Espionaje ilegal: tras la salida de Villena, ordenaron libertades y domiciliarias para todos los acusados, salvo Alan Ruiz

La veintena de acusados que estaban detenidos por el espionaje político durante el macrismo volvieron en la madrugada del sábado a sus casas, tras el sorpresivo apartamiento de la causa del juez Federico Villena que había ordenado detenerlos el lunes pasado. Por un lado, cuatro agentes de la AFI quedaron en libertad porque pasaron 48 horas de su arresto y no se les tomó declaración indagatoria. Al resto de los implicados, por el dictamen de la fiscal Cecilia Incardona, se les concedió la prisión domiciliaria, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Así, volvió a su casa, pero presa, la ex funcionaria Susana Martinengo, tal como había adelantado este medio el jueves. También recibieron prisión domiciliaria el ex jefe de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y los ex agentes Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Saez, entre otros acusados. Seguirán, no obstante, siendo investigados.

El único que quedó preso en el expediente es Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales y líder del chat de Whatsapp “Super Mario Bross”, que está preso hace dos semanas por las vigilancias que le hicieron a Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su casa durante un mes en 2018. La AFI buscó justificar esas diligencias en una causa por el G20 que ya instruía el juez Villena. Ese fue uno de los argumentos por los cuales la Cámara Federal de La Plata lo apartó del expediente, recusado por el trío Araque-Melo-Sáez.

Aunque los arrestos se ordenaron el martes 30 de junio, nunca se entregó a la Justicia el imputado número 22: es el ex agente de la AFI Martín Terra, el chef que estuvo casado con la ex modelo Analia Maiorana, actual esposa del vicejefe Diego Santilli, víctima de la organización. Su situación sigue siendo la de rebelde en este proceso.

Este viernes, a las 9 de la mañana, Villena quedó apartado del expediente frente al que desfilaron decenas de políticos como víctimas, encabezados por Cristina y varios referentes del PRO, que se convirtieron en querellantes en la causa. Lo primero que hizo el juez Augé, -un bilardista que peleó en Malvinas- fue delegarle a la representante del Ministerio Público toda la investigación, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Además, un dato clave: Augé acumuló las dos causas -la del desfile de políticos y la del Instituto Patria- como si formaran parte de un mismo engranaje. Será ahora Incardona, junto a su colega Santiago Eyerabide, quien concentre el análisis de las dos expediente que se radicaron en el sur del conurbano bonaerense para esclarecer las actividades ilícitas que tuvieron lugar desde la AFI en el gobierno de Mauricio Macri.

Qué pasará en la causa a partir de ahora

La resolución de la Cámara Federal de La Plata vino a torcer el rumbo del expediente que había nacido en el juzgado de Villena en marzo pasado. No obstante, habrá que ver si eso implica buenas noticias para las defensas. Los abogados de los acusados buscarán nulidades. Sostienen que debe caer todo lo que se hizo desde el 5 de junio, cuando se radicó la primera recusación. Sin embargo, la resolución firmada en la ciudad de La Plata, más allá de separar a Villena, no implica ningún cuestionamiento a la investigación de por sí. Tampoco a la prueba. “Que la hay y mucha”, resaltan en tribunales.

La decisión se celebró en el macrismo como un alivio. Es que la detención de una funcionaria de Cambiemos -a la que el ex presidente dijo igual no conocer- y el operativo sobre Dario Nieto, el secretario de Mauricio Macri, que incluyó el secuestro de su celular, vaticinaban una avanzaba directa y acelerada sobre el líder del PRO.

Mientras tanto, la salida de Villena no se interpretó con furia en el oficialismo. “Me hubiera gustado tres meses más de Villena-palozza”, dijo en diálogo con Infobae un integrante del kirchnerismo que sigue activamente los movimientos de esta investigación. No obstante, de inmediato reconoció que el juez estaba “muy expuesto” por las causas que tuvo en sus manos durante el macrismo: “Si hubiera seguido tres meses más y lo sacaban después, por ahí era peor”.

Cristina Kirchner, en tanto, siguió con atención el movimiento, pero sin desesperarse. “Lo único que nos importa es que se preserve toda la prueba -dijo a Infobae el abogado de la vicepresidenta Carlos Beraldi-. Nosotros no elegimos jueces”. La decisión, sin embargo, no estuvo ajena a las ironías. “Qué suerte que los espías tienen la garantía de juez natural que nosotros reclamamos tantas veces en Comodoro Py y nunca nos la respetaron”.

Lo que sí hubiera crispado al oficialismo es que la causa saliera del juzgado de Villena para ir a Comodoro Py. Así lo solicitó el fiscal Guillermo Marijuan días atrás, quien tiene en sus manos la causa por el atentado al ex funcionario de José Luis Vila, ex secretario de Defensa de Mauricio Macri. Fue Sergio “Verdura” Rodríguez, un narcotraficante detenido por Villena, el que buscando mejorar su situación contó que un agente de la AFI le había encargado darle “un susto” a alguien, con una bomba de trotyl que nunca explotó. Esa declaración terminó pateando el hormiguero del manejo de los espías durante el gobierno de Macri, con seguimientos a políticos propios y ajenos, gremialistas, jueces y organizaciones sociales.

