con una institucionalización del diálogo tripartito como política de Estado.
-Cuando avancen en el diálogo con los empresarios, ¿le elevarán sus conclusiones al Presidente?
-Claro, el Gobierno seguramente se va a sumar y nos abrirá las puertas, pero en algún momento tenemos que empezar. Aunque somos respetuosos del Gobierno, tenemos otros tiempos y avanzaremos de una manera bilateral.
-La UIA elaboró un plan para reactivar la economía. ¿Por qué la CGT no elabora un plan propio para discutir?
-Nosotros tenemos el plan y tiene que ver con una definición política: queremos el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social. A partir de eso, nos sentamos a discutir y ver qué instrumentos se pueden generar. Sobre la base de eso también tenemos nuestros equipos de asesores que estarán en la definición de la propuesta que tendrá el sector productivo. En la actividad privada, el empresario es el que sale a competir en el mercado nacional o internacional. Conozco muy poco de eso. Mi tarea es decir: “Estos son mis derechos y estos son los tuyos”. Si hay una propuesta unilateral del sector empresario y no está apoyada por la representación estructural que tiene la CGT, es un proyecto manco.
-¿Cree que se interpretó como una herramienta para la crisis el acuerdo al que llegaron la CGT y la UIA que permite suspender trabajadores sin tareas con una reducción salarial? ¿Le afectaron algunas críticas sindicales?
-Depende quién las haga. Si las críticas las hace alguien que no perdió puestos de trabajo y tiene garantizado el 100% de su salario, queda descalificado.
-Hugo Moyano fue uno de los mas críticos de esa decisión de la CGT.
-No le dimos valor político a las críticas. Moyano puede aplaudir o no acompañar esta decisión, pero no todas las actividades sufren las mismas consecuencias por la pandemia y nosotros buscamos representar a la gran mayoría. Quizá para él no es necesario: algunos pueden caminar bien porque tienen las dos piernas, pero la gran mayoría no las tiene.
-¿Cómo sigue el debate parlamentario para regular el teletrabajo?
-El teletrabajo es una modalidad que se da en la Argentina y en todo el mundo. Todos somos responsables, tanto el sector empleador como el sindical, como para que el desarrollo de esta nueva modalidad laboral sea debatido y acordado en función de los intereses de cada uno, tal como sucedió hasta el momento. Bancarios y seguros ya lo discutieron, entre otros.
-Si ya se acordaba en los convenios, ¿hacía falta regularlo mediante una ley?
-No fue una iniciativa de la CGT. Todas las actividades que tuvieron que adaptarse a esta nueva modalidad lo hicieron en el marco del diálogo bilateral en una discusión paritaria. Ni los trabajadores ni los empresarios estuvimos sentados antes por ese tema. Fuimos citados después a la comisión, cuando ya estaba hecho. Llegada la situación de que fuera necesario institucionalizarlo con una ley, no era el momento para tratarla. El momento era después de que pase esta emergencia.
-Facundo Moyano propuso debatir cambios en la legislación laboral, impositiva y previsional para intentar una solución al 40% de trabajo no registrado que hay en el país. ¿Está de acuerdo?
-También vino a hablar conmigo. Todos analizamos esta situación y estamos obligados a pensar en la emergencia distintas alternativas que nos den una respuesta. No me niego a discutir lo que sea, pero quiero tener seguridad jurídica y garantía institucional de que lo que vayamos a discutir sea transparente. Es decir, que no sea usado en un debate para un cambio que signifique perder el ejercicio de los derechos fundamentales. Los derechos y las conquistas no se negocian. Hay que dejar que cada sector, por convenio, se amolde a las circunstancias a las que se vea obligado ante la nueva realidad que habrá después de esta pandemia. Es necesario que todos lo hagamos seriamente porque así como los empresarios representan intereses, nosotros en el sindicalismo también. No es una relación filantrópica, es una relación en donde cada uno representa intereses, y los intereses son recursos. Hay que debatir todo, pero no tirando globos de ensayo.
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