Según observadores judiciales tanto de Comodoro Py como de Lomas de Zamora, es poco probable que el caso pueda viajar hacia el edificio de Retiro. Mientras el juez Mariano Llorens habló de “hechos escindibles”, su colega de La Plata hizo un repaso de la investigación que fue leído como un respaldo a que el expediente siga en la órbita de Lomas de Zamora. Está claro que todos los acusados querían, por lo menos, que el caso saliera del despacho de Villena.

Ahora, empieza otra batalla: la de tratar de anular las pruebas de la causa o minimizar su peso, sin el vértigo y la desconfianza que les generaba el juez anterior. Si eso implica que su situación quede más aliviada, nadie lo sabe.

Las defensas apuntan a conocer toda la causa. Fue una queja constante de las defensas la falta de acceso a todo el material de la investigación, repartidos en diferentes legajos y sin poder analizarlos en detalle. No de los abogados: la fiscal, que ahora quedó al frente de la investigación, también planteó lo mismo.

Por lo pronto, apenas recibió la causa, el juez y la fiscal resolvieron que vuelvan a sus casas las personas que habían sido detenidas el martes pasado por orden Villena. Ni siquiera conocen toda la prueba del expediente.

Según la resolución a la que accedió Infobae, Augé ordenó la libertad inmediata de los integrantes de la AFI Guillermo Matta, Johnatan Nievas, Dominique Lasaigues y Javier Bustos, acusados en la causa. Llevaban dos días incomunicados pero el nuevo juez no podía indagarlos “sin siquiera haber podido tomar vista del expediente con la seriedad que el caso impone, para evaluar, no solo las imputaciones, sino también el examen minucioso de la prueba a fin de realizar las preguntas que resulten menester en esta pesquisa”. “En la actual situación que transita esta investigación y la imposibilidad fáctica del cumplimiento de los términos y disposiciones emanados del código de rito, no puedo hacer pesar sobre los imputados detenidos y no indagados tales circunstancias, razón por lo cual habré de tomar una medida liberatoria en favor de los mismos”, dijo el juez y los citó a declarar el martes y el miércoles próximo.

Al resto, se les dictó la prisión domiciliaria. Algunas mujeres la habían conseguido antes. Infobae había adelantado que la fiscal tenía aval para la domiciliaria de Martinengo, por tener 64 años y ser paciente de riesgo. En su indagatoria, la mujer negó haber recibido informes de inteligencia y despegó a Macri y a su secretario privado Dario Nieto.

La decisión de disponer que salgan de las dependencias de la Policía Federal donde estaban alojados se tomó teniendo en cuenta no solo las nuevas pautas fijadas para las prisiones preventivas sino el coronavirus. Pero además permite a los nuevos investigadores manejar los tiempos, ampliando eventualmente indagatorias sin la urgencia de tener que definir la situación procesal de todos porque están en la cárcel.

Los enviados a cumplir prisión en sus casas son Diego Dalmau Pereyra, los ex agentes Jorge “Turco” Sáez, Leandro Araque, Facundo Melo, Julián Matta, Mercedes Funes Silva, Andrea Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenorio, María Belén Sáez (hija del “Turco”), Jorge Ochoa, Mariano Ignacio Flores, el penitenciario Andrés Rodríguez, el ex integrante de la Policía Federal Gustavo Ciccarelli y el subcomisario de la Policía de la Ciudad pasado a disponibilidad Juan Carlos Rodríguez.

Según el juez, “dada la envergadura y las particularidades que presenta el hecho que se investiga en autos, el cual resulta ser de notoria gravedad institucional denotando maniobras ilícitas complejas, sumado a la trascendencia e inquietud general que la conducta ilícita desplegada implica, a la verosimilitud de la sospecha y al interés social en la realización de justicia y, fundamentalmente, al estadio procesal que transitan las actuaciones en las cuales restan medidas por realizar, entiendo que resulta justificada, por el momento, la restricción de la libertad ambulatoria a los fines de garantizar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley”.

Pero por las nuevas pautas del Código Procesal Penal podrán morigerar esa situación con un arresto domiciliario: no podrán ausentarse de su casa, deberán entregar el pasaporte y prometer no obstaculizar la investigación.

El único que no tuvo esa suerte es Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI que está preso hace dos semanas. El jueves, Auge le había rechazado la prisión domiciliaria en la causa del Instituto Patria. En esa causa, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI negó haber llevado adelante tareas de espionaje ilegal a Cristina Kirchner.

Ahora, el juez Auge debe resolver su situación procesal. La acusación es violación a la ley de inteligencia y falsificación de documento público.En la causa que tenía Villena, en cambio, no solo estaba en juego el delito por el espionaje ilegal sino también la asociación ilícita. A todos los imputados se les achacó ser miembros de una banda . Por ahora, no hay nombres para los líderes de esa organización ilegal.